Anuncian segunda inversión millonaria para afectados por el terremoto del 7 de septiembre
Después de realizar una primera inversión 1 mil 564 millones 892 mil pesos, ahora llega un recurso de 2 mil 735 millones de pesos, sin embargo, no se han señalado mecanismos de transparencia que den fe de la aplicación de los recursos.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó a través del Programa Nacional de Reconstrucción que se realizarán más de 23 mil 800 acciones con una inversión de 2 mil 735 millones de pesos en atención a la población de las regiones La Frailesca, Istmo Costa, Soconusco, Metropolitana y De los Llanos, que resultaron afectados por el terremoto del 7 de septiembre del 2017 con una magnitud de 8.2.
Román Meyer, actual director de Sedatu, informó dicho programa desde la capital chiapaneca, informó que tendrán un seguimiento técnico puntual para que se realice en tiempo y forma, sin embargo, en ningún momento señaló mecanismos de transparencia que verifiquen la aplicación de dichos recursos.
El secretario indicó que las afectaciones por el terremoto están en 46 mil hogares más 3 mil centros educativos, 21 centros de salud y 114 centros culturales.
Del recurso total, mil 309 millones serían para la reconstrucción de 22 mil 800 viviendas; mil acciones en escuelas con mil 89 millones; 5 centros de salud con una inversión de 42 mdp y 77 inmuebles del patrimonio cultural correspondiente a 300 mdp.
La Comisión Intersecretarial de Reconstrucción, órgano que coordinará los trabajos, manifestó que también participaran las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Salud, Educación, Seguridad Pública y Protección Ciudadana y la de Cultura, sin mencionar, alguna que proporcione transparencia de los gastos.
Apoyos que no llegaron
El pasado 7 de septiembre de 2018, La Red Nacional de Organismo Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”, los centros “Digna Ochoa”, “Fray Bartolomé de las Casas”, “Fray Matías de Córdova”, “Voces Mesoamericanas” y el Servicio y Asesoría para la Paz, realizaron un diagnóstico los municipios de Arriaga, Tonalá y Pijijiapan; es decir, solo 3 de los 97 municipios afectados.
Esto fue lo que encontraron: la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano dejó a más de 4 mil personas fuera de los censos de daños, y sin posibilidad de recibir algún recurso para la reconstrucción.
Aproximadamente 1,200 de Arriaga, 1,600 de Tonalá y 900 de Pijijiapan, sí fueron censados, pero no les entregaron los recursos para la reconstrucción que se dieron vía tarjetas de BANSEFI. A quienes obtuvieron tarjetas, sólo les han depositado el 70 por ciento de los recursos para la reconstrucción. El gobierno de Chiapas no ha depositado el 30 por ciento restantes, que le corresponde aportar.
Más del 90 por ciento de las familias damnificadas continúan viviendo en condiciones adversas, bajo carpas y lonas, rentando o habitando aún en casas semidestruídas. Otras tuvieron que solicitar créditos a bancos para poder llevar a cabo la reconstrucción.
Ante este escenario, damnificados y organizaciones llaman a concluir de manera urgente la reconstrucción pendiente en viviendas, escuelas, centros de salud; y a investigar, resolver y evitar posibles actos de corrupción en el manejo de los recursos para la reconstrucción.
Las autoridades gubernamentales dijeron que para la reconstrucción de viviendas se habían invertido 1 mil 564 millones 892 mil pesos. Según su versión señalaron que solo 1 mil 91 familias quedaron fuera del fondo de los recursos para la reconstrucción, a 516 ya se les consiguieron fondos adicionales, y al resto aún “se está gestionando recursos”.
Además, la Misión Civil de Observación a la Costa de Chiapas abordó las violaciones a los derechos humanos que sufrieron los damnificados. De la misma manera se denunció el hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos de la región. Al mismo tiempo se destacó la recomendación de la Misión para remediar las irregularidades detectadas, privilegiar la reconstrucción de instalaciones públicas fundamentales y brindar información oportuna y culturalmente adecuada para la población de la zona. h
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que a un año de los sismo de los días 7 y 19 de septiembre de 2017, miles de personas continúan como damnificadas, pues no han sido reconstruidas un gran número de escuelas, unidades médicas y viviendas.
La Comisión señaló que no habido una debida transparencia ni rendición de cuentas sobre el manejo, administración y destino de los recursos públicos y de las donaciones nacionales e internacionales. Además, no se han registrado avances en el replanteamiento y operación de una política de prevención de desastres naturales.
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