Pueblos originarios rechazan militarización de territorios en Chiapas

La fuerza militar en México. Ángeles Mariscal/Chiapas PARALELO

La organización fue víctima de incursión militar, espionaje, hostigamiento, intimidación y criminalización por parte de la Sedena en febrero de 2018.

La organización Pueblos Autónomos en la Defensa de los Usos y Costumbres (Paduc) recordó un año de la incursión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el ejido Ángel Albino Corzo de Palenque y se manifestó contra nuevas políticas que incentivan el hostigamiento y espionaje militar.

La Sedena es responsable de las violaciones a los derechos humanos, cometidas en contra de quienes conforman la Paduc, situación preocupante ante el aumento de la militarización en los territorios de comunidades indígenas de Chiapas, informó en Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”.

La organización PADUC está integrada por 120 comunidades y ejidos tseltales, choles y mestizos, en los municipios de Palenque, Salto de Agua, Ocosingo, Chilón y Benemérito de Las Américas en Chiapas y en el municipio de Emilio Zapata del estado de Tabasco.

En febrero de 2018 denunció incursión militar, espionaje, hostigamiento, intimidación y criminalización¹ por parte del Ejército mexicano y distintas corporaciones policiacas, quienes argumentaron aplicar la actualmente derogada “Ley de Seguridad”. Hechos que hasta el día de hoy se mantienen en la impunidad, instó el “Frayba”.

Ante ello, el Centro de Derechos Humanos documentó la ejecución extrajudicial de Carlos Humberto Mendoza de Los Santos, integrante de PADUC, por elementos del 18 Regimiento de Caballería motorizada, en un puesto de control militar provisional, a la salida de la Ranchería Celia González de Rovirosa, en Macuspana, Tabasco, el 16 de mayo de 2018.² A la fecha, la Fiscalía General de la República no tiene avances en la investigación y muestra complicidad con las fuerzas castrenses.

PADUC indicó que persiste en la defensa de sus derechos colectivos como pueblos originarios, su lucha, resistencia y cuidado del territorio y alertó que siguen con vigilancia militar, así como la judicialización en contra de sus coordinadores quienes tienen carpetas de investigación iniciadas por la ahora Fiscalía General de la República.

Por el contexto de militarización en la región, los pueblos originarios integrantes de PADUC, temen ser víctimas de privaciones arbitrarias de la libertad, torturas y/o desapariciones forzadas por integrantes del Ejército mexicano.

Por lo anterior el Centro de Derechos Humanos exigió el respeto a los territorios de los pueblos originarios, mestizos y por lo consiguiente, el cese de la militarización y alto al hostigamiento hacia la organización PADUC.

Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), organizaciones no gubernamentales, entre otros grupos de la sociedad civil y de derechos humanos, han manifestado su rechazo a que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública. Sin embargo, el Estado mexicano persiste en la Guardia Nacional, que se delinea como una institución militarizada desde su mando hasta la formación de sus miembros, lo cual constituye una flagrante violación a los tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y perfila al gobierno como un Estado autoritario.

El Frayba reiteró que la creación de la Guardia Nacional asegurará el recrudecimiento de la violencia en los territorios de los pueblos originarios, profundizando la crisis de los derechos humanos.