A 23 años de los acuerdos de San Andrés Sacamch’en (o Larráinzar), el Congreso Nacional Indígena (CNI) convocó a un foro informativo con abogados, especialistas e integrantes del Concejo Indígena de Gobierno sobre el Tren maya, el Tren transístmico y la Guardia Nacional, tres proyectos que echó a andar desde el inicio de su sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador, los cuales han sido analizados por las comunidades de la región sureste del país.

Participaron Yamili Chan Dzul y José Koyoc, concejales de la Asamblea Regional de la Península de Yucatán; Adrián Flores, del colectivo Geocomunes; Carlos González, abogado e integrante del CNI; Magda Gómez, quien es investigadora de la UPN y articulista de La Jornada; y Betina Cruz, concejal de los pueblos del Istmo y Juchitán.

A continuación, las siete coincidencias que resultaron del encuentro:

1. Es un proyecto económico regional

No sólo es el Tren Maya, sino el proyecto de interconexión vía terrestre de toda la región sureste de México, del Istmo con la Península, que no se mira de manera integral, pero que da pie a la conexión de la región con el norte del país y con Centroamérica.

Adrián Flores, del colectivo Geocomunes, mostró en mapas cómo este proyecto conecta de manera estratégica las Zonas Económicas Especiales de la Península con las del Istmo, además, abre nuevas posibilidades de transporte por los corredores multimodales ya existentes y da paso a la conexión interoceánica.

Geocomunes marcó de manera estratégica las concesiones mineras, las refinerías, las principales zonas eléctricas, las armadoras automotrices y los proyectos de extracción de hidrocarburos. Habilitar el tránsito con el Tren transístmico implica cursar del Océano Atántico al Pacífico en 10 horas, en comparación del canal de Panamá, donde es casi una semana.

“El Tren Maya permite la articulación de la industria del Turismo por la Rivera Maya con el proyecto de expansión industrial que había avanzado desde el sexenio anterior”, detalló Flores.

La concejala Betina Cruz señaló que éste es un proyecto que los gobiernos mexicanos han querido imponer desde hace mucho tiempo, un proyecto “que pretende la renovación de los dos puertos y descargar contenedores que atraviesen el Istmo y así comunicar las grandes economías globales neoliberales”.

Betina describió que éste es un proyecto que ha cambiado de nombre. En 1960, cuenta, cuando Pemex quería abrir paso a buques, “pretendía usar las aguas de un lugar a otro para pasar los barcos y, donde no había agua y hay rocas, abrirlo”. Luego en 1994, con Ernesto Zedillo, fue el Plan de desarrollo integral del Istmo, que incluía el plan Alfa Omega, donde se buscó conectar los dos océanos e impulsar el desarrollo de la zona con base en infraestructura vial para conectar presas y para captar inversión. Después, con Vicente Fox vino el Plan Puebla Panamá y con Felipe Calderón el Proyecto Mesoamérica. Luego, las Zonas Económicas Especiales con Enrique Peña y ahora los Trenes de López Obrador, todos con la intención de industrializar la zona y llenar de fábricas esa parte del país, para hacer una frontera antes de la frontera norte, describió la concejal binnizá-zapoteca.

“Dicen que en Istmo hay vocación estratégica de traslado de mercancías; las comunidades no tenemos esa vocación, es el mismo proyecto, pero nos lo presentan en partes”. Recalcó que incluso el Tren maya ya había sido propuesto por la exgobernadora priista de Yucatán Ivonne Ortega, bajo otro nombre.

La concejala Betina Cruz durante su participación.

2. Falta información

No hay información suficiente, necesaria, para que los Pueblos Mayas puedan tomar una decisión respecto a si quieren o no el Tren Maya. Y se han creado mitos en torno al proyecto. La concejala maya Yamili Chan expuso las dudas: por dónde pasaría el proyecto, cuántas estaciones tendría, por cuáles comunidades pasaría, qué otros proyectos turísticos y de urbanización plantea, cuál es el impacto ambiental de las vías, los ruidos, los humos.

Al no saber, las comunidades han aceptado que el proyecto pase bajo la promesa de tener más ingresos económicos, pero sin la certeza de cuáles serán esas actividades que los generarían. “Nos preocupa la falta de información para quienes levantan la mano y lo aceptan sin saber las consecuencias. La misma falta de información es una razón para oponerse al megaproyecto, es nuestro derecho ser consultados por esos proyectos que están en nuestro territorio”, aseguró la joven maya.

José Koyol, también concejal maya, narró que la desinformación causó que las personas creyeran que sería un tren elevado, “porque dijeron que no destruiría los árboles ni la selva”. Y ahora hay comunidades que se echan la bolita una a la otra de por dónde pasaría el tren, pues no lo quieren en la suya.

La concejala binnizá Betina Cruz aseguró que el gobierno federal tampoco ha presentado un proyecto ejecutivo sobre el Tren transístmico y la urbanización que implica. Los referentes que tienen son de los proyectos de los sexenios pasados. El desconocimiento de las implicaciones del proyecto también ha imposibilitado a las comunidades en dichos territorios tomar una decisión.

3. No contempla a las comunidades

Implica llegar a zonas muy cotizadas de la selva, donde hay propuestas turísticas, industriales y de transporte, pero borraron a los pueblos indígenas que las habitan del mapa. La concejala binnizá Betina Cruz cuestionó: “¿Dónde estamos nosotros los pueblos indígenas? No estamos ni nos mencionan; no se habla de quiénes están en los territorios de sus planes”.

La académica Magda Gómez recalcó que este proyecto no refleja la realidad de los pueblos implicados. “El proyecto de la mal llamada Cuarta transformación busca individualizar a las y los integrantes de los pueblos indígenas, habla de personas indígenas, no habla de pueblos indígenas o derechos colectivos”.

Aunque falta información, dijo el concejal maya Koyoc, los pueblos son conscientes de las implicaciones que los proyectos han traído: “Sabemos lo que han significado los proyectos capitalistas para nuestros pueblos, donde han habido proyectos en los último años hay contaminación y desabasto de agua, hay enfermedades, alimentos contaminados, semillas transgénicas, muerte de las abejas, falta de miel, hay prostitución, crimen organizado, rompimiento de los lazos comunitarios. Los pueblos dejamos de ser dueños de la tierra para ser explotados en espacios turísticos”.

4. Viola la normatividad

Hay muchos violaciones a las leyes, desde el artículo 35 constitucional que habla de las consultas, hasta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El abogado Carlos González denuncia que la consulta de los trenes fue “A modo”, por la omisión del artículo 35 de la Constitución que, en el apartado VIII, dicta las características de una consulta popular sobre temas de trascendencia nacional, las cuales deben ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente o los ciudadanos, en las cuales “no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución”. Sería el Instituto Nacional Electoral quien debe realizar la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados; y ésta se debe realizar el mismo día de las elecciones. El presidente no cumplió con ninguna de ellas. Además, el tratado 169 de la OIT, al que México se adhirió, señala que las comunidades deben ser consultadas mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, establecer los medios para que participen libremente, de manera informada, por lo que se deben establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y proporcionar los recursos necesarios, para que la consulta sea “de buena fe y de forma apropiada a las circunstancias, con el objetivo de conseguir acuerdo o consenso a las medidas propuestas”.

5. En debate los derechos colectivos de los pueblos

Los derechos colectivos sobre el territorio son una cuestión que vuelve a estar sobre la mesa, ya que en la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada en 2001 (y proveniente de los Acuerdos de San Andrés), fue eliminado el reconocimiento de los derechos territoriales colectivos en términos de usufructo colectivo de los pueblos indígenas sobre sus territorios y también la propuesta de los pueblos para hacer factible una autonomía política, a través del reconocimiento de las comunidades como entidades de derecho público con capacidad para asociarse entre sí y con municipios de mayoría indígena.

El abogado Carlos González detalló que los poderes económicos ejercieron gran presión durante la discusión en el Congreso, pero el Partido de la Revolución Democrática, entonces presidido por Andrés Manuel López Obrador, avaló la eliminación de esos dos puntos.

6. Folclorización de culturas ancestrales

La folclorización de las costumbres y tradiciones de los pueblos Mayas es una constante respecto lo proyectos en la península y el Tren Maya también “objetiviza” a las comunidades como mercancía. El concejal Koyol reafirma que el Maya no es un pueblo homogéneo, como lo han querido encapsular para vender su cultura, “somos pueblos muy diferentes dependiendo del lugar”.

En ese sentido, la concejal Yamili en su discurso se refirió siempre “el tren que llaman maya”, porque las comunidades no lo nombran así ya que no le ven relación con su cultura. El concejal Koyok asegura que “Tren que llaman maya es reafirmar que ya es tradición folclorizar todo para venderlo con el nombre de nuestra cultura. Proyectos donde no participamos los mayas pero ya es una marca”. En suma, la abogada Magda Gómez detalló que cuando el presidente presentó el inicio del proyecto del tren “vimos la violación a un elemento sagrado de los pueblos con el ritual que se hizo para el inicio del Tren Maya. El líder que dirigió dicho ritual fue destituido por su propia comunidad.

El abogado Carlos González durante el foro organizado por el CNI.

7. Zonas Económicas Especiales sin claridad

No hay registros ni propuestas claras del proyecto de industrialización del sureste ni de la incidencia de las Zonas Económicas Exclusivas. La concejal binnizá Betina Cruz detalló que por el momento tienen un amparo que mantiene suspendida la línea de transmisión de la CFE que conecta hasta la termoeléctrica de Huexca; sin embargo, aún continúan los parques eólicos y ahora hay 28 más que son de empresas extranjeras, en suma, las ZEE contemplan además del ferrocarril, una hidroeléctrica, dos proyectos de gasoductos desde Jaltipan, Veracruz, hasta Guatemala, una carretera, la conexión de la refinería de Salina Cruz con la nueva, que será en Dos Bocas Tabasco, y con esta conexión la renovación de la infraestructura de la líneas de ferrocarril.

El abogado Carlos González reiteró que desde la reforma al artículo 27, desde el sexenio de Carlos Salinas, derivó en la lógica de exponer tierras ejidales para “ponerlas en el mercado y transformarlas en mercancías”. Pero eso no se detiene ahí, ya que actualmente en el Congreso la bancada de Morena propuso una nueva Ley Agraria, con la cual, aseguró González, vienen otras reformas, como la nueva ley de aguas, fundamental para la privatización con el régimen de concesiones que ya se ha llevado a cabo.

Los pueblos denunciaron la militarización constante que los proyectos han traído, y la preocupación que tienen respecto a la Guardia Nacional. Magda Gómez pidió analizar de nuevo el término “represión”, ya que no ocurre sólo a través de las fuerzas del Estado, sino “también se reprime cuando se despoja a los pueblos de sus territorios”.