Cinco grupos de desplazados en Chiapas crean organización para exigir el retorno a sus comunidades

Desplazados de Chenalhó en la marcha junto con los maestros. Foto: cortesía.

Cerca de 500 hombres, mujeres, ancianos y niños desplazados de cuatro comunidades en cuatro diferentes municipios del estado de Chiapas, decidieron unirse y crear una organización para exigir así al gobierno estatal y federal cumplir con los ordenamientos legales locales, nacionales e internacionales para lograr pronto su retorno a sus lugares de origen.

Dieron a conocer que el pasado fin de semana, en San Cristóbal de Las Casas representantes de personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno en el estado de Chiapas, se dieron cita para conocerse y analizar la situación en la que viven fuera de sus lugares de origen.

Los cinco grupos que se dieron cita son los desplazados del ejido Puebla de Chenalhó, desplazados de la comunidad de Shulvó del municipio de Zinacantán, de las comunidades Tenango y Cintalapa del municipio de Ocosingo y desplazados del municipio de Huixtla. Llegaron pues, desplazados de cinco lugares de cuatro municipios distintos del estado de Chiapas.

Tras el intercambio de experiencias concluyeron que la situación que viven de desplazamiento coincide, en varias circunstancias. Por ejemplo en los casos de Tenango, Cintalapa, Shulvó y Ejido Puebla coincidieron que su desplazamiento fue resultado de una situación de conflicto social, ya que fueron disidentes en su comunidad del grupo de poder político local, y por eso fueron víctimas de agresiones que finalmente condujeron a su expulsión y desplazamiento.

Situación distinta a lo que sucedió con los desplazados del municipio de Huixtla quienes fueron desplazados por el fenómeno natural del huracán Stan. En todos los casos coincidió la omisión por parte del Estado mexicano para prevenir nuestro desplazamiento.

Indicaron que también coincidió el hecho de que el Estado mexicano no ha cumplido con su obligación internacional de garantizar nuestros derechos humanos que se traducen en necesidades básicas como el derecho a la educación de nuestros niñas, niños y jóvenes, el derecho a la alimentación, a una vida digna, y un trabajo digo, así como la salud.

“Esta es una situación en la que coincidimos los cinco grupos ya que si bien es cierto en algunos de los casos el gobierno del estado ha cubierto algunas de las necesidades básicas no lo ha hecho de manera suficiente y esto ha puesto en riesgo nuestra integridad física y psicológica, e incluso nuestra vida”, dijeron los indígenas hoy en Tuxtla.

En el caso del Ejido Puebla municipio de Chenalhó son 254 personas indígenas tsotsiles, entre ellas 61 hombres, 65 mujeres, 22 adolescentes hombres y 12 adolescentes mujeres, 42 niños y 48 niñas, y 4 recién nacidos.

Estos fueron desplazados por no querer votar por el Partido Verde Ecologista y por haber sido disidentes del gobierno de la presidenta municipal de dicho municipio Rosa Pérez Pérez. Esto llevó a que fueran perseguidos por el grupo armado que opera en el municipio y que opera en la lógica de imponer al partido verde en Chenalhó.

De la comunidad de Tenango municipio de Ocosingo son en total de 71 personas indígenas tzeltales, 32 menores de 14 años, 10 adolescentes, 12 hombres adultos y 17 mujeres adultas. Fueron desplazados desde el 23 de enero 2015 por ser adherentes de la Sexta Declaración del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

De la comunidad de Cintalapa municipio de Ocosingo son 10 familias, 36 personas, todas indígenas tseltales, de las cuales 11 son mujeres adultas, 1 mujer adulta mayor y 4 niñas, 9 hombres adultos, 1 hombre adulto mayor, 7 hombres adolescentes y 3 niños. Desplazados desde marzo de 2009, por ser Adherentes de la Sexta Declaración del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

De la comunidad de Shulvó municipio de Zinacantán son 16 personas, todas indígenas tsotsiles, 6 hombres, 5 mujeres, un hombre adolescente, una mujer adolescente, dos niñas y un bebe. Desplazados desde el 9 de diciembre de 2015, por ser bases de apoyo del EZLN.

Los desplazados del municipio de Huixtla son 67 personas, 20 hombres, 29 mujeres, 9 niños y 9 niñas. Fueron desplazados a causa del Huracán Stan desde el 5 Octubre de 2005.

Con el apoyo del Centro de Derechos humanos Ku’untik, que dirige Diego Cadenas, los desplazados Ejido Puebla Chenalhó, Cintalapa, Ocosingo y del municipio de Huixtla han sido presentados ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

En el caso de Ejido Puebla, la CIDH ya emitió la medida cautelar numero MC-361-17 mediante las resolución 13/2018. Están en espera de que dicha organismo internacional de derechos humanos se pronuncie respecto a los casos de Huixtla y Cintalapa.

En el caso de Shulvó estamos agotando los recursos internos para estar en posibilidades de acudir a la CIDH, y en el caso de Tenango están próximos a presentarles el caso, dijo Diego Cadenas.

“Estamos enterados de que hay otras personas igual que nosotros, indígenas y no indígenas que han sido víctimas de desplazamiento y que se encuentran sufriendo fuera de sus comunidades de origen, abandonados por el gobierno. También vemos que las condiciones no cambian y que no se hace nada para prevenir futuros casos de desplazamiento forzado”, dijo uno de los indígenas en la conferencia de prensa.

“Vemos que luchando por separados no conseguiremos nada, por ello hemos acordado iniciar una lucha conjunta y damos a conocer el día de hoy, que nace una organización que nos une y nos representara como desplazados internos de Chiapas. Hemos decidido denominarle Coordinadora de Personas Desplazadas del Estado de Chiapas, y caminar juntos en la lucha por nuestros derechos”, indicaron.  

Llamaron a todas las personas que se encuentran en situación de desplazamiento a que se unan a ellos como desplazados y así luchar todos juntos por sus derechos, derechos a lo que ya se comprometió el Estado mexicano y que está incumpliendo.

Por ahora la Coordinadora de Personas Desplazadas del Estado de Chiapas estará integrada por un total de 444 personas, de las cuales 128 son mujeres y 207 son niñas, niños y adolescentes.

Dieron a conocer que realizarán acciones de protesta con el fin de exigir a este gobierno “y al que venga”, la restitución de sus derechos violados y el retorno a sus comunidades de origen.

Exigieron y exigirán, dicen políticas públicas y acciones que en el futuro impidan que vuelvan a ser desplazadas o que otras personas sean desplazadas y tengan que sufrir lo que ahora ellos están sufriendo.

“Es importante que el gobierno del Estado mexicano sancione con cárcel a quienes ejercen agresiones con el fin de desplazar a la población. También es necesario que exista una ley efectiva para prevenir el desplazamiento forzado. Sabemos que existe la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, pero también sabemos que esta ley evidentemente no se cumple”, dice el pronunciamiento que leyeron hoy.

Ante este reclamo, esta misma tarde, el Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, dijo que luego de hacer un balance del primer semestre del año de los trabajos que realiza el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno del Estado de Chiapas, elogió el esfuerzo que realizan 14 dependencias y entidades estatales para atender en forma integral este fenómeno multifactorial.

En este marco, el responsable de la política interna destacó que con el impulso del Gobernador Manuel Velasco Coello, Chiapas fue pionero al promulgar la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento interno, que hoy cuenta con un amplio respaldo institucional con 14 dependencias involucradas, cuyo Secretariado Ejecutivo recae en la Secretaría de Protección Civil.

Ejemplo de ello, destacó el funcionario, es la atención que se brinda a 254 personas desplazadas del Ejido Puebla, del municipio de Chenalhó, quienes actualmente cuentan con un sitio de resguardo seguro en San Cristóbal de Las Casas, donde además de recibir atención alimentaria, servicios de salud y educación, cuentan con un apoyo económico semanal de 50 mil pesos, provenientes del Programa de Empleo Temporal, lo que les permite desarrollar una actividad productiva y así obtener ingresos para sus familias.

En este lugar, las 54 familias desplazadas cuentan con servicio de agua potable, a través de tanques cisterna con capacidad de 10 mil litros que de manera permanente abastece la Secretaría de Protección Civil; asimismo, reciben atención médica por parte de una brigada de salud permanente; se instaló una escuelita donde reciben instrucción niños y adolescentes en sus respectivos grados y para en fecha reciente la Secretaría del Trabajo ha iniciado diversos trámites para el otorgamiento de proyectos productivos para dichas familias.

Otro ejemplo es lo que se realiza en el municipio de Ocosingo, en beneficio de 10 familias desplazadas de las comunidades Tenango y Cintalapa, quienes desde hace ochos años cuentan con el apoyo necesario para la renta del espacio donde habitan, en tanto concluye el problema agrario que ocasionó la salida de su lugar de origen y que actualmente se encuentra en manos del Tribunal Unitario Agrario con sede en Comitán, donde se espera se emita una sentencia definitiva.

Culebro Velasco detalló que en el caso de la familia desplazada de la comunidad Shulvó, del municipio de Zinacantán, se autorizó el pago de una renta de dos viviendas en San Cristóbal de Las Casas; la provisión de alimentos por parte de Protección Civil y se logró que a través de Prospera, el señor Juan Pérez Cruz reciba el apoyo económico que desde hace dos años estuvo pendiente.