Persiste riesgo por ataques armados y agresiones en comunidades de Aldama y Chalchihuitán

Desplazados de Chalchiuitán. Foto: Ángeles Mariscal

A más de 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Centro Frayba alertó que persiste un riesgo a la vida por ataques y agresiones en comunidades de Aldama y Chalchihuitán, por tanto, aclararon que la militarización de la zona no resolverá la crisis humanitaria por desplazamiento forzado.

El Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” exigió se investigue la acción y omisión de funcionarios que han sido cómplices y que han propiciado la violencia generalizada en la región, asimismo, se garantice la integridad y seguridad personal y la vida de la población, con especial atención a las víctimas de desplazamiento forzado.

Bajo acuerdos plasmados en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, el Centro “Frayba” pidió un cese a la militarización de territorios en Chiapas especialmente en las regiones con población víctima de desplazamiento forzado en los Altos.

Indicaron que la presencia del Ejército mexicano en las comunidades ha significado múltiples violaciones a derechos humanos de pueblos originarios como: abuso sexual y violaciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otras, especialmente en contra de quienes se organizan pacíficamente desde la autonomía. Lo anterior conforma un patrón de exterminio con fuertes impactos psicosociales colectivos.

Ante esto, el Centro de Derechos Humanos explicó que la militarización no es la solución ante una crisis humanitaria estatal debido a los hechos relacionados con el desplazamiento forzado en la región Altos.

“En la entidad, la memoria histórica colectiva refiere responsabilidad del Ejército mexicano en crímenes de lesa humanidad. Un ejemplo es la Masacre de Acteal, donde la estrategia de contrainsurgencia paramilitar estuvo diseñada y ejecutada por mandos castrenses quienes financiaron, entrenaron y protegieron a civiles autores materiales del terror que provocó más de 10 mil personas desplazadas, en el municipio de Chenalhó, sólo entre diciembre de 1997 y marzo de 1998” informó en un comunicado.

Además, detallaron que desde el pasado se teje una continuidad de actores armados de corte paramilitar con vínculos de protección en los tres niveles de gobierno, tal es el caso del actual presidente de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez es hijo de Agustín Cruz, originario de Ejido Puebla quien según testimonios bendijo las armas usadas en la Masacre de Acteal.

Cabe recordar que Cruz Gómez fungió como tesorero durante la gestión de Rosa Pérez, presidente de Chenalhó (2015-2018) quine reactivó a grupos civiles armados de corte paramilitar responsables de la actual crisis humanitaria en la región, durante el gobierno de Manuel Velasco Coello y el actual de Rutilio Escandón Cadenas, la impunidad continúa.