Gobierno del Estado sin atender recomendaciones de la CIDH y la CNDH por desplazados de Chalchihuitán

Desplazados de Chalchiuitán. Foto: Ángeles Mariscal

*La CNDH advirtió que era de especial importancia observar y atender de manera urgente, la situación de inseguridad en que permanecen los habitantes del municipio de Chalchihuitán

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró a autoridades federales, estatales y municipales la necesidad de implementar las medidas cautelares solicitadas en noviembre pasado, así como realizar diversas acciones en comunidades y campamentos para garantizar a las personas afectadas condiciones de vida digna al identificar varias situaciones que ponen en riesgo la salud, vida e integridad de las personas que todavía se encuentran desplazadas forzadamente de sus lugares de origen, en el municipio de Chalchihuitán, Chiapas,

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó la medida cautelar No. 882-17 a favor de 10 comunidades indígenas tsotsiles de Chalchihuitán y una de Chenalhó, México, que se desplazaron forzadamente desde noviembre de 2017. En la resolución 15/2018, emitida el 24 de febrero de 2018 y dada a conocer el 5 de marzo, se urge al Estado mexicano a adoptar protección para garantizar los derechos de integrantes de pueblos originarios en situación de riesgo a la vida, seguridad e integridad personal, por agresiones, hostigamientos y amenazas por parte de personas armadas.

A la CNDH le fueron proporcionados las siguientes cifras de personas que continúan en situación de Desplazamiento Forzado Interno: Shishimtontic-Pom 17 familias (100 personas), Jolcantetic-Pom 20 familias (133 personas), Pom 20 familias (77 personas), Cruztón 14 familias (70 personas), Tulantic 61 familias (193 personas), Cruz K’ak’anam 13 familias (70 personas), Canalumtic 69 familias (231 personas), Chenmut 10 familias (44 personas), Bejeltón 39 familias (160 personas). Lo anterior, corresponde a un total de 1078 personas desplazadas en el municipio de Chalchihuitán, Chiapas

Personal de este Organismo Nacional visitó las comunidades de Chenmut, Bejeltón, Canalumtic, Pom, Tulantic, Cruz K´ak´anam y Cruztón; así como los destacamentos de la Policía Estatal Preventiva ubicados en las comunidades del Canalumtic, Majompepentic y Tulantic, todos del municipio chiapaneco de Chalchihuitán, donde habitantes de esas poblaciones coincidieron en señalar la persistencia de personas en situación de desplazamiento forzado interno y la inseguridad en que viven, especialmente quienes tienen sus casas cerca de la zona limítrofe en conflicto.

La CNDH dirigió sendos oficios a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas, y a las presidencias municipales de Chenalhó y Chalchihuitán, autoridades a quienes instó a emprender ya las acciones que permitan superar la inseguridad y necesidades de las personas desplazadas.

En los documentos enviados, la CNDH establece que “se advierte que es de especial importancia observar y atender de manera urgente, la situación de inseguridad en que permanecen los habitantes del municipio de Chalchihuitán, en particular las personas que todavía se encuentran desplazadas de sus comunidades de origen, toda vez que con su cumplimiento se puede ayudar a la resolución de la situación de asistencia humanitaria que se necesita en este momento”.

En tal sentido, el Organismo Nacional solicitó a las citadas autoridades garantizar las adecuadas condiciones de saneamiento y salud de las personas, que incluyan brigadas de salud, vacunación, atención de vías respiratorias, y de prevención por consumo de alimentos inadecuados y agua contaminada; abastecimiento de insumos básicos de higiene y baños móviles.

Asimismo, se les pidió habilitar sitios cerrados, adecuados y con los servicios indispensables de alojamiento que permita a las personas desplazadas, resguardarse de las condiciones climáticas, también deben contar con colchones, colchonetas y mantas.

A las autoridades de seguridad pública de los tres niveles de gobierno se les reitera la necesidad de que realicen recorridos de vigilancia de manera constante, especialmente en las zonas limítrofes entre los municipios en conflicto, para evitar robos, saqueos, daños en propiedad u otro tipo de delitos, hasta que se garantice el retorno seguro de todas las familias a su comunidad de origen.

Durante las más recientes visitas a dichas comunidades, el personal de la CNDH constató la situación que enfrentan las personas desplazadas, quienes refirieron falta de seguridad, condiciones de insalubridad y afectación económica al comercio. Los visitadores también recabaron testimonios de personas que aún duermen en casas de campaña y otras más que buscan refugio con vecinos por las noches; los entrevistados fueron coincidentes en señalar que llevan semanas sin que se les proporcionen atención médica ni medicamentos.

La CNDH solicitó a las autoridades que recibieron la reiteración de implementar medidas cautelares, informen, a este Organismo Nacional, de las acciones implementadas, como lo establece el artículo 117 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Finalmente, la CNDH conmina a todos los actores involucrados a que contribuyan a garantizar la paz y la concordia, a través del diálogo entre las partes en conflicto.