Organizaciones en defensa de la vida rechazan enérgicamente los 10 decretos sobre el agua promulgados por Peña Nieto

* El reemplazo de las vedas por reservas de aguas es una mano tendida a las empresas privatizadoras.

Integrantes de organizaciones sociales, movimientos, barrios, colonias y núcleos agrarios de Chiapas que se han relacionado con temas relacionados a la defensa de agua, la tierra y el territorio, rechazaron de manera enérgica los diez decretos de Reserva de Agua firmados por el presidente de la República el 5 de junio del 2018 y publicados al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), especialmente el último de estos que cubre 69 cuencas de la región hidrológica Grijalva-Usumacinta.

Las organizaciones Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente AC, Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos AC (CEPAZDH), Seminario Permanente sobre Cultura y Cambio Climático, Amigos de San Cristóbal AC, Movimiento Indígena del Pueblo Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra (ZODEVITE), Centro de Lengua y Cultura Zoque AC, Comité Directivo Vecinos Unidos Col. Ampliación Norte Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Otros Mundos AC – Amigos de la Tierra México, Sistema de Agua Chupactic,
Consejo Vecinal del Barrio Originario de Cuxtitali, Colonia Maya, Centro Solidario Tsomanotik A.C. y la Contraloría Ciudadana del SMAPA en Tuxtla Gutiérrez consideraron que estos decretos son un vil e ilegal intento por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto de legalizar a la fuerza la privatización extrema del agua en todo el país al final de su mandato presidencial.

Estos diez decretos modificaron el estatus de veda -prohibición para la concesión del líquido- que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el país.

Al respecto, las organizaciones argumentan que ya habían existido intentos para privatizar el agua como Ley General de Aguas (LGA) privatizadora – tanto la “ley Korenfeld” en 2015 como el “borrador Pichardo” en abril 2018, y que afortunadamente no procedieron debido a la movilización de la sociedad civil.

Los diez decretos publicados el 6 de junio establecen reservas de aguas nacionales (totales o parciales según los casos) para uso doméstico (público-urbano) y conservación ecológica en casi doscientas cuencas de la República, y eliminan las vedas que antes las protegían de la explotación industrial, industria extractiva y agroindustrial. Lejos de ser una mejor opción para la protección de las cuencas, los ecosistemas y el derecho al agua de la creciente población urbana a un plazo de 50 años, como lo quiere hacer creer la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el reemplazo de las vedas por reservas de aguas es una mano tendida a las empresas privatizadoras.

Elena Burns, académica y activista por la defensa del agua mencionó que los Decretos de Reserva a través de la Ley de Aguas Nacionales (1992) como pre-condicion para entrar en el TLCAN- representa un intento de extender la lógica del sistema de concesiones por encima y en desconocimiento de la multitud de formas de tenencia del agua y pertenencia al agua-territorio existentes en el país

“En varios de los decretos se habla de «concesionar volúmenes para uso ambiental o conservación ecológica»–  la concesión siendo una figura solo disponible para particulares… («asignación» es el término para volumenes a ser manejados por entidades públicas)” argumentó.

Por lo anterior, las 69 cuencas que residen entre el Río Usumacinta y Grijalva se colocan en alto riesgo a los núcleos agrarios que no tenían vigentes sus títulos de concesión al 6 de junio; en Chiapas, muchos pueblos rurales e indígenas tienen sus propios sistemas de agua comunitarios, ante la falta de información no renovaron sus concesiones, por lo que los decretos representan una violación flagrante a su derecho humano al agua, a la información y a la consulta, así como el despojo de los bienes comunes naturales, en este caso, el agua.

“La Ley de Aguas Nacionales, la cual, según la reforma al 4o Artículo Constitucional, tendría que haber sido reemplazada en 2013, con una ley centrada en el derecho humano al agua, la cual «sentaría las bases» para la participación de la ciudadanía junto con los tres niveles de gobierno para la consecución del «acceso y uso equitativo y sustentable» del agua”, definió al respecto Burns.

Además, con la supresión de las vedas, los decretos favorecen los trasvases de agua a gran escala de una cuenca a otra: bien sabemos que Chiapas cuenta con la mayor disponibilidad de agua dulce en el país, y la gran cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta se ve amenazada por la necesidad de agua en las regiones centro y norte del país, cuya presión sobre el líquido es muy fuerte.

Además, el artículo 7 del decreto abre la puerta a cualquier otro tipo de concesión al especificar que “los volúmenes disponibles, no comprometidos por medio de las reservas parciales que se establecen en el presente Decreto se podrán explotar, usar o aprovechar mediante título de concesión o asignación”. No somos incrédulos. No es un azar si la región hidrológica con más cuencas cubiertas por los decretos de reserva de agua es la nuestra, ya que es aquí en Chiapas donde más agua disponible hay y eso vale más que el oro para las empresas.

Los decretos extinguen los derechos al agua de los núcleos agrarios que no se lograron renovar a tiempo.  Todos los decretos contienen este lenguaje:  «Las concesiones o asignaciones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, serán reconocidas siempre que el título esté vigente y no se haya incurrido en causas de suspensión, revocación o extinción».   Aquí se dan por terminadas las “concesiones caducadas” de los ejidos y comunidades que fueron obligados a registrar sus DOTACIONES POR DECRETO PRESIDENCIAL de agua en la forma de concesiones, las cuales se han ido caducando, dado que no se imaginaban que tendrían que renovarse (hay 50,000 concesiones “caducas” en el país, principalmente de núcleos agrarios, finalizó Burns.

En términos prácticos y concluyentes las organizaciones definieron que en el caso de las Cuencas Hidrográficas Grijalva y Usumacinta, el levantamiento de “Veda” corresponde a una expansión de los intereses capitalistas internacionales y nacionales para privatizar los sistemas de agua entubada de las cabeceras municipales (eficiencia y modernización le llama la plutocracia); construir 79 represas hidroeléctricas y 19 mini-hidroeléctricas en el contexto de la privatización de la energía eléctrica del país; apoyar con agua a la minería a cielo abierto que ronda sobre 1 ´121, 911 hectáreas concesionadas a 50 años a empresas internacionales (principalmente); apoyar con agua a la industria privada de hidrocarburos que abarca alrededor de 509,023 has; pasar de 50 mil hectáreas de palma de aceite en la actualidad a las 250 mil en los próximos 10 años. Para conseguir ejecutar estos despojos de Recursos Naturales también decretaron la Zona Económica Especial de Tapachula (Puerto Chiapas), así como el establecimiento de una zona militar en la Sierra Madre de Chiapas y aplicar la Ley de Seguridad Interior.

Dichas organizaciones se reunieron en la Universidad Autónoma Chapingo en San Cristóbal de las Casas para reflexionar, discutir y analizar las futuras acciones que pueden acompañar para visibilizar las posibles consecuencias que afectarían -en especial a las comunidades indígenas- a las  69 cuencas del Río Grijalva y Usumacinta.

Organizaciones en defensa de la vida rechazan enérgicamente los 10 decretos sobre el agua promulgados por Peña Nieto