Es una frase que han repetido durante años familiares de desaparecidos. Este lunes, por primera vez, un funcionario del gobierno mexicano lo reconoció: “México es una fosa clandestina”. Lo dijo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, al presentar el Plan Nacional para la implementación de la Ley General de Desapariciones Forzadas.

Luego fue más lejos: el gobierno de Enrique Peña Nieto simuló la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda dos semanas antes de terminar su gestión y el resultado es que 24 comisiones estatales de búsqueda no se han integrado, y en 20 de ellas ni siquiera se han tomado medidas legislativas para hacerlo. A eso se agrega que la Comisión Nacional de Búsqueda tuvo un presupuesto asignado de más de 468 millones de pesos para operar durante 2018 pero solo se ejercieron 6 millones. “No se trató de un subejercicio —aclaró Encinas— sino que nunca se libraron los recursos para la comisión”.

A poco más de dos meses de que Andrés Manuel López Obrador asumiera el poder y en medio de una crisis de inseguridad sin precedentes, el gobierno anunció un plan histórico para buscar a los 40 mil desaparecidos que dejó la llamada guerra contra el narcotráfico (iniciada en enero de 2007 por el expresidente Felipe Calderón y cuyo fin fue “decretado” hace unos días por el propio López Obrador: “oficialmente ya no hay guerra, nosotros queremos la paz”).
En la conferencia de prensa matutina del presidente, en la que también estuvo presente la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Encinas presentó el plan de 11 puntos y anunció que se privilegiará la búsqueda “en vida” de personas.

Para ello, dijo, en 2019 se han asignado 400 millones de pesos a la Comisión Nacional de Búsqueda, “recursos no suficientes, pero sí importantes para que cumpla puntualmente sus trabajos”.

Además, se echará mano del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, que es de 7 mil 500 millones de pesos. El fondo servirá para hacer un protocolo homologado de búsqueda, desarrollar las capacidades de identificación forense, y para acciones de búsqueda, exhumación e identificación, contando con un sistema único de información. También servirá para la conformación de un Instituto Nacional de Identificación Forense que coordinará todos los servicios forenses del país.

De acuerdo con Encinas, ordenar y organizar los servicios forenses de las 32 entidades federativas podría dar salida a los más de 26 mil cadáveres sin identificar que hay en las morgues del país. Y a pregunta expresa, se mostró confiado de poder contar con personal calificado para el trabajo que implica:

“Afortunadamente en nuestro país se están desarrollando ya las licenciaturas y otras especialidades en medicina forense, medicina legal, que seguramente con el apoyo, con la experiencia del Comité Internacional de la Cruz Roja y otras organizaciones, vamos a poder contar con personal especializado muy competente”.

El mes pasado el gobierno mexicano actualizó la cifra de desaparecidos a 40 mil 180 personas (aunque las autoridades dicen que la cifra es sólo “referencial”). Este lunes, Encinas agregó que hay más de mil 100 fosas clandestinas y que se estima entre el 10 y el 8 por ciento de las personas sin localizar son migrantes, principalmente centroamericanos.

“Nunca más una guerra para combatir delitos que lleven a esta situación de tragedia nacional y de violación de los derechos humanos”, dijo Encinas, para referirse a la violencia desatada por la estrategia de seguridad de los dos gobiernos anteriores, que en 12 años ha dejado, por lo menos, 240 mil asesinatos.

Desde entonces las autoridades habían tratado con desdén a los familiares de las víctimas, a quienes se les consideró un daño colateral del conflicto. Frente a esa situación, Encinas Rodríguez aseguró que el gobierno trabajará de la mano de todos los colectivos de familiares de desaparecidos y que en la estrategia de Búsqueda de Desaparecidos participarán aliados como la Organización de Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional y la Cooperación de Alemana.

Colectivos de familiares de desaparecidos demandaron atención por parte del gobierno federal afuera de Palacio Nacional.

La primera piedra

Para familiares de búsquedas, el plan anunciado este lunes es apenas la primera piedra de un camino que todavía es largo.

“Esto es como tener una comida para 10 personas y que te lleguen 100 invitados. Hay mucho por hacer”, dice vía telefónica Mario Vergara, quien en días pasados participó en la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que por primera vez se realizó en Guerrero. Para Vergara, quien busca hace años a su hermano Tomy, será fundamental que el gobierno trabaje apoyado en la experiencia de búsqueda de los colectivos.

“Aunque quiera, el gobierno no puede resolver el problema porque ha perdido totalmente la confianza de la gente; la gente confía en las familias y en la iglesia, pero en las autoridades no”.

Lo mismo piensa Graciela Pérez, integrante del colectivo Ciencia Forense Ciudadana y quien desde 2012 busca a su hija Milynali, desaparecida en Tamaulipas junto con cuatro familiares.

“El Plan incluyó propuestas que escucharon en los foros de seguridad pero también lo que ya se estaba haciendo con la Comisión Nacional de Búsqueda, como el SUITI (Sistema Único de Información Tecnológica e Informática). Eso nos alegra porque no estamos empezando de ceros, como se había dicho”, dice en entrevista.

“Pero es necesario que vayan de la mano con las familias porque son a quienes se acerca la gente para denunciar. Lo que necesitamos que expliquen es cómo va a ser la participación de las familias en este plan”.
Otro tema fundamental, dice, será la relación con los gobiernos estatales, pues muchas de las investigaciones están en manos de las procuradurías locales.

En la conferencia, Encinas aseguró que “hasta ahora” ha encontrado una “buena respuesta” de los gobernadores para colaborar con el plan, aunque “con distintas intensidades en algunos casos”.

A pregunta expresa de qué medidas tomarán con el caso de Jalisco, donde el gobierno incineró más de mil 500 cuerpos sin identificar, el subsecretario dijo que se debe identificar a los responsables, “porque la ley establece con toda claridad que no puedes incinerar a quien no haya sido plenamente identificado”. Pero luego aclaró: “Eso le corresponde al gobierno del estado, por cierto”.

El factor humano

Hace unos días, Mario Vergara, Miguel Trujillo y Simón Carranza llegaron a una comunidad de Mayanalán, en el municipio de Tepecoacuilco, Guerrero, donde la gente dice que hay un santo “milagroso” pero el santo no ha logrado detener la muerte que impera en la región. Los tres integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas iban “armados” con la experiencia de varios años recorrer los pueblos de la región y seguían una pista anónima: que en una fosa clandestina del panteón de Tetelilla estaba enterrada una joven que fue asesinada y no era de la comunidad.

Tepecuacuilco, un municipio de la región centro de Guerrero que está entre Iguala y Huitzuco, una zona controlada por grupos criminales. Pero los tres buscadores decidieron arriesgarse y consiguieron lo que necesitaban: un mapa con la ubicación de tres fosas en Tetelilla.

El miércoles 30 de enero, Alejandro Encinas llegó a Guerrero y se sumó al convoy para la búsqueda sin imaginar que él mismo encontraría una de las fosas que la brigada localizó ese día en el cementerio.
“Las familias le pidieron que escarbara y el comenzó a escarbar”, cuenta Vergara.

El lugar donde escarbó el subsecretario de Derechos Humanos dio “positivo”. Es decir, era una fosa. “Hasta él se sorprendió”, dice otro de los brigadistas.

“No es lo mismo que sepas que hay fosas a que encuentres una y sepas que al hacerlo le estás dando una vida a alguien que podrá ser identificado”, dice Juan Carlos Trujillo Herrera, de Enlaces Nacionales y quien ha coordinado cuatro brigadas de búsqueda (dos en Veracruz, una en Sinaloa y esta última en Guerrero).

Los rostros en fotografías de personas desaparecidas buscadas por sus familiares se han reproducido en todo el país.

Por eso, para Trujillo, lo más importante del plan es “el factor humano”.

“En esto no hay tecnología que sirva. Hemos tenido ministerios públicos comprometidísimos, con los que hemos avanzado, pero ha habido otros que no van —explica—. En el lugar que buscó el subsecretario no se podía saber que había una fosa porque había mucha hierba y con tecnología no la iban a encontrar, necesitábamos el factor humano, alguien que nos dijera”.

Sin referirse a su propio hallazgo en la búsqueda de Guerrero, Encinas aclaró que el registro que se tiene de más de mil 100 fosas en el país “es un referente”, pero el número “puede ser mucho mayor”.

“Hay que poner el ejemplo de la semana pasada en Guerrero, donde no tenemos registradas fosas clandestinas. Ahí se encontraron tres, con un cadáver cada una, y esto lamentablemente se va replicar en otras entidades de la República”, dijo el subsecretario.

Estos son los 11 puntos del plan para la localización de personas desaparecidas:

• 1. Reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda
•  2. Nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda
•  3. Comisiones Locales de Búsqueda
•  4. Presupuesto 2019
•  5. Protocolo de Investigación y de Búsqueda
•  6. Coordinación y Células de Búsqueda en Vida
•  7. Atención a Víctimas
•  8. Instituto Nacional de Identificación Forense
•  9. Sistema Único de Información Tecnológica e Informática (SUITI)
•  10. Asistencia Técnica Internacional
•  11. Justicia y Tipificación del Delito