Para entender el conflicto Chenalhó vs Chalchihuitán

Marchas y reclamos que nunca fueron escuchados…

Por Jaime Martínez Veloz

Comisión para la Diálogo con los Pueblos Indígenas de México

Gobierno Federal

En 1973, la entonces Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) empezó los trabajos de reconocimiento y titulación de los bienes comunales de ambos pueblos, donde no tomó en cuenta el límite que ambos poblados establecieron con el río como natural.

En 1975 se emitió la Resolución Presidencial de Chalchihuitán, y pobladores de Chenalhó dan cuenta que no se respetó el límite natural entre ambas comunidades. En 1976 ambas comunidades firman ante la SRA un convenio acordándose que al ejecutarse la resolución presidencial de Chalchihuitán se reconocería el río como límite natural.

Fue hasta 1980 se ejecuta la resolución para mil 787 campesinos entregándoles 17,948 hectáreas. Y posteriormente otras 252 héctareas más.

A pesar d elos acuerdos en 1981 Chalchihuitán alambró y construyó muros de concreto dentro del territorio comunal de Chenalhó y los pobladores quitaron los alambrados y destruyeron los muros.

Para el año 2000 se retoman los trámites para la ejecución de la resolución presidencial y Chalchihuitán demandó a Chenalhó ante el Tribunal Unitario Agrario la restitución de más de 58 hectáreas, que presume se le había despojado desde Tz’ak Uk’um a Seranichimtik. Chenalhó contrademanda solicitando anular la ejecución parcial de 1980 de la resolución presidencial de Chalchihuitán.

Este conflicto ha originado otros en donde se ha llegado a la violencia entre ambas partes que han causado heridos, muertos y desplazados.

En el año 2008, después de no ser atendidos, se forma un grupo de atención para analizar y dar solución al conflicto y en 2010, el grupo emite un informe que concluye la responsabilidad de la SRA en el conflicto y señala que la propiedad histórica sobre el territorio en disputa corresponde a Chenalhó y que se tendría que compensar a los de Chalchihuitán.

En 2014, el Gobierno del Estado y la SEDATU desconocieron el acuerdo de 1976 y el informe del Grupo Multidisciplinario, al señalar que quienes deberán recibir la compensación a cambio de las tierras era Chenalhó; sigue sin resolverse el conflicto.

Recientemente en el mes de octubre de 2017 fue asesinado el indígena Samuel Pérez Luna en el municipio de Chalchihuitán. Habitantes señalaron que la percela del indígena tzotzil se localiza en el área de disputa con Chenalhó.

Después de estos hechos en noviembre se reportó que hombres armados atacaron a habitantes de siete comunidades de Chalchihuitán. El Presidente municipal de esta demarcación informó que había una persona herida y una casa quemada.

Debido a lo anterior alrededor de 850 menores de edad, 670 mujeres y 520 hombres se desplazaron de las comunidades Kanalumtic, Bejelton, Pom y Chen Mut, municipio de San Pablo Chalchihuitán.

El Gobierno del Estado sostuvo una reunión con los presidentes municipales de Chalchihuitán y Chenalhó llamándolos al diálogo y a resolver las diferencias por esta vía. Ambos alcaldes acordaron respetar las resoluciones judiciales sobre el conflicto de límites.

La semana pasada las autoridades de los tres niveles de gobierno acordaron formar una Base de Operaciones Mixtas (BOM), que resguardará la seguridad en el límite de los dos municipios.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas emitió una “acción urgente” por la “emergencia” a causa del conflicto de límites, en el casod e violencia y desplazados.

A esto se suma el conflicto post electoral de Chenalhó que data del 2015, y habitantes de las comunidades señalan a la alcaldesa de ese municipio, que fue restituida después de numerosas protestas en su contra, de formar grupos armados para agredir e intimidar a la población de Chenalhó, Chalchihuitán y Aldama.

CHENALHÓ: Contexto electoral

En Chenalhó fue elegida como presidenta municipal Rosa Pérez Pérez por el partido Verde Ecologista de México (PVEM) y es la primera mujer en ocupar el cargo.

Sin embargo, su elección generó inconformidades. En abril de 2016, más de 2 mil habitantes del municipio de Chenalhó ocuparon la presidencia municipal para exigir la destitución de Pérez Pérez, por incumplir con sus ofrecimientos de campaña referentes a la aplicación de proyectos en las comunidades.

Ese año la presidenta municipal Rosa Pérez Pérez solicitó licencia a su cargo; los inconformes desocuparon la alcaldía que tenían tomada. Durante una reunión en el palacio de gobierno estatal, en la que participaron el Secretario de Gobierno, diputados locales, entre otros funcionarios, fue designado como sustituto el síndico Miguel Santiz. Sin embargo, faltaba la aprobación del Congreso local tanto de la solicitud de licencia como del nuevo nombramiento.

En ese mes indígenas de Chenalhó protestaron en Congreso local para exigir la renuncia de la alcaldesa, lo que generó un enfrentamiento con la policía dejando varios heridos y daños materiales.

En mayo, pobladores que exigían la destitución de Pérez Pérez, irrumpieron la sede de la diócesis de San Cristóbal, donde se llevaba una reunión con representantes de la Comisión de Paz y Transparencia de Chenalhó (autoridades, legisladores y opositores), llevándose retenidos al presidente del Congreso local, al coordinador del Partido Verde, y a un chofer.

Rosa Pérez Pérez presentó licencia al cargo y en sesión extraordinaria, el Congreso del estado nombró al síndico municipal, Miguel Santiz Álvarez, presidente municipal sustituto.

Durante estos hechos se dio un enfrentamiento entre los simpatizantes de Rosa Pérez y Miguel Santiz en el Ejido Puebla, lo que ocasionó el fallecimiento de una menor y un adulto. La Procuraduría General de Justicia del Estado reportó la detención de dos personas como presuntos responsables del homicidio de la menor, y reportó que también resultaron lesionadas otros tres pobladores, la quema de tres casas, seis destruidas, tres vehículos dañados y alrededor de 90 familias (492 personas) desplazadas.

El Movimiento Pedrano Chenalhó solicitó ayuda humanitaria para los desplazados (medicamentos, ropa, calzado, comida y apoyos económicos). El gobierno de Chiapas acordó proporcionar asistencia a los desplazados, mismos que dieron a conocer que la agresión vino de parte de los seguidores de Pérez Pérez, quienes habrían atacado a los simpatizantes de Sántiz Álvarez.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó al gobierno de Chiapas la implementación de medidas cautelares para las víctimas de desplazamiento forzado y garantizar sus derechos.

Ante la situación en Chenalhó, corporaciones federales y estatales instalaron en Ely, una base de operaciones mixtas BOM, para garantizar la seguridad en esa demarcación. Además, el Gobierno de Chiapas instaló una comisión especial conformada por dependencias estatales y federales para mantener interlocución directa y permanente, y coordinar acciones para atender la agenda social y productiva del municipio.

Rosa Pérez Pérez interpuso un recurso de amparo en contra del decreto mediante el cual el Congreso del Estado ordena su destitución, aunado a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el decreto en el que se ordenó la destitución de Rosa Pérez Pérez, señalando que debe ser reinstalada como presidenta municipal. También solicitó al Gobernador de Chiapas generar condiciones de seguridad para que ésta pueda ejercer su cargo con tranquilidad.

Agentes municipales y simpatizantes priístas enviaron un escrito al Gobernador del estado y al Congreso para manifestar que no aceptan la resolución y que el TEPJF viola los tratados internacionales al no respetar los usos y costumbres de los pueblos indígenas.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para garantizar la integridad de Pérez Pérez y su familia, por lo que solicitó a las Secretarías de Gobierno y Seguridad Pública, así como a la Procuraduría de Justicia, implementar acciones para evitar posibles violaciones a los derechos humanos y garantías fundamentales de difícil o imposible reparación.

A principios de octubre del 2016, el Secretario de Gobierno estatal señaló que estaba trabajando en el cumplimiento del fallo en estrecha coordinación con el Poder Legislativo y otras instancias, propiciando el diálogo, impulsando la reconciliación y privilegiando la paz pública.

Pérez Pérez rindió su primer informe de gobierno en la comunidad Yabteclum y el Congreso local informó que acatará la disposición del TEPJF cuando existan condiciones de gobernabilidad, tal como lo indica una cláusula del Tribunal que establece que debe haber condiciones de paz y concertación entre ambas partes.

A principios de 2017 más de mil simpatizantes de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez tomaron el palacio municipal de Chenalhó, con resultado de dos personas heridas. Los seguidores del alcalde sustituto, Miguel Sántiz Alvarez, se dispersaron y señalaron que habían personas desaparecidas.

Después de estos hechos habitantes han denunciado que en diversas comunidades se han registrado enfrentamientos entre seguidores de Pérez Pérez y opositores. 70 de las 116 comunidades del municipio de Chenalhó pidieron el desafuero de la alcaldesa, luego de que recuperara el palacio municipal mediante acciones violentas. El Movimiento Pedrano dijo que promovieron ante el TEPJF un recurso jurídico pues no hay condiciones políticas para que se ejecute la sentencia que dicta restituir a la munícipe.

El homicidio de un habitante de nombre Yony Orlando Vázquez Pérez, desaparecido durante la toma de la alcaldía y que había sido herido por un proyectil de arma de fuego, incrementó la tensión en ese municipio

Aunado a esto los desplazados de la colonia Puebla que se mantenían en la cabecera municipal de Chenalhó se trasladaron a San Cristóbal de las Casas, luego de la toma de la alcaldía; 221 mantienen su rechazo a Pérez Pérez.

La tensión volvió a subir luego de que el hijo de Miguel Sántiz fue hallado muerto, después de que un día antes fuera reportado como desaparecido. El cuerpo del joven presentaba impactos de bala. La alcaldesa Rosa Pérez Pérez declaró que joven se suicidó. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas informó que investiga la muerte de Sántiz Álvarez y descartó que se tratara de un suicidio.

Después de esto la alcaldesa de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez anunció el reinicio de su gobierno con el respaldo de autoridades tradicionales, y agregó que los recursos del presupuesto asignados ya fueron liberados, por lo que empezará a trabajar para atender la demanda de obras públicas en las comunidades.

A través de una carta, integrantes de la Coordinación de la Parroquia de San Pedro Apóstol de Chenalhó pidieron a los Gobiernos federal y estatal el desarme de los grupos civiles y que se investiguen las redes de tráfico de armas en ese municipio, así como buscar una solución de consenso y diálogo con los ciudadanos como actores principales y no con los partidos ni los contendientes directos.

Mientras tanto, pobladores del Ejido Puebla que se mantienen desplazados en San Cristóbal de las Casas por la situación política en Chenalhó, bloquearon la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal y realizaron marchas por San Cristóbal de las Casas, los desplazados exigieron al Gobierno estatal gestionar y garantizar su retorno a su comunidad, debido a que viven en condiciones precarias y de hacinamiento en un albergue.

Integrantes del movimiento Pedrano de Chenalhó han marchado el 6 de abril en contra de la alcaldesa en San Cristóbal de las Casas, para reiterar su exigencia a las autoridades estatales que no permitan que gobierne Rosa Pérez. Con esta marcha, hacen un llamado al gobierno del estado a que reconsidere las acciones que permitan que Rosa Pérez gobierne.

El 9 de abril de 2017, cuatro indígenas de la comunidad Santa Marta fueron asesinados con arma de fuego, mientras que uno más resultó herido, presuntamente todos simpatizantes de Rosa Pérez. Sobre los hechos hay dos versiones, una que refiere a la disputa de tierras y otra por una venganza derivada de la muerte del hijo de Miguel Sántiz.

El miércoles 19 de abril, indígenas desplazados del ejido Puebla marcharon en San Cristóbal de las Casas para exigir al gobierno estatal atender su situación a casi un año de haber salido de su localidad por la violencia y amenazas generadas del conflicto postelectoral, y puedan regresar.

Ese mismo mes el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en Chiapas dio cumplimiento al resolutivo emitido por el TEPJF, en el que solicita a este instituto la difusión del escrito para restablecer en el cargo de presidenta municipal a Rosa Pérez Pérez de San Pedro Chenalhó. Se dio lectura al escrito, el cual sería pegado en espacios públicos de la cabecera municipal, así como distribuidas en las 109 comunidades que conformar el municipio, y en el que se establece que la renuncia de la alcaldesa surgió en un contexto de violencia política de género, por lo que era ineficaz y no tenía efecto jurídico. También se dio a conocer que policías estatales detuvieron a un miembro del equipo de seguridad de la alcaldesa Pérez Pérez, acusado de un homicidio ocurrido el 22 de febrero pasado cuando partidarios de la alcaldesa recuperaron violentamente el palacio municipal. El detenido fue trasladado al penal de El Amate.

El estado designó un comisionado para el caso por parte del Gobierno del Estado, a quien plantearon las necesidades básicas inmediatas (alimentación, vivienda, salud, educación y vestido) y su demanda de generar condiciones de seguridad para el retorno digno al Ejido Puebla, que incluyen la liberación de dos compañeros presos, castigo a los culpables del asesinato de una persona durante los hechos que derivaron en su desplazamiento y la reparación de daños.

Agregaron que tomaron la decisión de no apoyar a ningún partido y adherirse a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN.

A finales de junio de 2017, los desplazados del Ejido Puebla señalaron que se ejecutó una orden de aprensión en contra de Javier Gómez Gutiérrez, originario de ese ejido por el presunto delito de asesinato de una persona ocurrido durante el enfrentamiento del 26 de mayo de 2016, hecho que originó su desplazamiento, por lo que temen un ataque sorpresa de los perpetradores del desplazamiento que quieran retener a uno de ellos para canjearlo por el detenido. El Centro de Derechos Humanos Ku’untik ha solicitó la implementación de Medidas Cautelares que garanticen la integridad física y la vida de los desplazados.

Por otra parte, organizaciones sociales señalaron las violaciones a los usos y costumbres, y de derechos políticos, y exigen se respete sus derechos de elección bajo sistemas normativos y aspi evitar que los partidos políticos dividan más a las comunidades.