En las vísperas de Semana Santa Enrique Peña Nieto publicó un decreto que facilita los trámites para para otorgar nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales. El decreto, con fecha del 23 de marzo, permite también a la Comisión Nacional del Agua levantar vedas para concesionarla.

«Se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiere expirado a partir del 1 de enero de 2004», dice en su artículo primero. En el que, además, se dan facilidades para actualizar títulos vigentes cuyas prórrogas no se solicitaron en los plazos legales.

En su artículo 2, el decreto establece que para el otorgamiento de las nuevas concesiones o asignaciones que se soliciten en zonas de veda, reserva o reglamentadas, una vez que la Conagua las otorgue, éstas (refiriéndose a la veda, reserva o reglamentos) se suspenderán de manera provisional.

Una veda es un tiempo en el que se prohíbe extraer un recuso determinado para protegerlo. En el caso del agua, se trata de protegerla de la sobre explotación y mantener los niveles de extracción de agua.

Activistas y habitantes de zonas cuyas cuencas o recursos hídricos cuentan con vedas, rechazaron el decreto y alertaron dos cosas, la primera, que se pone en riesgo el abastecimiento de cuencas; la segunda, que esas nuevas concesiones podrían estar destinadas a la industria extractiva y mega proyectos.

«Este nevo decreto implica que los decretos de veda que existen a la fecha para proteger el agua, pueden ser levantados o suspendidos para entonces, extraer agua del cuerpo de agua protegido. Es decir, el decreto del 23 de marzo del 2018 no levanta las vedas, pero que si le interesa a la Conagua se puede hacer. Esto es una ventana más que, desde la legislación nacional, abre a que se siga sobre explotando el agua. La ley se vuelve más flexible y permisiva», dice Geovana Dávalos, integrante de la organización Acción Colectiva y responsable de la campaña Que se sepa que la cuenca se seca, y vive en Guanajuato.

«Si la Conagua quiere sacar esa veda, lo puede hacer. Eso complica aún más el tema del agua y de las luchas porque es darles, como quien dice, carta abierta a que se saque, se siga sacando el agua y profundiza la crisis hídrica que a nivel nacional estamos viviendo».

Geovana vive en Guanajuato y sabe de lo que habla. Este decreto pone en riesgo a la Cuenca de la Independencia, protegida con vedas de la sobre explotación por la industria agropecuaria cuyos principales beneficiarios en el estado son el ex presidente Vicente Fox y Javier Usabiaga, quien fuera secretario de Agricultura con Fox.

«Este decreto que acaba de publicar Enrique Peña Nieto dice que esas vedas se pueden levantar y autorizar la extracción del agua», dice Geovana Dávalos. «Al final del día, en general, la lucha por el agua es por la sobre explotación, porque se gasta más de la que se puede recuperar y en ese sentido quien autoriza que se pueda sacar más agua es la Conagua, para una concesión de agua. El problema es que la Conagua da esas concesiones de manera irresponsable».

La Cuenca de la Independencia abastece al 40 por ciento del estado de Guanajuato, incluida población de Guanajuato capital y León. La cuenca ha llegado a tal nivel de sobre explotación que, para abastecerse de agua, los pozos se cavan cada vez más profundos y el agua de consumo humano está contaminada de arsénico y flúor. Sus habitantes han denunciado la violación al derecho de acceso al agua y la proliferación de enfermedades por consumir agua contaminada.

En Veracruz también se prendieron las alertas por el decreto publicado el viernes 23 de marzo, cuando la población se alistaba para las vacaciones de semana santa.

Pero, además, por la propuesta de decreto que Enrique Peña Nieto envió a la Comisión de Mejora Regulatoria (Cofemer),  referente a las  cuencas hidrológicas río Actopan y río La Antigua, con el cual se anularían los decreto de veda publicados en 1935  y 1955, que declaran veda indefinida  en la cuenca para el otorgamiento de concesiones.

En esa propuesta, hecha a través de la Semarnat, se señala que las aguas podrían destinarse a los usos domésticos y públicos urbano en las cuencas hidrológicas río Actopan y río La Antigua, hasta por un volumen de 45.6 y 51.33, millones de metros cúbicos anuales, respectivamente.

Para José Milán, de la organización Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por Ríos Libres, esta decisión es abrir la puerta a los proyectos de presas, hidroeléctricas y mineros. Desde hace cuatro, los pueblos que viven alrededor de esta cuenca  libran una lucha contra la construcción de una presa que el gobierno de Javier Duarte pactó con la trasnacional Odebrecht. Esa lucha implicó la instalación de un campamento permanente para evitar el paso de maquinaria pesada y las demandas penales por despojo contra 18 habitantes de Jalcomulco, que formaban parte de la resistencia.

«El intento de quitar la veda es con un estudio técnico sin fundamento, desde el punto de vista que no se consultó a la población y no se dieron datos exactos. En la propuesta de decreto se dice que muchas personas quieren el agua para el uso acuícola, pero en esta zona vivimos del río, del turismo. Entonces realmente es algo un pretexto   porque sabemos las pretensiones del gobierno», dice José Milán en entrevista telefónica.

José se refiere a que a la fecha no hay pruebas de que el gobierno de Veracruz haya anulado el contrato firmado con Odebrecht. En el 2017 Pie de Página publicó un reportaje  en el que se advertía cómo el gobierno de Javier Duarte, primero, y después el de Miguel Ángel Yunes Linares, ignoró las peticiones del Poder Legislativo de informar cuánto dinero se le había entregado a la empresa brasileña y anular los contratos firmados con ella, por la corrupción comprobada con gobiernos de otros países.

«Quitar la veda sería darle muerte a toda una cuenca, a lo que vive alrededor de la cuenca, el río, las familias, las plantas, los animales, un ecosistema. Agua que sería usada para fines como la minería, el fracking y todo lo que están ahora tratando de impulsar», agrega Milán.

Uno de los argumentos que se utilizan en la propuesta de decreto, es el mismo que se utilizó cuando Javier Duarte firmó el contrato con Odebrecht: la escasez de agua que vive la capital veracruzana, Xalapa. Para José este argumento no tiene fundamento, pues la misma Comisión de Agua del Estado de Veracruz ha admitido que más del 40 por ciento del agua de Xalapa se desperdicia en fugas. «En lugar de hacer una presa, deberían reparar el sistema de agua».