Exige Frayba a Cámara de Diputados dictaminar sobre la ley contra la desaparición forzada en México

¿Dónde están?

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) urgió hoy a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que dictamine ya de forma inmediata la Ley general sobre desaparición de personas, esto para garantizar también la seguridad de las familias que luchan por encontrar a las víctimas de este delito.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Frayba reafirmó su compromiso en caminar al lado de las familias y pueblos que luchan día a día por encontrar a sus seres queridos, que hasta hoy, se encuentran en desaparición.

Durante los últimos 10 años, dijo que México ha experimentado un aumento acelerado en los índices de violencia y impunidad acompañados de un sistema de corrupción en todas las instituciones públicas del país.

Agregó el Frayba que la militarización de la seguridad ciudadana, atribuyendo a las fuerzas armadas roles que corresponden a las fuerzas policiales civiles, así como una política de confrontación contra el crimen organizado en el marco de “la guerra contra las drogas” y de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales en distintas partes del país, ha resultado en un incremento de la violencia y de violaciones a los derechos humanos, así como en mayor impunidad.

Ante ello, la desaparición forzada forma parte de la estrategia utilizada por el Estado mexicano para infundir terror a la sociedad y aniquilar experiencias de organización. Constituye una violación grave, continuada, a derechos humanos porque atenta contra la dignidad humana y afecta una diversidad de derechos como: a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento a la personalidad jurídica.

Para el Frayba, “en México su práctica sistemática e histórica significa un crimen de lesa humanidad”.

Y que en este contexto de crisis sistemática de los derechos humanos en México, la desaparición forzada de más de 30 mil personas es un hecho que indigna y duele.

Y que más de la mitad de las desapariciones han ocurrido durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.

En Chiapas, mencionó, los casos de desaparición forzada, en el contexto del Conflicto Armado Interno, a consecuencia de la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94, cometida por agentes estatales y de grupos paramilitares que operaron con apoyo, tolerancia y aquiescencia del Estado mexicano, se mantienen en la impunidad permitiendo condiciones para su repetición.

Esta “política contrainsurgente para acabar con la lucha por la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, ha provocado también ejecuciones extrajudiciales, masacres y el desplazamiento forzado en la entidad”.

Reseñó que en la zona norte de Chiapas, entre los años de 1995 a 1999, el grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia es responsable de 37 desapariciones forzadas; el 13 de noviembre de 2006 durante la Masacre de Viejo Velasco ejecutada por agentes policiacos y personas civiles, en presencia de Ministerios Públicos, fueron desaparecidos Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate López; el 4 de diciembre de 2011, Alonso López Luna fue desaparecido de su comunidad Banavil, municipio de Tenejapa, mientras su familia fue desplazada forzadamente.

Para el Frayba, “el Estado mexicano ha faltado a su obligación de realizar una búsqueda efectiva del paradero de las personas desaparecidas, impidiendo el derecho a la verdad como garantía negada a las y los familiares de saber qué ocurrió con sus seres queridos y proporcionar un recurso sencillo, rápido y eficiente que permita encontrarlos, lo cual constituye una forma de trato cruel e inhumano para las familias, la comunidad y la sociedad en general”.

El organismo defensor de los derechos humanos, urgió al Estado mexicano garantizar la seguridad de las y los familiares que luchan hasta encontrarlos.

De igual forma hizo suyo el reclamo de las familias, colectivos y organizaciones que exigen a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que dictamine de forma inmediata la Ley general sobre desaparición de personas.

Que es necesario que se quiten los obstáculos estructurales que generan condiciones para que este delito se cometa, tomando muy en cuenta el aporte de los familiares y de organizaciones civiles respecto a la prevención, investigación y sanción de las violaciones que se derivan de las desapariciones, garantizando el derecho a la verdad, la justicia y reparación del daño, así como garantizar su no repetición.

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