El plan migratorio de AMLO ¿para adelante o para atrás?

Estás en tu casa, hermano migrante – Por Darinel Zacarías (8)

#AlianzadeMedios | Por José Ignacio de Alba de Pie de Página 

El equipo de Andrés Manuel López Obrador lo llama “un nuevo paradigma en la política migratoria”. Lo que sea, el gobierno mexicano enfrentará la crisis migratoria de Centroamérica desde dos frentes que parecen poco conciliables: el respeto a los derechos humanos y la cooperación internacional para el desarrollo económico de la región, con una propuesta que parece la reactivación del fallido Plan Puebla-Panamá y con una programa de visas que, en los hechos, lo convierte en un “tercer país de refugio” para los migrantes

“Vamos a dejar atrás la política de discriminación, de estigmatización y de criminalización a los migrantes para establecer una política de derechos”, aseguró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, al presentar este miércoles la nueva estrategia migratoria del gobierno federal.

Con este plan, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca desmarcarse de la política aplicada por su antecesor, Enrique Peña Nieto, que centró su estrategia meramente en la seguridad fronteriza y militarizó la frontera del sur para impedir el paso de centroamericanos. Con el Plan Frontera Sur, miles de personas fueron deportadas y decenas murieron por recurrir a rutas más inseguras y evitar los controles policiacos.

La entrada del nuevo gobierno coincidió con una crisis migratoria sin precedentes en México, cuando más de 15 mil centroamericanos iniciaron una serie de caravanas multitudinarias para llegar a Estados Unidos.

El anuncio de este nuevo plan llega en tiempos de crisis, y cuando, sólo en Baja California, hay más de 10 mil personas esperando la oportunidad para cruzar la frontera.

Para Leticia Calderón Chelius, académica y especialista en el tema migratorio, el nuevo gobierno empieza en la dirección correcta porque “cambia de entrada la narrativa sobre la migración (…) ya no tienes a un policía en el Instituto Nacional de Migración, sino a gente de la sociedad civil y de la academia”.

La académica asegura que tenemos que esperar a que el nuevo gobierno publique y explique los términos de la nueva política migratoria.

Sin embargo, las señales enviadas por el gobierno mexicano son ambiguas, pues no queda claro cómo evitará que la agenda comercial se imponga a la de derechos humanos.

El martes pasado, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, anunció que el gobierno de Estados Unidos invertirá 5 mil 800 millones de dólares para el desarrollo económico en los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, El Salvador y Honduras.

Además, aclaró, en el sur de México habrá una inversión de 4 mil 800 millones de dólares para los próximos 5 años, lo que prácticamente significa “duplicar la inversión extranjera en el sur de México”.

En conferencia de prensa, Ebrard aseguró que, por el momento, Estados Unidos es el único país que está resuelto a cooperar en ese plan de desarrollo que se ha planteado como una versión renovada del Plan Marshall (para reconstruir Europa en la posguerra).

La propuesta tiene dos vertientes: una que implica flexibilizar los trámites migratorios para facilitar a los centroamericanos la obtención de visas humanitarias con un año de duración. Y la segunda es la económica, con una fuerte inversión para detonar la economía de la región centroamericana y el sureste de México.

Los más escépticos ven en esto una nueva versión del fallido Plan Puebla Panamá que intentó abrir el ex presidente Vicente Fox y que era una controvertida zona de libre comercio. La principal duda sobre esta apuesta está en el nivel de compromiso de los gobiernos centroamericanos con el desarrollo planteado para detener la migración.

En la presentación del plan, la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó que México es el primer país del mundo en ajustar sus políticas migratorias al pacto de Naciones Unidas sobre migración, firmado en Marrakech esta semana. Dicho convenio plantea que mejoren las vías para la migración legal y el cuidado de las personas migrantes.

El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, explicó en la conferencia “pasamos de un escenario en donde dominaba una imagen de la contención migratoria y de la seguridad como eje sobre el que se articulaban las iniciativas. Y en este gobierno se privilegian nuevos principios de respeto a los derechos humanos, y el desarrollo social y económico”.

Por su parte, Encinas aseguró los derechos humanos dejarán de ser un tema sectorial y será, a partir de ahora, una política de Estado.

¿El tercer país seguro?

Sánchez Cordero anunció también que México dará visas humanitarias a los migrantes y que los solicitantes de asilo en Estados Unidos podrán permanecer en México mientras dure su trámite. En la sesión de preguntas y respuestas, Encinas rechazó tajantemente que México se vaya a convertir en un “Tercer país Seguro” que contenga el flujo migratorio hacia Estados Unidos. “De ninguna manera”, dijo el subsecretario.

Sin embargo, este jueves, la SRE informó en un comunicado que el Gobierno de Estados Unidos comunicó al Gobierno de México que el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos de América (DHS por sus siglas en inglés) tiene la intención de implementar una sección de su ley migratoria que le permitiría devolver a extranjeros, no mexicanos, a nuestro país para que aguarden aquí el desarrollo de su proceso migratorio en Estados Unidos.

“México reafirma su derecho soberano de admitir o rechazar el ingreso de extranjeros a su territorio, en ejercicio de su política migratoria”, dice el comunicado, que señala tres acciones “en beneficio de las personas migrantes”, en particular a los menores de edad, y de quienes “desean iniciar y seguir un procedimiento de asilo en territorio de los Estados Unidos”.

Las acciones son las siguientes:

Autorizará, por razones humanitarias y de manera temporal, el ingreso de ciertas personas extranjeras provenientes de Estados Unidos que hayan ingresado a ese país por un puerto de entrada o que hayan sido aprehendidas entre puertos de entrada, hayan sido entrevistadas por las autoridades de control migratorio de ese país, y hayan recibido un citatorio para presentarse ante un Juez Migratorio. Lo anterior con base en la legislación mexicana vigente y los compromisos internacionales suscritos, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, su Protocolo, así como la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre otros.

Permitirá que las personas extranjeras que hayan recibido un citatorio soliciten su internación a territorio nacional por razones humanitarias en los lugares destinados al tránsito internacional de personas, permanezcan en territorio nacional bajo la condición de “estancia por razones humanitarias”, y puedan realizar entradas y salidas múltiples del territorio nacional.

Garantizará que las personas extranjeras que hayan recibido su citatorio gocen plenamente de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales de los cuales es parte el Estado mexicano, así como en la Ley de Migración. Tendrán derecho a un trato igualitario sin discriminación alguna y con el debido respeto a sus derechos humanos, así como la oportunidad de solicitar un permiso para trabajar a cambio de una remuneración, lo que les permitirá solventar sus necesidades básicas.

Es decir, en los hechos, será el tercer país seguro que pidió Trump.