Contra la impunidad de mineras y gobierno, reabrir el expediente por homicidio de Mariano Abarca

Chocomuselo, el botín de las empresas mineras. Foto. Chiapas Paralelo

Para la familia de Mariano Abarca –líder ambientalista asesinado por oponerse a la extracción minera en Chiapas- no hay duda, en su homicidio hubo planeación, coalición para delinquir, omisión y encubrimiento. Y en estas acciones participaron desde autoridades municipales de Chicomuselo y del gobierno del estado, hasta diplomáticos de Canadá.

Por ello, desde junio pasado, con el apoyo de organizaciones sociales dedicadas a la defensa del medio ambiente,  interpusieron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que este organismo abra una investigación y en su caso emita una recomendación al gobierno mexicano.

Durante los ocho años que han pasado desde que en noviembre de 2009 Mariano Abarca fue asesinado cuando se encontraba afuera de su vivienda, su familia y organizaciones como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra y Minning Watch, han documento la forma en que sucedieron los hechos, y con esas pruebas esperan ahora poder llevar a la justicia a a ex funcionarios de gobierno.

También evidenciar que el gobierno de Canadá influyó en el mexicano para favorecer los intereses de la empresa de su país Blackfire –propietaria de la mina La Revancha, de Chicomuselo-, quien es una de las mineras canadienses que actualmente en México tienen entre el 60 y 70 por ciento del total de las concesiones mineras vigentes en el país.

Mientras esperan la resolución de la CIDH, los habitantes de la Chicomuselo continúan organizándose para tratar de impedir que se abran las minas La Revancha, La Pera, Santa María, Grecia, y otras que se encuentran concesionadas en la zona sierra de Chiapas.

Empresas canadienses poseen concesiones mineras en Chiapas. Foto: Cortesía

Blackfire se llegó en 2005 a la sierra de Chiapas, con promesas de ayuda a las comunidades, abrió una mina en el ejido La Revancha. Durante dos años impactó las condiciones medioambientales de la cabecera municipal y las comunidades Grecia y Nueva Morelia, al extraer barita con el método a cielo abierto.

Mariano Abarca encabezó las protestas de los ejidatarios por la tala de árboles, las explosiones para abrir las vetas, los deslizamientos de tierra que provocaba y la creciente contaminación de los ríos por los residuos de la mina. Las autoridades se mantuvieron omisas.

En agosto de 2008, empleados de la mina lo golpearon como represalia por las protestas. En junio de 2009 los ejidatarios viajaron a la ciudad de México y se manifestaron frente a la embajada de Canadá, para pedirle detuviera la contaminación que estaba causando la empresa de su país. Un mes después Mariano Abarca fue amenazado: si no detenía las protestas contra la minera, iba a ser encarcelado. Ante su negativa, fue detenido por policías estatales y llevado a una casa de arraigo. La falta de pruebas en su contra y las protestas, obligaron a las autoridades a liberarlo. Pocas semanas después, el 27 de noviembre fue asesinado cuando se encontraba frente a su casa.

Las protestas por su muerte, obligaron a las autoridades a cerrar la mina, no por el asesinato ni por la contaminación, sino con el argumento de que había cometido una irregularidad administrativa. También se detuvo a tres personas ligadas a su muerte, quienes a los pocos meses fueron liberados.

Ante la evidente omisión y complicidad de las autoridades para con la empresa minera, organizaciones se dedicaron a buscar información y pruebas que les permitieran evidenciar lo sucedido.

Minning Watch logró documentar que un mes después del asesinato, la Embajada siguió defendiendo a la empresa, además de entregar a la minera información a fin de que demandara al estado de Chiapas por clausurar la mina, de acuerdo ello al marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte(TLCAN).

Evidenció la complicidad, corrupción e ilegalidades tanto de la empresa como de las autoridades canadienses, y en mayo de 2013 publicó con las pruebas el informe Minería Canadiense en México: Blackfire Exploration y la Embajada de Canadá – Un Caso de Corrupción y Homicidio. Aún así, las autoridades de su país descartaron los hechos.

También comprobaron los acuerdos para terminar con el activismo de Mariano Abarca, a los que llegaron Blackfire con el entonces subsecretario de gobierno de Chiapas, Nemesio Ponce, al igual que el soborno que se le dio al entonces presidente municipal de Chicomuselo, Julio César Velázquez Calderón, en el año 2008.

Todos estos elementos evidencian que en el homicidio de Abarca, hubo planeación, coalición para delinquir, omisión y encubrimiento, explicaron su hijo, José Luis Abarca; y su hermano, Uriel Abarca Roblero.

Hay un creciente número de casos de criminalización y atentados a la vida perpetrados contra defensores y defensoras del territorio. Foto: Cortesía

La organización Otros Mundos, que acompaña a la familia Abarca en su demanda ante la CIDH, sostiene que el homicidio de Mariano Abarca, al igual que el de Berta Cáceres en Honduras, revela un patrón de conducta que el Estado aplica a defensoras de los derechos humanos y ambientales que se oponen a los proyectos extractivos: inicia con la criminalización, le siguen las amenazas, ataques y finalmente la muerte.

Por ello, llevar a la justicia a los agresores implica dejar un precedente, donde además se constate la evidencia de que la misión diplomática de Canadá se excedió en sus funciones hasta operar políticamente para que la empresa Blackfire pudiera trabajar con libertad, aun atropellando los derechos de las comunidades.

En tanto eso sucede, la familia Abarca y los habitantes de Chicomuselo ven con preocupación el avance de las condiciones para que la industria extractiva tenga una segunda e implacable entrada en la zona.

Entre estas condiciones, además de las reformas a la Ley Energética, la Forestal y de Biodiversidad, la creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), y el fortalecimiento de la infraestructura carretera para llevar el mineral al puerto de exportación, esta la estrategia de seguridad para las mineras.

Habitantes de Chicomuselo se explican así el avance en la construcción de la nueva instalación del Cuartel Militar de la VII Región Militar del Estado en el Predio Piedra Blanca, con una extensión de 60 hectáreas para albergará un Batallón y una unidad habitacional.

“Por ello, denunciamos también la militarización de la región plagada de concesiones mineras”, señala Uriel Abarca.

Ante ello, la familia Abarca espera lleva a la justicia a los agresores de Mariano, mientras habitantes de la región continúan fortaleciendo sus procesos de resistencia contra el extractivismo, y tejiendo alianzas con otras regiones y grupos sociales.

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