Pese a la Alerta de Violencia de Género, Gobierno de Chiapas continúa negligente en torno a casos de feminicidio

Fotos de las víctimas de feminicidio en Chiapas sobre las escaleras hacia la FGE.
Foto: Andrés Domínguez

En el marco de la presentación del Informe “Implementación  del  tipo penal  de  feminicidio  en  México: Desafíos  para  acreditar  las  razones  de  género  2014-2017” financiado por la Unión Europea y la Embajada de los Países Bajos, activistas defensoras de los derechos humanos de las mujeres se manifestaron preocupadas por la negligencia gubernamental chiapaneca y lamentaron que a año y medio de la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género en Chiapas, aún las autoridades estatales “siguen sin contar con datos sobre el feminicidio, lo que impide la generación de políticas públicas para su erradicación”.

Expusieron que en el periodo de enero de 2014 a octubre de 2017, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), conformado  por  40  organizaciones  de  22  estados  del  país,  documentó  en  el  Informe 282  asesinatos  de  mujeres en Chiapas, de los cuales 125 fueron feminicidios, es decir sólo 44.32 por ciento.

El  Informe  sobre  feminicidio  presentado  en  el  Museo  de  Tuxtla,  Gutiérrez,  documentó  a  nivel  nacional  el asesinato de 8,904 mujeres, de los cuales 2,188 fueron investigados como feminicidio, es decir, sólo el 24.57%.

Y que, durante  el  periodo  referido,  la  Fiscalía  General  de  Justicia  del  Estado  de  Chiapas  informó  de  manera  parcial sobre los datos registrados durante dicho periodo. Aunado a ello, sólo proporcionó información sobre 4 de las 22 variables solicitadas por el OCNF, es decir, de los feminicidios ocurridos únicamente en 2014 y 2015, limitado a 64 casos.

Señalaron que las variables  proporcionadas  tienen  que  ver  con  la  edad  de  la  víctima,  el  método  utilizado  para  asesinar  a  las mujeres,  el  lugar  del  hallazgo  y  la  relación  entre  la  víctima  y  el  victimario,  sin  embargo,  esta  información  no permite  realizar  un  diagnóstico  a  profundidad  que  pueda  generar  políticas  públicas  de  prevención,  atención  y sanción del delito, mucho menos para que estás atiendan de manera particular a las mujeres indígenas, mujeres trans o a las mujeres migrantes.

Ante la ausencia de información oficial, las organizaciones de la sociedad civil han tenido que recurrir al registro hemerográfico y a los datos de los casos que acompañan.

Según datos obtenidos por Mujeres Libres COLEM A.C., organización feminista integrante del OCNF, en lo que va  del  2018  se  han  registrado  29  casos,  13  han  sido  feminicidios,  2  posibles  feminicidios,  4  tentativa  de feminicidio y 9 más han sido muertes violentas por accidentes, suicidios, entre otros.

Martha Figueroa Mier, del COLEM, dijo que  pesar  de  que  la  Alerta  de  Violencia  de  Género  contra  las  Mujeres  en  Chiapas  (AVG)  -declarada  el  18  de noviembre  de  2016-  mandata  al  gobierno  de  del  Estado,  contar  con  una  base  de  datos  que  permita  conocer  la problemática,  la  autoridad  no  da  características  de  los  feminicidios,  lo  que  es  grave  e  impacta  de  manera negativa en la vida y seguridad de las mujeres, además de impedir la creación de una  política de prevención de los delitos.

Y que si bien  las  consignaciones  realizadas  por  feminicidios  son  del  87.30 por ciento  -contrario  a  los  casos  de  homicidios dolosos de mujeres los cuales son judicializados sólo en un 26 por ciento- estos son en su mayoría feminicidios íntimos, lo que impide reconocer la participación de otros actores y os casos.

Dijo Figueroa Mier que en  cuanto  al  protocolo  de  investigación  del  estado  de  Chiapas,  el  cual  se  emitió  en  2016,  este  no  incorpora  la perspectiva de género en la investigación del delito, ni especifica las diligencias particulares que deben realizarse para la acreditación de las razones de género y no está actualizado al nuevo sistema de justicia penal.

“Cabe mencionar que en los casos documentados se ha identificado un patrón relacionado con la desaparición y el  feminicidio,  frente  a  lo  que  las  autoridades  no  han  realizado  las  acciones  necesarias  para  prevenir,  atender, sancionar y erradicar dicha violencia”, dijo Figueroa Mier.

Ante  ello, agregó,  es  grave  que  año  y  medio  de  la  Declaratoria  de AVG,  las  autoridades  no  implementen  de  manera eficaz las recomendaciones realizadas y no actualicen la información sobre los nuevos contextos de la violencia contra las mujeres, por lo que como organizaciones y defensoras de los derechos humanos exigimos al gobierno federal y de Chiapas.

Junto a activistas de Católicas por el Derechos a Decidir, exigieron, que se cree  e  implemente  una  Unidad  de  Análisis  y  Contexto  en  Chiapas,  que  fortalezca  las  investigaciones,  que identifique los diversos contextos de criminalidad en los que están inmersos los feminicidios.

Demandaron además que  la  entidad  cuente  con  un  protocolo  especializado  para  la  investigación  del  delito  de  feminicidio,  que promueva la incorporación de la perspectiva de género en todas las actuaciones del personal y las autoridades encargadas  de  la  investigación,  para  que  en  este  mismo  sentido,  se  promueva  la  capacitación  para  las  y  los operadores,  hecho  que  garantizará  la  debida  diligencia,  lo  cual,  permitirá  el  esclarecimiento  del  hecho  y  el acceso a la verdad y a la justicia.

Las activistas exigieron que se reformen los marcos penales y administrativos para reconocer como delitos y faltas graves los actos de estigmatización  a  las  víctimas,  de  omisión,  negligencia  y  obstrucción  de  justicia  en  las  investigaciones  de muertes violentas de mujeres, y que se investiguen de manera oficiosa.

Y que se establezcan los mecanismos efectivos para garantizar la reparación integral del daño que incorpore las medidas de atención y rehabilitación a niñas, niños y adolescentes huérfanos/as (como lo hicieron los estados de México y Jalisco en el marco de la AVG), sin que éstos se supediten a los procesos judiciales.

Entre otros reclamos, pidieron que  la  Fiscalía  investigue  desde  un  inicio  toda  muerte  violenta  de  mujeres  como  feminicidio,  incluyendo  los suicidios, accidentes y los que se comentan en contextos relacionados con el crimen organizado y los conflictos armados en la entidad.