Iniciativa Ciudadana del Agua será entregada en septiembre, buscará remplazar a Conagua

Foto – Somos el Medio

En un encuentro realizado en el Estado de México, más de 100 representantes de comunidades indígenas, académicos, organizaciones defensoras de derechos humanos y ciudadanía que integra el colectivo “Agua para Todxs”, estableció la entrega de una Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas y la construcción del Buen Gobierno, que dentro de sus puntos buscará remplazar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), publica el portal SomoselMedio.

En el Centro para Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa Centli ubicado en Tlalmanalco, Edomex, la organización “Agua para Todxs” se reunió para fortalecer su proyecto de promover una iniciativa ciudadana que se basara en principios de sustentabilidad, equidad, participación y autodeterminación para presentarse en el mes de septiembre, apunta la nota.

Elena Burns, académica e integrante de dicha organización explicó a SomoselMedio, que la iniciativa tendrá como fin reformar el Artículo Cuarto Constitucional que elevaría el derecho humano al agua y al saneamiento como un rango constitucional, para obligar al Estado cumplir con dicha obligación:

La ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de los tres niveles de gobierno y de la ciudadanía, afirma.

La organización “Agua para Todxs” precisó que en la Ley de Aguas Nacionales impuesta de 1992, se establecieron los principios para que el acceso a las aguas del país fuera a través de un sistema de concesiones, lo que ha permitido la entrega de grandes volúmenes de agua a empresas trasnacionales.

La sustitución de Conagua sería por un Consejo Nacional de Aguas y Cuencas, la cual estaría integra por 28 consejos que contarían con representantes de asambleas, comisiones y del gobierno, para dividir en tres la toma de decisiones.

Burns explicó que con esta iniciativa de ley se reconocería los derechos de los pueblos originarios para decidir sobre las aguas en sus territorios según sus propios sistemas normativos de gobierno, describe la nota.

El tema de concesiones y obras hidráulicas en las cuencas, estaría en manos de representantes de asambleas territoriales y por sistema de uso vital, logrando así que sean los consejos quienes acuerden los planes rectores de ejecución obligatoria que se deberían de cumplir con la Agenda Nacional en su territorio, finalizó.

Elena Burns detalló que se encuentran en pláticas con Blanca Jiménez Cisneros, próxima titular de Conagua, Josefa Gónzalez-Blanco de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), entre otros miembros del próximo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador con quienes ya se han comenzado a coordinar y trabajar para que esta Ley sea presentada y en su caso aprobada.

Chiapanecos lucharán hasta con su vida por defender el agua

Desde Chiapas, organizaciones de derechos humanos, pueblos originarios, movimientos en defensa de la tierra y el territorio, académicos y ciudadanía han expresado su inconformidad desde el primer momento en que se supo la noticia de los 10 decretos sobre el agua. He aquí un resumen cronológico de algunas declaraciones que ayudaría a entender el contexto que podría llegar a ser afectado nuestro estado.

El 5 de junio Enrique Peña Nieto anunció los decretos, desde ese momento organizaciones sociales, movimientos, barrios, colonias y núcleos agrarios defensoras de los derechos colectivos y el derecho humano al agua en Chiapas las rechazaron categóricamente, especialmente el último punto que cubre 69 cuencas de la región hidrológica Grijalva-Usumacinta.

En el día de la promulgación, la Organización Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México puntualizó, que los decretos afectarían a la región hidrológica Grijalva-Usumacinta, ya que el 66% de las aguas de las cuencas supuestamente “reservadas” quedan con posibilidad de concesión a la industria extractiva.

Las organizaciones Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente AC, Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos AC (CEPAZDH), Seminario Permanente sobre Cultura y Cambio Climático, Amigos de San Cristóbal AC, Movimiento Indígena del Pueblo Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra (ZODEVITE), Centro de Lengua y Cultura Zoque AC, Comité Directivo Vecinos Unidos Col. Ampliación Norte Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Otros Mundos AC – Amigos de la Tierra México, Sistema de Agua Chupactic,
Consejo Vecinal del Barrio Originario de Cuxtitali, Colonia Maya, Centro Solidario Tsomanotik A.C. y la Contraloría Ciudadana del SMAPA en Tuxtla Gutiérrez, consideraron que los decretos son un vil e ilegal intento por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto de legalizar a la fuerza la privatización extrema del agua en todo el país al final de su mandato presidencial, ya que modifican el estatus de veda -prohibición para la concesión del líquido- que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el país.

Dichas organizaciones agregaron que en el caso de las Cuencas Hidrográficas Grijalva y Usumacinta, el levantamiento de “Veda” corresponde a una expansión de los intereses capitalistas internacionales y nacionales para privatizar los sistemas de agua entubada de las cabeceras municipales (eficiencia y modernización le llama la plutocracia); construir 79 represas hidroeléctricas y 19 mini-hidroeléctricas en el contexto de la privatización de la energía eléctrica del país; apoyar con agua a la minería a cielo abierto que ronda sobre 1 ´121, 911 hectáreas concesionadas a 50 años a empresas internacionales (principalmente); apoyar con agua a la industria privada de hidrocarburos que abarca alrededor de 509,023 has; pasar de 50 mil hectáreas de palma de aceite en la actualidad a las 250 mil en los próximos 10 años.

Antonino García, doctor en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Chapingo, afirmó que Chiapas, se ha convertido en la bodega de extracción de recursos para México y otros países que mantienen proyectos extractivos de minerales, hidrocarburos y de agua, lo que ha llevado al Gobierno a establecer mecanismos legales para su manejo como la Ley de Seguridad Interior o los 10 decretos sobre el agua. A la par de confirmar que entre Chiapas y Tabasco se almacena el 33 por ciento de agua dulce de todo el país.

Esta semana, la Red Nacional de Derechos Humanos (RENADDHH) junto al Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa y el Consejo Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos a la Salud, presentaron una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto por pretender privatizar el agua con los 10 decretos promulgados el pasado mes de junio.

El lunes, más de 44 mil 400 indígenas y habitantes de las zonas indígenas que se encuentran el la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, se sumaron al amparo contra los  Decretos de Reserva del Agua para uso público-urbano, ambiental y generación de energía eléctrica, promulgados el pasado 6 de junio.