Periodistas interponen queja por irregularidades de la Junta de Conciliación y Arbitraje

Itzel Grajales y Jacob García en la CEDH

Itzel Grajales y Jacob García interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) para pedir ecuanimidad en el proceso jurídico que atraviesan con la empresa Noticias, Voz e Imagen de Chiapas de la que fueron recientemente despedido y despedida.

Por la mañana de este lunes, los comunicadores que laboraron por más de ocho años interpusieron una queja ante la CEDH debido a irregularidades presentadas por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JCyA) en la mediación de su proceso con la empresa.

El dueño de la empresa de medios con cobertura en Chiapas y Oaxaca, Erisel Gómez Nucamendi, es también diputado local por Oaxaca por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Grajales y García, minutos antes de interponer la queja, citaron a los medios de comunicación para visibilizar su caso y mencionaron que su acercamiento a la CEDH, era con el afán de solicitar un proceso de conciliación sin preferencias hacia ninguna de las partes, ademas de recalcar que no se posterguen las citas de audiencia.

Los comunicadores argumentaron que en el momento en que les fue informado su despido, una autoridad de la empresa les advirtió que debido a la influencia que tiene Gómez Nucamendi, las demandas hacia él y su empresa no procederían:

“Preguntamos por la liquidación y no las negaron, ni los tres meses de sueldo que le dieron a los demás compañeros. Además nos amenazaron, nos dijeron que el dueño es un poderoso y que vamos a perder mucho más” mencionaron Grajales y Garcia.

Jacob García fungía como fotoreportero mientras que Itzel Grajales laboraba como reportera dentro de la empresa de medios. Grajales informó en las oficinas de la CEDH, que de manera particular cuando acudió a la audiencia organizada por la JCyA se percató de irregularidades:

“La respuesta que se le exigió a la empresa no fue por escrito. Adolfo García quien es presidente de la mesa tres de la Junta Local, estaba dando una asesoria a la parte demandada para afectarnos a nosotros económicamente, descalificando todas las evidencias sin ni siquiera haber hecho un estudio de los argumentos presentados en la demanda” finalizó.

La queja fue atendida por el Coordinador General de la CEDH Enrique Pimentel quien mencionó que en ocasiones la tardanza por parte de la JCyA mata al proceso:

“La justicia que no es pronta y expedita, no es justicia. Lógicamente al ser una empresa que tiene los medios económicos para solventar por tiempo el proceso, los trabajadores pueden llegar a una situación de vulnerabilidad” afirmó.