Organismos humanitarios, grupos indígenas y analistas señalan que en el actual gobierno de Chiapas, emanados de MORENA, se incrementaron las ejecuciones y agresiones contra activistas y grupos sociales

Marcha fúnebre por Noé Jimenez Pablo y José Santiago – Francisco López Velázquez (49)

El primer mes del 2019 y el segundo del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, se han desencadenado acontecimientos fatales para activistas y líderes campesinos. La primer semana, Sinar Corzo, defensor de los derechos humanos fue asesinado en una calle de Arriaga por disparos de arma de fuego; además el pasado 17 de enero, Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez, líderes del Movimiento Campesino Revolucionario Independiente de la Coordinadora Plan de Ayala (MOCRI-CNPA) fueron desaparecidos, torturados y encontrados sin vida en un basurero a 3 kilómetros de Amatán; ellos eran integrantes de un movimiento encontra del cacicazgo de los hermanos Carpio Mayorga en el municipio.

Ante los últimos acontecimientos, organizaciones, activistas y diversos sectores de la sociedad han pedido se haga justicia por la muerte de los chiapanecos, al mismo tiempo, de pedir al gobierno estatal y federal atienda la problemática urgente de ataques contra los activistas y defensores de derechos humanos.

Organismos internacionales se pronuncian

Marcha fúnebre por Noé Jimenez Pablo y José Santiago – Francisco López Velázquez (42)

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó los asesinatos de José Santiago y Noé Jimenez Pablo, líderes del Movimiento Campesino Revolucionario Independiente de la Coordinadora Plan de Ayala (MOCRI-CNPA-MN), quien eran beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, operado por la Secretaría de Gobernación.

Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, señalo que México necesita urgentemente revertir la tendencia en aumento del riesgo que enfrentan quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos.

“Estos hechos muestran que la violencia contra quienes defienden derechos humanos o informan tiene profundas raíces y es necesario impulsar cambios estructurales para atajarla” agregó.

Jarab, indicó que las actividades de los periodistas y activistas deben ser protegidas e incentivadas por el Gobierno mexicano en su conjunto pues se trata de actores fundamentales para un Estado democrático y de derecho.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) quien ya había realizado un comunicado respecto a la situación de Amatán, volvió a sacar uno nuevo, que catalogó “Acción Urgente”.

Amnistía dirigió el documento a la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en la que pidió una investigación imparcial y asumir la responsabilidad de llevar la justicia a los afectados. Así mismo, trabajar de acuerdo a las leyes internacionales de derechos humanos y salvaguardar a los miembros del MOCRI.

Comisión Nacional pide seguimiento al caso de Sinar Corzo

Se movilizan en municipios para exigir justicia por Sinar Corzo .
Fotos: Isaín Mandujano

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) da seguimiento a la implementación de medidas cautelares emitidas para proteger la integridad de los familiares del defensor de derechos humanos Sinar Corzo, así como integrantes de la organización “El Coloso de Piedra”, a la cual pertenecía, ante los actos de intimidación contra algunos integrantes de esa organización, quienes demandaron reforzar la seguridad y protección que brinda la Policía Estatal, además de que se avance en las investigaciones para detener y consignar a los responsables del homicidio del activista.

El Quinto Visitador General de la Comisión, Édgar Corzo Sosa, enfatizó la importancia de intensificar los esfuerzos hasta lograr el total esclarecimiento del caso, además de generar las condiciones para que los integrantes de citado colectivo puedan continuar con la promoción y protección de los derechos de la sociedad chiapaneca con dignidad.

Además, Corzo Sosa mencionó la importancia de exigir el cumplimiento de los derechos dev íctimas de desplazamiento forzado interno y personas en contexto de migración puedan cubrir necesidades básicas como alimentación, salud, vivienda digna, educación y seguridad social, entre otros.

Ya no queremos más guerra y derramamiento de sangre

Marcha fúnebre por Noé Jimenez Pablo y José Santiago – Francisco López Velázquez (7)

La Organización Sociedad Civil “Las Abejas de Acteal” indicó que esta nueva administración tanto del gobierno federal como estatal, les preocupa seriamente, porque no han cambiado en nada su política en cuanto al respecto y protección de la vida de las mujeres. Además de la ejecución de defensores de derechos humanos como Sinar Corzo y los líderes sociales y defensores Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez.

“Hermanas y hermanos, los feminicidios, las ejecuciones de las y los defensores de derechos humanos cometidos en este año nuevo, son anticipaciones de la gran destrucción que viene sobre nosotros” indicaron.

Radiografía chiapaneca en la 4T

Marcha fúnebre por Noé Jimenez Pablo y José Santiago – Francisco López Velázquez (39)

Luis Hernández Navarro, analista del periódico “La Jornada”, escribió una opinión denominada “Radiografía chiapaneca en la 4ta transformación”.

Acerca de la desaparición, tortura y aparición sin vida de Noé Jiménez Pablo y José Santiago López, el pasado 17 de enero por un grupo armado ligado al cacicazgo de los hermanos Carpio Mayorga.

“El clan Carpio Mayorga tiene el control del municipio desde años. Está cobijado por el ahora senador por Morena Eduardo Ramírez Aguilar, y por el ex gobernador Manuel Velasco. Manuel de Jesús fue alcalde entre 2001 y 2004 con el PAN, y repitió entre 2012 y 2015 con el PVEM. Su hermano Wilbert lo sucedió en el cargo con el mismo partido político entre 2015 y 2018. Y en 2018, Manuel de Jesús ganó nuevamente la presidencia municipal con Morena. Este partido lo postuló a pesar de su nefasto historial y de las denuncias que hicieron en su contra los integrantes del Mocri” escribió.

Además, Jiménez Navarro indicó que el homicidio de Noé en Chiapas dista de ser un hecho excepcional. En los primeros días de enero fue asesinado el defensor de derechos humanos del municipio de Arriaga, Sinar Corzo. Horas después de salir de una reunión con autoridades municipales para demandar la construcción de caminos y el mejoramiento de las comunidades pesqueras, dos personas a bordo de una motocicleta le dispararon después de llamarle por su nombre. Ya había sido amenazado de muerte. Defendía a los damnificados por el sismo del 7 de septiembre de 2017, y el derecho al agua, a la salud y a servicios básicos de los habitantes del municipio.

Así mismo, indicó que los grupos armados ligados a los cacicazgos locales han desplazado forzadamente a miles de indígenas en municipios y comunidades como Chenalhó, Chalchihuitán, Aldama y Chavajeval. Y han generado violencia en lugares como Yajalón. El terror reina allí. Están protegidos por funcionarios públicos de distintos niveles. Sus orígenes son distintos y responden a intereses diferentes.

“Esta violencia no es un hecho fortuito. Proviene de la naturaleza de la estructura del poder político en Chiapas. Son parte intrínseca de su funcionamiento. Dos ejemplos, entre muchos más. El nuevo fiscal de justicia de esa entidad, Jorge Luis Llaven Abarca, es responsable de varios casos de violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias y actos de tortura, cometidos cuando fue delegado de la Procuraduría General de la República y como titular de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada, de la entonces Procuraduría General de Justicia de ese estado. Recomendaciones de la CNDH, como la 26/2002, lo documentan. El nuevo auditor superior, José Uriel Estrada Martínez, estuvo preso en 2006 tras ser acusado de participar en la tortura y ejecución del líder campesino Reyes Penagos Martínez” añadió.