#AlianzadeMedios | Por Mely Arellano de Lado B
La vulneración a la cadena de custodia que “afecta de manera grave el principio de certeza” es la irregularidad por la que el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, propone declarar la nulidad de la elección a la gubernatura de Puebla.
Lo anterior fue dado a conocer por el propio magistrado, quien a través de su cuenta de Twitter publicó su proyecto de sentencia “en aras de impulsar la Justicia Abierta”, que será discutido y votado por el pleno del TEPJF en la sesión del próximo viernes.
“Hacerlo del conocimiento público -agrega en su tweet Vargas Valdez- abona en la transparencia, disminuye las especulaciones y frena cualquier intento de presión política sobre el Pleno del #TEPJF”
En la ponderación de irregularidades, el magistrado si bien reconoce que la violencia vivida el 1 de julio principalmente en el municipio de Puebla es una “violación grave” al principio constitucional de libertad del sufragio, la minimiza al considerar que no fue una “violación generalizada” y sólo afectó al 1% de las casillas instaladas.
Lo mismo sucede con el robo de 4 urnas y 800 boletas, que Vargas Valdez califica como “irregularidad sustancial” pero no generalizada, pues “el material robado implicó el 0.02% de los 3 millones 023 mil 533 votos emitidos y no existen indicios de otros sucesos similares”.
Sin embargo, de acuerdo con el proyecto de sentencia, lo que sí afectó gravemente el principio de certeza fue la vulneración a la cadena de custodia porque:
“i) no se notificó a los representantes de los partidos políticos el desarrollo de las 50 diligencias de apertura de bodega;
ii) personal de la autoridad local abrió paquetes electorales;
iii) la bodega central no atendía las disposiciones en materia de seguridad, pues ésta contaba con más de un acceso principal,
iv) la bitácora y las actas circunstanciadas levantadas por la Oficialía Electoral para dar fe de las diligencias de apertura y cierre contienen inconsistencias que impiden que considerar que fueron medios efectivos para el registro y documentación de los accesos al área de resguardo, y
v) no existe registro de las cámaras de video de seguridad que permita corroborar el debido resguardo de los paquetes”.
En el análisis del magistrado “la certeza en la elección se ve gravemente afectada, porque las irregularidades suscitadas en la etapa de resguardo de los paquetes impiden conocer de manera real, si el contenido de los paquetes es el fiel reflejo de la voluntad ciudadana”.
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Por lo anterior, Vargas Valdez propone declarar la nulidad de la elección, revocar la entrega de constancia de mayoría a Martha Erika Alonso Hidalgo y solicitar al INE que convoque a una elección extraordinaria a realizarse en 60 días.
Destituir consejeros
Entre las propuestas del proyecto también se incluye “dar inicio al procedimiento de destitución de consejeros y consejeras del Instituto Estatal Electoral, para que inicie los procedimientos sancionadores que correspondan”, da vista a la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales del Estado para que “inicie las carpetas de investigación que correspondan” y ordenar al IEE “dé inicio el procedimiento sancionador que en derecho corresponda”.
El proyecto de sentencia SUP-JRC-204/2018 y SUP-JDC-517/2018 acumulados, interpuesto por Luis Miguel Barbosa y Morena, está integrado por 448 hojas y será votado en la sesión del viernes 7 de diciembre del TEPJF.
Resumen proyecto de sentencia – elección Puebla 2018 by Lado B
Proyecto de sentencia SUP-JRC-204-2018 y Acumulados – Elección Puebla 2018 by Lado B
Pide PAN a TEPJF a desechar el proyecto de sentencia
Horas después del anuncio los partidos de la coalición por Puebla al Frente que abanderó a la panista Martha Erika Alonso Hidalgo envió a medios el siguiente comunicado:
“Los partidos integrantes de la coalición “Por Puebla Al Frente” llamamos respetuosamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a valorar la evidencia que ya ha sido desahogada en etapas previas del proceso electoral para renovar la gubernatura del estado de Puebla, al ser materia jurídica que va en sentido contrario al proyecto de nulidad presentado por el magistrado José Luis Vargas. Al respecto señalamos:
“1. En un hecho sin precedentes, se pretende anular una elección que fue organizada por un órgano ciudadano e independiente, celebrada el mismo día que otras elecciones concurrentes en las que Morena obtuvo triunfos que no han sido cuestionados, a pesar de haber sido declaradas esas victorias por los mismos ciudadanos que se desempeñaron como funcionarios de casilla y que, bajo procedimientos iguales, contaron los votos de la contienda para gobernador de Puebla.
“2. La elección a gobernador ha sido una de las votaciones más auditadas en la historia del país. En seis ejercicios distintos donde se contaron los votos de manera total o parcial, se comprobó una y otra vez que los ciudadanos contaron bien los sufragios y que la autoridad electoral estatal ejerció la debida cadena de custodia, porque los resultados en cada uno de esos conteos son consistentes entre sí y corroboran el registrado por los funcionarios de casilla al término de la jornada electoral. Es decir, desde la noche de la elección celebrada el primero de julio, hasta el conteo “voto por voto, casilla por casilla” ordenado a finales de septiembre, la victoria de la candidata de “Por Puebla al Frente” siempre fue por un margen superior a los cien mil votos sobre el aspirante de Morena.
“3. En un acto indigno, el magistrado Vargas intenta confundir al pleno del Tribunal Electoral con el falso argumento de que se violó la cadena de custodia de la documentación electoral. El proyecto de sentencia es un absurdo a la razón jurídica: el propio magistrado reconoce que no hay variaciones en los votos obtenidos por la candidata panista entre el primer cómputo y el recuento total que hizo el mismo magistrado Vargas con decenas de funcionarios del Poder Judicial Federal.
“4. El proyecto de nulidad del magistrado Vargas viola el principio de la carga de la prueba, presuponiendo que los paquetes fueron violados sin existir prueba que indique que así ocurrió. En materia electoral, las irregularidades en una elección para proceder a su anulación, deben ser graves, dolosas, y determinantes para el resultado de la elección, lo que en el caso de la elección de Puebla no se actualizan.
“5. Hace unos días la bancada de Morena en el Senado presentó una iniciativa de reforma legal para despedir al magistrado Vargas de su cargo en el Tribunal Electoral. El proyecto de anulación del proceso electoral de Puebla es una manifestación indiscutible de ello. La ley no puede quedar secuestrada por el interés de halagar al poder entrante. Se debe respetar la voluntad legal, legítima y genuinamente expresada en las urnas. Apelamos a que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no permitan este atropello”.
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