Subsecretario incurre en interferencia de poderes al apoyar a minera en Puebla

Subsecretario incurre en interferencia de poderes al apoyar a minera en Puebla

El subsecretario de minería, Francisco Quiroga, participó en una junta con la empresa Minera Gavilán, subdidiaria de Almaden Minerals, y manifestó abiertamente su apoyo a ese proyecto, el cual es rechazado por los habitantes de Ixtacamaxtitlán, por daños al territorio. La Red Mexicana de Afectados por la Minería acusa al funcionario de incurrir en interferencia de poderes, pues existen procesos judiciales contra la minera. 

Por María Ruíz de Pie de Página

Fotos por María Ruíz. Foto de portada por Daniel Lobato 

A pesar de que el proyecto minero de oro y plata a cielo abierto no es aceptado por una gran parte de la comunidad de Ixtacamaxtitlán, ignorando que desde hace varios años hay acciones legales que la comunidad ha emprendido en contra de la concesión minera y de las repercusiones que dejó la etapa de exploración en el territorio, el subsecretario de minería apoyó públicamente al megaproyecto minero:

“Les quiero decir que los ojos de la minería mexicana están puestos en Ixtaca, que ahí está pasando algo que será el ejemplo de cómo se hace la minería en el resto del país, una minería en la cual se llegan a consensos básicos, una minería participativa, responsable e inclusiva. No significa que se quiere imponer una visión única sino lograr compartir ciertos principios básicos de democracia participativa, de respeto, lo cual hasta el momento Miguel Gorrión lo ha hecho muy bien y aquí me comprometo y me pongo a sus órdenes”.

Declaró el subsecretario en la novena Junta Informativa del Proyecto Minero Ixtaca, que se celebró el 9 de diciembre del 2018. Esta junta fue organizada por la empresa minera Gorrión, subsidiaria de Almaden Minerals.

Según los resultados de la Evaluación de Impacto de los Derechos Humanos publicada en el informe Minería Canadiense en Puebla y su impacto en los Derechos Humanos Almaden Minerals niega que Ixtacamaxtitlán se trate de un municipio habitado, que el uso de suelo es “nulo”. En Ixtacamaxtitlán viven 24,512 personas. Además mintió a los habitantes del poblado diciéndoles que el cianuro que utilizarán en el proceso de lixiviación (acción que realizan para separar los minerales de las rocas) no daña la salud.

En 2009 Almaden Minerals fue multada por Profepa por irregularidades durante el proceso de exploración del territorio. El subsecretario también ignoró que existe un Juicio de Amparo 445/2015 vigente en el Juzgado de Distrito de Amparo Civil, Administrativo, del Trabajo y Juicios Federales del Estado de Puebla que demanda a la Secretaría de Economía por las concesiones que violentan los derechos humanos de los y las pobladoras de territorio indígena nahua y que también existe una orden de suspensión que la empresa pasa por alto.

Para Gustavo Lozano de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) que el subsecretario apoyara públicamente a la empresa es un tema de interferencia de poderes cuando el asunto se está litigando en el tribunal:

“Ixtacamaxtitlán es un caso en el que la comunidad ha realizado un montón de acciones legales. Tienen una concesión minera entregada desde hace varios años y desde que se enteraron la han combatido. Lo que nos parece fuera de lugar es que justamente el subsecretario haga un acto público en la comunidad pronunciándose a favor de la minera. Son mecanismos que las empresas tienen para poder incidir en la decisión del tribunal que es un poder ajeno a ellos y es muy grave que el nuevo gobierno antes siquiera de entender el tema pues maneje una posición pública en la comunidad sobre el asunto.”

La comunidad poblana que está luchando contra el despojo y contaminación de su territorio condena que el subsecretario haya ido y manifestado su apoyo al megaproyecto minero sin acercarse a las comunidades que llevan años en lucha.

“Venimos del norte de Puebla y de diferentes organizaciones como IMDEC, CESDER, el Consejo Tiyat Tlali, la Unión de Comunidades Y Ejidos en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhuac y estamos aquí para compartir la inconformidad y a la vez denunciar la participación del ciudadano Francisco Quiroga subsecretario de minería, de la encargada del fondo minero Socorro Gómez, de la encargada del desarrollo minero Ivonne Pintón y del jefe de relación y desarrollo participativo Tonatiuh en un evento que la empresa minera Almaden minerals realizó hace unos días” dijo Ignacia Serrano, de Santa María Zotoltepec.

Después de Ignacia, Eliodora Sánchez de la comunidad de Santa María, tomó la palabra para explicar por qué no quieren la mina:

“No queremos la minería por las irregularidades que están haciendo, las mentiras, el acoso para vender las tierras y los engaños a personas porque una vez que venden sus tierras no les quieren pagar. No queremos a esta empresa de Almaden Minerals porque sabemos que es un megaproyecto que viene y destruye todo a su paso”.

A Ignacia la trajo el enojo: “Para nosotros es muy grave que el subsecretario fuera”, dice, pues no ha acudido antes a escuchar a la población que lleva desde 2011 luchando contra la minera por la violación a sus derechos, por la falta de consulta, por el impacto ambiental en la flora, fauna, ríos y mantos acuíferos.

El proceso minero comienza cuando se da la concesión de un territorio, a esta le sigue la etapa de exploración, donde se investiga el terreno, se evalúa económicamente el proyecto y se empieza a perforar por medio de barrenos (perforaciones en las rocas rellenados con explosivos) para tomar muestras de los minerales.

La etapa de exploración del proyecto minero Ixtaca terminó en abril, por lo cual la empresa minera está reuniendo los requisitos para ingresar la manifestación de impacto ambiental y seguir con el proceso de conseguir permisos que le darán apertura a la explotación, la refinación y la comercialización.

“Por eso es muy grave que el subsecretario de minería asistiera a ese evento y diera su aprobación a la mina brindando su apoyo incondicional a la empresa minera Gorrión, alabando su trabajo de ‘inclusión’ con la comunidad y prometiendo que las regalías de la actividad minera regresen a la los pueblos”, dijo Ignacia.

Con Ignacia también vino Martha Reyes. Su familia se dedica a sembrar frijol, maíz y a la elaboración de pulque.

“La minería llegó a contaminar y los pequeños ya no van a ser libres como antes. Ahora el agua está contaminada y hay secuestros, ya no puede una andar como quiera por las amenazas de los mineros. Nos dicen que se van a adueñar de nuestra tierra y que ya no podemos hacer nada, que estamos locos por andar de escandalosos, pero estamos defendiendo nuestros derechos y a nuestra tierra bendita. El agua del río Apulco ya está contaminada y la van a contaminar más. Ahora ya no podemos hacer nada con esa agua, los animales si la beben se mueren”.

Esa agua del río también se usa en el riego en las siembras.

“Yo veo muy mal que la gente diga que gracias a las mineras ya tenemos escuelas porque por eso andan engañando a la gente, a la niñez…ahora veo mucha gente que primero se enojaba y ahora están con ellos”, continúa Martha. “Y es que eso es un deber del estado, no de las mineras”, completa Ignacia.

Ignacia dice que la minera ha dividido a la comunidad. En Santa María, por ejemplo, dañaron la relación en familias porque dentro de las familias dan trabajo a algunos y a otros no. “Y si te metes a apoyar la lucha amenazan con despedir a los familiares”, cuentan Martha e Ignacia.

Ignacia tiene una lucha larga en contra de la minera. En ese proceso visitó la mina a cielo abierto en Yanacocha, Perú y conoció a Máxima Acuña, emblema de la resistencia a las mineras en ese país sudamericano:

“Cuando visité Yanacocha me enfermé de ver cómo estaba todo, ya nada del paisaje se distinguía, sólo habían altos montículos de tierra que parecían tumbas. A Máxima le dijimos que estaba en grave peligro, pero ella nos respondió tranquila que no se iba a mover y que si se iba a morir sería en su casa, conocerla me dio fuerza”, cuenta Ignacia.

Los pobladores que se manifestaron contra la Mina trajeron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la secretaria de economía Graciela Márquez Colín, le piden que el gobierno no continúe con las políticas de despojo y saqueo de los bienes naturales a costa de los pueblos, que actúe acorde al bienestar de estos y no de los intereses de una industria que se caracteriza por dividir comunidades, depredar recursos naturales, ocasionar irreversibles daños ecológicos y le plantean dos preguntas:

“¿Acaso el proceder de su subsecretario es la muestra de la política con que este nuevo gobierno se va a conducir en materia de minería?

¿El nuevo gobierno pretende dar continuidad al modelo extractivo minero impuesto por los sexenios pasados que sabemos sólo ha generado despojo, división comunitaria, violación a los derechos humanos y a los colectivos de los pueblos indígenas?”.