En 3 años 4 mil niñas chiapanecas de 10 a 14 años de edad fueron madres

 La entidad se ubica entre los primeros lugares de niñas-madres

Foto: César Martínez/Cimas Noticias.

Montserrat Antúnez Estrada

Chiapas, entidad que de 2012 a 2015 registró más nacimientos de niñas de entre 10 a 14 años, carece de un registro y trabajo gubernamental específico para atender, prevenir, sancionar y sensibilizar a la población y funcionarios públicos sobre la violencia sexual contra las niñas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) destaca que en este periodo se registraron 4 mil 166 nacimientos de niñas entre 10 a 14 años, en 44 de ellos tenían 10 años; en 63 tenían 11; mientras que en 226 y 796 casos eran menores de edad de 12 y 13 años respectivamente y en las de 14 años se presentaron 3 mil 37 casos.

Pese a estas cifras no existe un cruce entre cuántas de esas niñas presentaron embarazos producto de una violación.

Esto afirmó en entrevista la consejera de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Jennifer Haza Gutiérrez, y denunció que aun cuando desde 2016 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) decretó la Alerta de Violencia de Género (AVG) para siete municipios de la entidad el gobierno estatal “no mira a las niñas” pues no existen  medidas de prevención y atención a casos de abuso o violaciones  sexuales.

A ello se suma que instancias gubernamentales locales como la Procuraduría General de Justicia, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) e incluso la Secretaría de Educación Pública (SEP) “no trabajan de forma coordinada para contabilizar y atender los casos”, labor que el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) establece como obligatorio, mencionó la también directora de la organización Melel Xojobal.

Esta falta de transparencia en la información, afirmó Haza Gutiérrez, se extiende en el registro de todas las formas de violencia contra las niñas. “En las fuentes de información oficiales que nosotras consultamos no hemos encontrado registro de niñas menores de 15 años, ni siquiera la Conavim  incluyó datos de ellas en el informe que hizo para declarar la AVG”, señaló.

Por ejemplo, de 2010 a 2013 la Secretaría de Salud registró 234 atenciones a mujeres por violación sexual en un contexto familiar, pero se desconoce cuántos de esos casos fueron cometidos contra niñas. Además, las instancias de salud no cumplen lo establecido en la NOM-046 Violencia Familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención (NOM-046), que obliga a las instancias de salud a dar aviso a los ministerios públicos sobre los delitos cometidos contra las mujeres,  ya que no informan a los ministerios en 52.8 por ciento de los casos.

OBSTÁCULOS

La defensora de los derechos de la infancia con trabajo de más de 10 años y que desde la organización que dirige ha acompañado casos de abuso y violencia sexual, explicó que entre los principales factores que obstaculizan las denuncias está que los agresores suelen ser familiares, conocidos o personas de la comunidad; además, cuando las o los tutores de las menores de edad deciden denunciar se enfrentan a la negligencia y dilación de las autoridades.

“Más que acompañadas las niñas se sienten agredidas en las dependencias de salud y en los ministerios, no hay una atención cálida ni ambientes adecuados para ellas, las menores de edad son constantemente revictimizadas”, dijo Jennifer Haza y añadió que mucha de la información se da en castellano, lo que imposibilita que la conozcan las personas que solo hablan lenguas indígenas.

Además, en varios municipios es común que las autoridades estén  coludidas con los agresores. “En algunos casos las autoridades conocen las agresiones y advierten al culpable por lo que no lo investigan ni sancionan y constituyen un doble peligro para la niña y su familia”. El proceso para las niñas y familias que denuncian “muchas veces se vive como una amenaza adicional a sus vidas”, agregó.

Jennifer Haza destacó que urge también que la SEP se involucre para atender la violencia sexual hacia niñas pues a la fecha no hay ninguna estrategia, sanción o procedimiento que las escuelas tengan que seguir en caso de que su personal cometa estos delitos contra las y los menores de edad. “La educación pública no puede desentenderse de estos procesos y tendría que verse como un actor coadyuvante para atenderlos”, señaló.

La defensora de los derechos de la infancia, urgió a las autoridades locales a atender estos factores ante la constancia con la que se presentan estos casos. Tan solo en 2016 Melel Xojobal atendió y canalizó seis casos de niñas víctimas de abuso sexual y dos casos de violación en los que las menores tenían 11 y 5 años de edad.

En lo que va de 2017 la cifra aumentó pues se han atendido siete casos de violación sexual donde las niñas tenían entre 5 y 6 años; además registraron y acompañaron a tres niñas de 5, 7 y 13 años víctimas de abuso sexual.