Ante incremento de casos, exigen remoción de la Fiscalía como encargada de la Alerta de Violencia de Género

Marchan por la vida y libertad de las mujeres, jóvenes y niñas de Chiapas (4) – Foto Andrés Domínguez

La Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas exigió al gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, atienda de manera puntual el incrementó descontrolado de casos referentes a violencia en contra de mujeres en el estado suscitados en el primer bimestre del 2019.

Las integrantes de la Campaña exigieron que las acciones recomendadas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres de Chiapas (DAVGM) sean extensivas a todos los municipios de la entidad, dada la gravedad de la violencia feminicida que se ha documentado y no solo se acote a los 23 municipios que fueron declarados.

Así mismo, instaron al Congreso del Estado destine un presupuesto para implementar las medidas disputas en la Alerta de Violencia de Género para todos los municipios.

Por su parte, señalaron a Escandón Cadenas para que remueva a la Fiscalía General del Estado (FGE) como encargada de dar seguimiento a la DAVGM y designe otra dependencia, de común acuerdo con las peticionarias, que no sea juz y parte de la violencia feminicida y tenga la capacidad de actuación.

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Grave incremento de violencia feminicida en Chiapas

• Incremento de violencia contra las mujeres y feminicidios en Chiapas profundiza demandas de verdad y justicia.

Durante el primer bimestre de este año se ha registrado un grave incremento de casos de violencia contra las mujeres; han sido desaparecidas, agredidas, violentadas sexualmente y asesinadas.

Datos del Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas[1], de diversas colectivas y organizaciones civiles que documentamos la violencia feminicida en Chiapas coinciden que tan sólo en lo que va del 2019 se han registrado:

• 18 muertes violentas de mujeres, entre ellas una adolescente de 15 años, de los cuales únicamente 6 fueron calificados por los impartidores de justicia como feminicidio.
• 27 casos de violencia contra las mujeres de los cuáles: 12 casos son de violencia física, 12 casos de violencia sexual -10 de ellos contra niñas y adolescentes- y 3 casos de violencia patrimonial.
• A estas cifras se suma el dato de 14 mujeres adultas desaparecidas, 19 niñas y adolescentes (entre 3 y 17 años de edad), de las cuales 15 han sido localizadas[2].

No obstante la gravedad sobre el incremento de la violencia feminicida en Chiapas nos preocupa la actuación de las autoridades encargadas de Procuración y Administración de Justicia en la Entidad ya que continúan realizando prácticas discriminatorias de género, clase y etnia que obstaculizan el acceso a la justicia a las Mujeres, reproduciendo la violencia patriarcal, el abuso de poder, la discriminación y menosprecio a las víctimas que se atreven a denunciar, exigir verdad y justicia evidenciando la negligencia de las instituciones y sus titulares.

De manera particular señalamos la negligente actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE) tal como sucedió con el reciente feminicidio, ocurrido el 04 de febrero, de la profesora de primaria[3] Miryana Iveth Saldaña Castillo quien fue encontrada sin vida en la carretera Arriaga-Tonalá y del cual las autoridades encargadas de justicia declararon que fue un suicidio[4].

De igual forma el Poder Judicial, a través de los juzgados de distrito federal y estatal, han demostrado su incapacidad para juzgar con perspectiva de género[5] haciendo caso omiso a manuales y protocolos de actuación[6], tal es el caso de la reciente liberación de Jimmy Virgilio Villatoro Arguello feminicida confeso[7] de Wendy Lizzet Ochoa Méndez quien fue asesinada el pasado 28 de abril del 2012.

A este caso anteceden los casos de Omar Fernando Rosales Toledado, feminicida confeso de Viridians Flores, liberado el 29 de Octubre de 2018 por la juez penal Isabel Álvarez Ramos. Lo mismo ocurrió con Mariano Sánchez Pérez, asesino de Marcela Sánchez Girón, quien fue liberado el pasado 25 de octubre de 2018.

En contextos de violencia y creciente conflictividad, la violencia feminicida es una de las expresiones más claras y atroces de la ineficacia e incapacidad de los tres niveles de gobierno para coordinar acciones de prevención, seguridad, cero tolerancia que erradiquen la violencia hacia las mujeres; el 18 de noviembre de 2016 (hace 2 años y 2 meses) se declaró la Alerta de Violencia de Género en Chiapas[8], desde entonces el gobierno federal y estatal han destinado únicamente 6.2 millones de pesos[9] que son insuficientes para implementar las medidas de prevención, seguridad y justicia.

La impunidad, ausencia de protocolos de actuación, criterios de investigación y juicio carentes de perspectiva de género, desconocimiento del marco normativo de derechos de protección a las víctimas de violencia de género y feminicidio, da cuenta del deficiente y negligente papel de la Fiscalía General del Estado (FGE) como entidad responsable de dar seguimiento a la implementación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres de Chiapas (DAVGM); a nivel nacional el panorama es menos alentador ya que actualmente 56% del territorio se encuentra en Alerta de Violencia de Género[10].

Reiteramos nuestra preocupación ante este contexto de violencia feminicida, debido a que las cifras mencionadas representan tan sólo una mirada parcial de la dimensión real de la violencia que vivimos las mujeres en Chiapas, exigimos a las autoridades asumir la violencia feminicida como un problema social, cultural y político que exige tomar medidas concretas y urgentes en todos los ámbitos de la actuación pública.

¡No más violencia contra las mujeres!

Atentamente:

Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas