Indígenas de la Diócesis de San Cristóbal se amparan contra Decretos de Reserva del Agua

Cuenca hidrológica Grijalva-Usumacinta. Foto: Chiapas Paralelo

Más de 44 mil 400 indígenas y habitantes de las zonas indígenas que se encuentran el la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, se sumaron al amparo contra los  Decretos de Reserva del Agua para uso público-urbano, ambiental y generación de energía eléctrica, promulgados el pasado 6 de junio.

Una representación de las 57 parroquias que conforman la Diócesis, entregaron al Poder Judicial de la Federación el legajo con las firmas de indígenas tzotziles, tzeltales, choles, tojolabales, zoques, y de otros 6 grupos étnicos, y el escrito donde piden se anexe a la demanda de amparo interpuesta por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

En el escrito, piden la derogación de los 10 Decretos de Reserva del Agua, en particular el referido al decreto que afecta la cuenca hidrológica Grijalva-Usumacinta, que atraviesa la región indígena de Chiapas.

“De la lectura de estos decretos se percibe la huella del racismo, discriminación y despojo de los territorios de los pueblos originarios (…) primero fue la tierra y el territorio, segundo los hidrocarburos y la energía, y hoy nos intentan despojar del agua”, señalan.

Refieren que estas reformas a la Constitución están encaminadas a favorecer los intereses de las empresas que busca hacer uso de los recursos naturales para su explotación, aún cuando dichos recursos pertenecen a los pueblos, y la extracción que realizan las empresas, están aparejadas del despojo y la contaminación de la tierra.

Los indígenas y habitantes de la Diócesis que decidieron sumarse al amparo para la derogación de los Decretos de Reserva del Agua, también pidieron la cancelación definitiva de los proyectos extractivos mineros, hidroeléctricos y la explotación de hidrocarburos.

De manera paralela, reiteraron su rechazo a la Ley de Seguridad Interior –contra la cual también tienen interpuestos amparos para que no se aplique en su región-, porque la consideran un instrumento para reprimir a quienes se opongan a los proyectos extractivos de los recursos naturales.

Exigen también se respete a los pueblos que están impulsando gobiernos comunitarios y autonomía plena sobre su territorio.