Equipo social de AMLO va por los acuerdos de San Andrés
El equipo de transición plantea como prioridad una reforma constitucional que retome los acuerdos de San Andrés Larráinzar; en el caso de las Zonas Económicas Especiales y cualquier proyecto de desarrollo instalado en comunidades indígenas, la premisa es clara: “tiene que haber consulta previa”
Fotografías: Adolfo Vladimir / Agencia Cuartoscuro
A mediados de la década de los 70, el antropólogo Salomón Nahmad Sitton, director del Instituto Nacional Indigenista, fue enviado a Tabasco a estudiar las condiciones de vida de los pobladores indígenas en ese estado. El gobernador Mario Trujillo García –padre de la candidata del PRI al gobierno de Tabasco en las pasadas elecciones, Georgina Trujillo – lo recibió con una aclaración: “aquí no hay indios, esos están en Chiapas”.
La historia la cuenta el propio Nahmad, quien fue el jefe de Andrés Manuel López Obrador en los años que definieron la historia política del virtual presidente electo: cuando estuvo al frente del Centro Coordinador Indigenista Chontal de Nacajuca y como delegado del INI en Tabasco.
Nahmad Sitton es un pionero en la defensa de la interculturalidad en México. Investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de Oaxaca, recibió en 2011 la medalla Bronislaw Malinowski que otorga la Sociedad de Antropología Aplicada, en Seattle, por su trabajo de más de 40 años con las causas indígenas. Ahora, integrado en el equipo de transición que trabaja el proyecto social, Nahmad Sitton, le recordó a López Obrador su compromiso con los pueblos originarios.
“Tú sabes cómo es la cosa con los pueblos indígenas. Sabes lo que necesitan”, dijo el antropólogo al virtual presidente electo el sábado 7, en la reunión privada que sostuvo con el equipo del gabinete social.
El resultado de esa reunión fue presentado en la rueda de prensa por quienes encabezarán las áreas de desarrollo social, educación, cultura, salud y pueblos indígenas en el gobierno entrante, donde la palabra más repetida fue “consulta”: se hará una amplia consulta entre maestros, académicos y padres de familia para la reforma educativa (la que se aprobó en esta administración será cancelada); una consulta para el destino final de Los Pinos como centro cultural (la propuesta más recibida es que sea sede de la representación de los estados); y consultas previas en los pueblos indígenas sobre las propuestas de desarrollo.
“Tratándose de proyectos mineros, energéticos o de obras en regiones indígenas, tiene que haber una consulta previa. Es una obligación legal y también moral”, aseguró el abogado Adelfo Regino Montes, quien será el responsable de encabezar una tarea que parece titánica: construir una nueva institucionalidad entre el Estado mexicano y los pueblos originarios.
Fotografías: Adolfo Vladimir / Agencia Cuartoscuro
Regino Montes es ayuuk (mixe, en castellano) y durante años ha impulsado la defensa de los pueblos indígenas. Fue asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en los diálogos de San Andrés Larráinzar y – junto con los comandantes Esther, Zebedeo y David, Juan Chávez, y María de Jesús Patricio – uno de los oradores del Consejo Nacional Indígena en la sesión del 28 de marzo de 2001, cuando los zapatistas llevaron su voz a la Cámara de Diputados. También promovió el Colegio Superior para la Educación Integral Cultural de Oaxaca y participó en la discusión, negociación y adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Ahora, asegura el abogado, el gobierno de López Obrador concretará la reforma constitucional que armonice el derecho internacional en materia indígena y retome los acuerdos de San Andrés Larráinzar.
“La premisa fundamental es la construcción de una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos bajo la consideración de que los pueblos son sujetos de derechos. Se acabó el tiempo en que el Estado mexicano consideraba a nuestros pueblos objetos de políticas”, aseguró el abogado.
El plan de acción del área que dirigirá, y que fue presentado a López Obrador y al resto del equipo que trabaja en el área social, incluye cuatro acciones:.
– La creación de planes de desarrollo desde cada uno de los lugares indígenas del país, que sean “hechos desde la consulta”.
– Que haya un mecanismo de financiamiento específico, “se está proponiendo un fondo”, para el desarrollo de pueblos
– La creación de “un nuevo organismo público” (lo que actualmente existe es la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que en 2003 sustituyó al Instituto Nacional Indigenista), que establezca una “nueva institucionalidad” para los pueblos, que atienda la transversalidad de los derechos y tenga presencia del Estado en cada una de las regiones indígenas del país.
– La reforma constitucional. “Es un tema que quedó pendiente en 2001. Existe la instrucción para que trabajemos con otras instancias del futuro gobierno de la República para que se pueda proponer otra legislación”.
Firmados el 16 de febrero de 1996, los acuerdos de San Andrés son compromisos y propuestas conjuntas que el gobierno federal pactó con el EZLN para garantizar una nueva relación entre los pueblos indígenas del país, la sociedad y el Estado. Estas propuestas se enviarían a las cámaras legislativas para tener un nuevo marco constitucional con la inclusión de los derechos de los pueblos indios (eso implica no sólo derechos individuales, sino derechos colectivos). Pero en 2001, las cámaras desecharon la propuesta legislativa presentada por los indígenas y aprobaron otra que dejó de lado el tema central de la propuesta zapatista: las autonomías.
“Ese tema fue el tema más importante de la reunión”, dijo a Pie de Página una de las participantes en la reunión privada del sábado, que se prolongó más de cinco horas y en la que participaron unas 100 personas que trabajarán en la construcción de ese andamiaje.
Fotografías: Adolfo Vladimir / Agencia Cuartoscuro
La consulta, el principio
María Luisa Albores González, propuesta para encargarse de la secretaría de Desarollo Social, una de las áreas más importantes del discurso del presidente electo, explicó que el próximo tendrá “una política social en el territorio, no en el escritorio”.
Albores González es especialista en economía social y solidaria, nieta de una migrante salvadoreña y de una indígena tzeltal, y durante años ha asesorado cooperativas productivas en comunidades de la sierra de Puebla. En su propuesta, aseguró que la política social pondrá “en el centro al sujeto con derechos, donde la persona sea participativa, incluyente, y hacer una política social democrática”, que permita construir una “ciudadanía desde su territorio, extendiéndolo en su extensión”.
Actualmente, dijo, la secretaría de Desarrollo Social tiene vigentes 18 programas y los dos “estrellas”: Prospera y Adultos Mayores. Las prioridades del equipo entrante serán los adultos mayores y personas con discapacidad en zonas de pobreza.
“¿Dónde vamos a iniciar? En pueblos originarios y mayor pobreza”, dijo.
Las otras dos áreas prioritarias son las de los jóvenes becarios, sobre todo en las regiones “donde hay pobreza y violencia”, y el campo.
“Prospera continuará, pero va a ser escalado para incluir un componente productivo”, explicó.
— ¿Cómo van a conciliar esta propuesta con “el paraíso para las inversiones privadas” que plantea el gabinete económico, porque hace dos días escuchamos del jefe del gabinete que se van a desarrollar zonas económicas especiales más grandes? — se le cuestionó.
— Para nosotros es importante realizar lo que no se ha realizado en este país. De acuerdo al convenio 169 de la OIT, tiene que haber consulta cuando se incluyan en los territorios indígenas.
— ¿Incluidas las zonas económicas?
— Si, todo.
En el mismo sentido, Esteban Moctezuma, quien será secretario de Educación Pública, aseguró que habrá una amplia consulta entre maestros, académicos y padres de familia para definir el “nuevo plan educativo de mejora continua en México”.
Tal y como lo ha dijo en su campaña López Obrador, la propuesta incluye la cancelación de las reformas educativas aprobadas en la actual administración y proponer un nuevo marco jurídico que desvincule la evaluación con cuestiones laborales.
“Lo que más problemas ha tenido es la ley de servicio profesional docente, que se va a sustituir por una nueva legislación, y se van a hacer todos los cambios que sean necesarios (… ) Vamos a tener una consulta amplia con maestros y todos los sectores para definir esos cambios”, dijo Moctezuma Barragán.
“La evaluación no viene con la reforma, la evaluación de los maestros viene de mucho antes con la carrera magisterial, y ningún maestro se opone a ser evaluado. El problema fue que las reformas vincularon la evaluación a un asunto laboral. Si queremos que los niños aprendan no pueden estar los maestros sometidos a su propia evaluación”.
El nuevo plan, dijo, deberá proponer hacer evaluaciones pertinentes de acuerdo con las regiones, pero sobre todo, deberá superar el tema de la evaluación magisterial para centrarse en el aprendizaje de los niños.
“El tema no es este de la reforma, sino como vamos a mejorar la educación. Lo que nos interesa es el aprendizaje de los niños y jóvenes de México”, insistió.
Fotografías: Adolfo Vladimir / Agencia Cuartoscuro
¿Qué implican los Acuerdos de San Andrés?
Los acuerdos incumplidos por el Estado mexicano a raíz de los diálogos de San Andrés Larráinzar, Chiapas, en 1996, establecen compromisos y propuestas conjuntas, entre ellas el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución y su derecho a la libre determinación en un marco constitucional de autonomía; la ampliación de la participación y representación política de los pueblos originarios; la garantía del pleno acceso de los pueblos a la justicia del Estado y el reconocimiento de sus sistemas normativos internos; el respeto a sus saberes tradicionales y la satisfacción de sus necesidades básicas.
Los promotores de los acuerdos señalaron que para esa nueva relación se necesita un nuevo pacto social basado en los siguientes principios:
Libre determinación y autonomía: el Estado no podrá realizar acciones unilaterales que no consideren los planteamientos de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas.
Participación: pueblos y comunidades deberán ser sujetos activos en el diseño, planeación, ejecución y evaluación de programas y proyectos sobre su desarrollo.
Pluralismo: Deberá respetarse la diversidad de todos los indígenas del país y evitar la discriminación contra cualquier grupo.
Integralidad: Los programas y acciones del gobierno deberán abarcar los problemas completos y no sólo una parte de ellos.
Sustentabilidad: Este principio establece que los proyectos y programas no dañaran el medio ambiente ni los recursos de los pueblos indios.
Sin comentarios aún.