Denuncian ante la ONU al gobierno de Peña Nieto por privatizar el agua

Peña Nieto y su gabinete. Foto: Presidencia

La Red Nacional de Derechos Humanos (RENADDHH) junto al Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa y el Consejo Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos a la Salud, presentaron el pasado viernes, una denuncia en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto por pretender privatizar el agua con los 10 decretos promulgados el pasado mes de junio.

Las organizaciones informan en un comunicado que establecieron comunicación con la Relatoría Especial sobre los derechos humanos al agua potable y saneamiento de la Organización de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza.

La denuncia presentada en escrito expresa la preocupación ante las consecuencias de los 10 decretos sobre el agua promulgados el 6 de junio por el presidente Enrique Peña Nieto, agregan “el beneficio es hacia el sector económico empresarial y en detrimento de los derechos colectivos de la población en especial de los más vulnerables”.

Las organizaciones aluden a que el decreto presidencial afectaría a 300 cuencas hidrológicas –incluidas la del Río Grijalva y Usumacinta-, equivalente al 55 por ciento de lagos y ríos del país.

Los decretos desconocen los derechos de los pueblos indígenas, empezando con su derecho a la consulta sobre esta misma medida. Desconocen también su derecho a la autodeterminación según sus propias formas de gobierno sobre las aguas en sus territorios, detalla el comunicado.

El Comité Digna Ochoa interpuso el pasado 20 de julio una demanda para requerir un amparo contra los decretos ante juzgados de distrito y juicios federales en Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, una semana después el Juez Federal de Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas Mario Fernando Gallegos León lo negó al argumentar que el quejoso no acreditó el interés legítimo para interponer el recurso y que solamente tenía un interés simple y jurídicamente irrelevante como el que puede tener cualquier persona.

Es por ello, que las Ong´s mencionaron que mantienen un “temor fundado” contra el Poder Judicial por actuar “sin objetividad, profesionalismo, independencia y sin respeto a los derechos humanos”.