Chiapas, entidad con más ataques a personas defensoras de derechos humanos en este sexenio

Chiapas, entidad con más ataques a personas defensoras de derechos humanos en este sexenio

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicitó una intervención urgente por la situación que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos en México.

El Observatorio recibió información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C (Frayba) sobre dos incidentes recientes contra organizaciones y personas defensoras en el estado de Chiapas, según informa un comunicado.

Los dos actos fueron: intimidaciones y vigilancias contra integrantes del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C y amenazas de muerto en contra del Padre Eleazar Juárez, Sacerdote de la Parroquia de San Pedro y San Pablo.

El 18 de septiembre a las 18:56PM tres miembros de la Policía Estatal Acreditable, intimidaron a personal del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa que se encontraba de regreso a su oficina en la ciudad de Tonalá (Chiapas) después de una actividad en la Colonia Democrática Chiapaneca. Integrantes del Centro aparcaron frente a su oficina, los policías que iban siguiéndoles en un vehículo blanco empezaron a hacer gestos obscenos, a sacar fotografías y uno de ellos amagó con bajarse de la unidad mientras les apuntaba con el arma.

Por otra parte, el 29 de septiembre de 2018 en horas de tarde el Padre Eleazar recibió amenazas de muerte en la gasolinera del municipio de Chicomuselo (Chiapas) por parte del Presidente del Comisariado Ejidal de Pablo L. Sidar quien le dijo “que se estaba ganando unos balazos”. Las amenazas de muerte estarían vinculadas con su trabajo pastoral de denuncia sobre el incremento de la violencia en la región y por su lucha en contra de la impunidad de algunos de estos crímenes, incluyendo un caso de feminicidio.

El Observatorio destaca las dificultades para la defensa de derechos humanos en México que vive una auténtica crisis en lo relativo al derecho a defender derechos como muestra la documentación por parte de la Red TDT de al menos 106 ejecuciones extrajudiciales y 81 desapariciones de personas defensoras durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto (2). En este contexto, el Estado de Chiapas se destacaba como la entidad federativa mexicana con un número mayor de casos de ataques en contra de personas defensoras con un 18% del total.

Por todo lo anterior el Observatorio exige a las autoridades chiapanecas y a las autoridades mexicanas que aseguren la integridad física y psicológica de las y los integrantes del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa y del Padre Eleazar, incluyendo a través de la medida más eficaz, la investigación y la sanción de los ataques en su contra.

Acción solicitada:

Por favor, escriban a las autoridades de México instándolas a:

1. Tomar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de las y los integrantes del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, del Padre Eleazar, así como la de todas las personas defensoras en Chiapas y en el resto de México;
2. Realizar una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas de muerte y los actos de seguimiento e intimidación con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;

iii. Implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público tanto por parte de las autoridades del Estado de Puebla como a nivel federal, sobre la legitimidad de las personas que defienden derechos humanos en México y, particularmente, en el caso de las personas defensoras de los derechos relacionados con la tierra;

1. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998;
2. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México.