Desde las montañas, desplazados claman ayuda para regresar a sus hogares donde perdieron todo

Mujeres y niños sobreviviendo en las montañas

Indígenas tsotsiles desplazados de unas ocho comunidades de Chalchihuitán, acordaron hoy dejar las incomodidades, el hambre, la sed y el frío que sufren en las montañas y trasladarse a la capital del estado para pedir al gobierno estatal que intervenga ya para desarticular el grupo armado de Chenalhó y que les garantice el regreso a sus viviendas.

Si bien no los cinco mil desplazados, sí un número aún no determinado de desplazados empezaron a buscar hoy ayuda para transportarse hasta la capital del estado e instalar un plantón en la plaza central para hacerse visibles, pues hasta ahora no han obtenido más que promesas y discursos de buenas intenciones del gobierno estatal.

Les irge cobijas, ropa, comida, medicinas y médicos

Anita Pérez Pérez , una mujer indígena tsotsil que se refugió en las montañas de Chalchihuitán, casi clindante con el vecino municipio de Simojovel, dijo que desde que asesinaron a Samuel Pérez Luna de Canalumtic, desde ese momento fueron desplazados, dejaron sus comunidades. Esto fue el 18 de octubre, es decir, hace más de 40 días.

“Saquearon nuestras casas, las destruyeron, ya no tenemos nada. Documentos personas y todo lo que había en las casas lo quemaron, fue la gente de Rosa Pérez Pérez, alcaldesa de Chenalhó”, dijo Anita.

Efraín López Gómez, uno de los líderes de las comunidades desplazadas dijo que si bien los medios apenas los han volteado a ver, el gobierno ya sabía que desde hace más de un mes empezó el desplazamiento, el abandono de las comunidades, pero nada hizo para evitarlo.

“Estamos exigiendo al gobierno que nos atienda, que nos liberen los caminos los grupos armados. Que el gobierno nos de seguridad y que nos garantice el libre tránsito en nuestras comunidades”, dijo López Gómez.

Dijo que los caminos los destruyeron con maquinaria pesada. Abrieron zanjas para evitar que pasaron en vehículo.

Entre los miles de desplazados hay más de 100 mujeres embarazadas

Las familias han intentado regresar a sus viviendas, pero tan pronto como son detectados que llegan a las casas que abandonaron, desde los cerros los grupos armados les disparan para que abandonen las viviendas y se vayan al monte.

“No pueden hacer vida en comunidad, porque están amenazados todos de muerte”, explicó López Gómez.

El párroco de Chalchihuitán, Sebastián López López dice que si bien los medios y la solidaridad apenas empezó a llegar, esto no empezó la semana pasada. Sino que desde el pasado 18 de octubre en que mataron a Samuel Pérez Luna, los miembros de grupo armado de Chenalhó, “desde ahí empezó todo”.

Es decir, ya llevan más de un mes cientos de familias, desplazadas de sus comunidades. Que son entre ocho y  nueve comunidades que fueron desocupadas por temor a ser asesinados. Los niños no tienen clases, no tienen ni médicos ni medicamentos. Hay muchos enfermos y embarazadas entre los miles de desplazados.

“Hay niños y niñas enfermos de tos, gripa, fiebre. Pasan fríos y hambre todos los días viviendo entre las montañas. Queremos que el gobierno nos escuche y que intervengan”, dijo el párroco.

“El gobierno ha permitido todo esto, no sabemos porqué. Ya han pasado muchos días y seguimos en el monte, escondidos.  El gobierno protege a la Rosa Pérez Pérez y su grupo armado pero poco hace por nosotros”, señala otro indígena tsotsil que omite su nombre.

La mayoría de estas personas, familias y comunidades se encuentran desplazadas en las montañas con temperaturas muy frías, en condiciones inhumanas y otras  se albergan en la cabecera  municipal de Chalchihuitán.

Organizaciones civiles denunciaron que como consecuencia del desplazamiento forzado hay personas enfermas especialmente recién nacidas, niños, niñas, ancianos y ancianas. También hay un número importante de por lo menos 114 mujeres embarazadas que necesitan atención médica urgente.

A la fecha las personas en desplazamiento forzado no pueden salir a buscar sus alimentos porque están bloqueados los caminos de acceso al municipio. Hay un número indeterminado de casas quemadas y bienes destruidos. La incomunicación provocó escasez de alimentos y medicinas para la población .

Las comunidades desplazadas de Chalchihuitán son Ch’en Mut 700 personas, 120 familias, 8 mujeres embarazadas; Pom más de 2000 personas, 436 familias, 100 mujeres embarazadas; Tzomolton 800 personas,  107 familias, 6 mujeres embarazadas; C’analumtic 600  personas, 191 familias; Bejelton 150 personas, 30 familias; Tulantic 350 personas, 50 familias; g) Vololch’ojon. 150  personas, 40 familias; Cruz c’ac’al nam 200  personas y Cruz ton 73 personas , 20 familias desplazadas.

Otras comunidades afectadas de Chalchihuitán por la situación de la violencia son Balunac’o, Cotolchij, Lobolaltic, Pacanam, Pat C’anteal, Chiquin xulum, Saclum.

Las comunidades desplazadas de Chenalho: Majompepentik y Fracción Polhó, (300 personas ) además de Las Limas y otras comunidades que salen a dormir fuera de su casa como Yabteclum, Campo Los Toros, Tsabalhó, entre otras.

Pide Diócesis ayuda humanitaria para los despalzados

En este contexto, el pleno del Consejo de Pastoral de la Diócesis de San Cristóbal, expresó su preocupación por la situación que prevalece y se agrava en la zona limítrofe entre los municipios de Chalchihuitán y Chenaló.

“Nos sorprende la impunidad con que actúan los grupos armados, al grado de que ni la Policía ni el Ejército han podido hacerse presentes para impedir la violencia, ni para desarmar a quienes imponen su control del territorio y de la población a través del miedo”, dijo el Consejo Pastoral encabezado por el obispo Felipe Arizmendi Esquivel.

Pidieron a las autoridades de los tres niveles el cumplir con su obligación de velar por la vida de la  personas afectadas, que garanticen la seguridad de quienes llevan ayuda humanitaria, que se aboquen a la solución de las causas y no dejen impunes los delitos cometidos.

Convocaron a las organizaciones eclesiales y de la sociedad civil a una solidaridad efectiva y que haga accesible a la población afectada, de inmediato, los servicios médicos y medicinas, la alimentación, el vestido y la protección ante la inclemencia del clima que se requieren con urgencia.

“Por supuesto también exigiendo justicia a las autoridades y que, de inmediato, intervengan y atiendan esta grave situación. Por parte de la Diócesis continuaremos el esfuerzo para hacer llegar la ayuda humanitaria, con la coordinación de Cáritas y para dar a conocer la situación a la opinión pública nacional”, dice la carta firmada por el obispo y una veintena de párrocos de la Diócesis.

Más de una veintena de organizaciones sociales y civiles defensoras de los derechos humanos, pidieron al gobierno estatal y federal frenar de inmediato la ola de violencia y demandaron un alto al fuego por parte del grupo civil armado que opera desde Chenalhó.

Pidieron hoy atender de manera pronta y expedita esta situación que se ha tornado en hechos de violencia generalizada,  vulnerando a familias y comunidades enteras de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, ocasionando violaciones graves a los derechos humanos.

“Es clara la responsabilidad de los distintos niveles del  gobierno que han permitido que esta situación se torne de emergencia humanitaria. Además se ha evidenciado la incapacidad de las autoridades en atender las causas y los efectos de la violencia”, dice la misiva. .

La carta la firman el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCh), el Centro de Derechos Indígenas A.C. (Cediac), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C (Frayba), el Comité Nacional para la Conservación de Los Chimalapas, la Comisión para el Apoyo a la Unidad y la Reconciliación Comunitaria (Coreco), el Foro para el Desarrollo Sustentable, los Servicios Internacionales para la Paz, (Sipaz), los Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Melel Xojobal A.C, Maderas del Pueblo del Sureste A.C

Yaxalum, AC y redes como la Alianza por la Salud, Alimentación y Nutrición (Asan), la Red de Mujeres de los Pueblos indígenas y afrodescendientes de Chiapas (REMIAC), Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS) y muchas más.

En la carta firmada de forma conjunta, piden que de manera urgente se dicten las medidas cautelares necesarias y pertinentes a fin de respetar, garantizar y proteger la vida e integridad de las familias de Chalchihuitán y Chenalhó.

Que apliquen los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de Las Naciones Unidas, para proteger a las cientos de familias que han huido de la violencia generalizada y que están en total vulnerabilidad, así también a las familia afectadas y que están viviendo una situación de terror por la acciones armadas en la región en riesgo también de incrementar el número de desplazamientos forzados.

Que se garantice el libre tránsito y la paz social en las comunidades de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, priorizando el diálogo entre las partes bajo el respeto esencial de los derechos humanos. Que se investigue el asesinato de Samuel Pérez Luna, se castigue a los responsables y, se desarme a los grupos armados que actúan de manera impune bajo la permisividad del gobierno de Chiapas.

Y ante la la crisis humanitaria demandaron la solidaridad internacional y nacional, debido a la ineficacia e incapacidad de atender esta situación de emergencia por parte de los gobiernos federal y estatal.