Miles de indígenas de Sitalá y Chilón exigen al IEPC respetar su derecho al Gobierno Comunitario, sin partidos políticos

Decenas de comunidades demandan un Gobierno Comunitario, sin partidos políticos.

Durante la rueda de prensa del MODEVITE, llevada a cabo el 17 de noviembre de 2017, y con el respaldo de este movimiento, se presentaron las Comisiones de Gobierno Comunitario de los municipios de Chilón y Sitalá. Frente a la comunidad universitaria y diversos medios de comunicación, las y los compañeros anunciaron que esa misma mañana habían acudido a las oficinas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, a presentar sendas solicitudes para gobernarse de acuerdo con su propio sistema normativo indígena. Representantes de ambas comisiones acusaron a los presidentes municipales de sus municipios por tener abandonado su trabajo y olvidadas a las comunidades. Igualmente, denunciaron que el actual sistema organizativo partidista y electoral sólo trae división y corrupción a sus comunidades y destruye la cultura y los modos indígenas de ser y de organizarse. Por ello, las y los habitantes de ambos municipios han decidido buscar una forma distinta de organizarse y gobernarse, de manera que se sirva y represente a todas y todos en las comunidades y se mantenga la armonía comunitaria e individual, tan importante en la cosmovisión indígena.

Finalmente, las Comisiones expresaron su apoyo y respaldo a las luchas de otros pueblos originarios, como Cherán, Santa Fe de la Laguna, Pichátaro, San Felipe de los Herreros, Ayutla de los Libres, San Luis Acatlán, Tecoanapa, así como Oxchuc y Tila en Chiapas. Igualmente, expresaron su solidaridad con el CIG y su vocera, Marichuy, de quien dijeron “representa la voz de nuestros pueblos”.

Aquí puedes consultar el pronunciamiento de las Comisiones, el cual inicia con una cita de los Acuerdos de San Andrés de 1996.

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Funcionarios del IEPC reciben y cuentan las hojas con firmas en apoyo al Gobierno Comunitario de Chilón y Sitalá

Cabe recordar que las leyes nacionales e internacionales reconocen el derecho de los pueblos originarios de México y el mundo a organizarse, regirse y gobernarse de acuerdo con sus propias tradiciones y sistemas normativos.

Por ejemplo, el Artículo Segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su apartado A, fracción I y III, establece la posibilidad de que los pueblos y comunidades indígenas elijan, según sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno.

Igualmente, el artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Chiapas “reconoce y protege el derecho de las comunidades indígenas para elegir a sus autoridades tradicionales de acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones”.

Finalmente, en el ámbito del derecho internacional, el artículo 8 de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece que los pueblos originarios “deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias”. Asimismo, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en sus artículos 3, 4, 5, 20, 33 y 34, hace énfasis en el derecho que tienen los pueblos indígenas a la libre determinación y a mantener sus propias instituciones políticas, sociales, jurídicas y económicas.

 

 

“El Estado debe promover el reconocimiento, como garantía constitucional, del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas que son los que descienden de poblaciones que habitaban en el país en la época de la conquista o la colonización y del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que cualquiera que sea su situación jurídica conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas (…) Podrán, en consecuencia, decidir su forma de gobierno interna y sus maneras de organizarse política, social, económica y culturalmente. El marco constitucional de autonomía permitirá alcanzar la efectividad a los derechos sociales, económicos, culturales y políticos con respecto a su identidad”

Acuerdos de San Andrés Sac’amchen de los Pobres, 16 de Febrero de 1996.

 

 San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 17 de Noviembre de 2017.

A las Autoridades Federales, Estatales y Municipales,
A los Municipios Indígenas de Chiapas,
A los Movimientos Indígenas que luchan por su libre determinación,
A los Medios Libres de Comunicación,
A los diferentes pueblos indígenas de México,
A los miembros del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) de los 12 Municipios,
Al Congreso Nacional Indígena (CNI) y al Concejo Indígena de Gobierno (CIG),
A los Centros de Derechos Humanos,
Al público en general:

El día de hoy, los aquí presentes, integrantes de las Comisiones de Gobierno Comunitario y representantes de las comunidades indígenas tseltales de los municipios de Chilón y Sitalá queremos informar que, cansados de las divisiones que causan los partidos políticos en nuestras comunidades y de la corrupción e ineficiencia de las administraciones municipales actuales que buscan su interés particular, hemos ingresado una solicitud ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, con el objetivo de que se reconozca nuestro derecho a la libre determinación y autonomía para nombrar a nuestras autoridades según nuestro propio sistema normativo indígena.

Hacemos de su conocimiento, una vez más, que la presencia de los múltiples Partidos Políticos en nuestras comunidades, han dividido a nuestras familias; hemos visto como la compra de votos, las amenazas de recortar los programas sociales, el favoritismo a unos grupos sobre otros, el uso de la violencia para intimidar, los pactos realizados con el crimen organizado han lastimado nuestra armonía comunitaria y lo que llamamos el “lekil cuxlejalil”, la Buena Vida en común.

Nuestros Municipios han tenido gobiernos profundamente corruptos, que sólo buscan su enriquecimiento personal y favorecen intereses particulares; esto se puede apreciar en la manera en que han manejado el dinero público. La falta de progreso material en nuestras comunidades, viviendas, calles, escuelas, hospitales y demás necesidades básicas, es una expresión clara de la colusión de los partidos políticos que nos han mantenido en la marginación y nos han negado una vida digna. En vez de que las autoridades municipales atiendan las necesidades urgentes de nuestras comunidades, se han servido de sus recursos y nos han dejado en la miseria; cosa que nos ha llevado a organizarnos para poner un alto a la corrupción y devolver el gobierno a las comunidades. Necesitamos un gobierno que sirva a las comunidades.

La seguridad y tranquilidad en nuestras comunidades indígenas se ha visto afectada por una serie de actos violentos relacionados con las administraciones municipales y los partidos políticos; si nuestros municipios se han dado a conocer en los medios nacionales de comunicación ha sido por escándalos de corrupción, inseguridad y violencia. Queremos vivir en armonía comunitaria y con la Madre tierra.

Sin embargo, como  pueblos indígenas hemos mantenido una organización y administración de justicia propia en nuestros territorios que nos ha permitido sobrevivir a las divisiones partidistas;  sabemos cómo gobernarnos a través de un sistema de cargos, normas e instituciones que constituyen  nuestros sistemas normativos propios, con derechos colectivos y derecho propio; el cual han sido marginados por el sistema de gobierno oficial y por el cacicazgo ocasionado por la presencia de los Partidos Políticos en las Comunidades. Nuestra organización ha mantenido formas de gobierno reconocidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. Nuestra solicitud se fundamenta legalmente en el artículo 1 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, en el  Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y demás normatividad nacional e internacional aplicable.

Por eso es que buscamos el ejercicio real y efectivo de nuestro derecho a la libre determinación, donde se reconozca tanto nuestro sistema normativo interno para elegir a nuestras autoridades municipales, como el modo nuestro de ejercer el gobierno según nuestros principios ancestrales de servicio y armonía comunitaria.

Nuestra reivindicación se suma a la lucha de otros pueblos y comunidades que buscan el reconocimiento al derecho de libre determinación y autonomía. Así nos solidarizamos con las comunidades de Michoacán: Cherán, Santa Fe de la Laguna, Pichátaro, San Felipe de los Herreros; de Guerrero: Ayutla de los libres, San Luis Acatlán y Tecoanapa; y en nuestro Estado: Oxchuc y Tila. Además, sentimos que la voz de nuestros pueblos habla en la voz de María de Jesús Patricio, vocera del Consejo Indígena de Gobierno. La lucha del CNI es nuestra misma lucha por el derecho a la libre determinación y autonomía en nuestros pueblos para garantizar la armonía comunitaria y la defensa de nuestros territorios.

¡No más partidos políticos!

¡No más gobiernos corruptos!

Queremos libre determinación y armonía comunitaria.

Por un gobierno al servicio de las comunidades: Gobiernos comunitarios.

Comisiones de Gobierno Comunitario de los Municipios de Chilón y Sitalá.

 

Fuente: https://modevite.wordpress.com/

 

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