Omisiones ante Alerta de Violencia de Género en Chiapas

Comunicado 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.- A más de medio año de haber sido ordenada la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para las mujeres de Chiapas, instancias del gobierno estatal incumplen en implementar las medidas urgentes para atender el grave incremento de actos violentos y feminicidios en la entidad.

El pasado 18 de noviembre de 2016 la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), comunicó a Manuel Velasco Coello, gobernador del estado de Chiapas, y a este Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC, (CDMCH), organización peticionaria de la AVG, la formal Declaratoria de AVG para implementar medidas urgentes de seguridad, prevención, justicia y reparación, así como visibilizar la violencia de género y mensaje de cero tolerancia a fin de garantizar a las mujeres y niñas el derecho a vivir una vida libre de violencia.

Sin embargo, como parte también de la Campaña Popular contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio, hemos denunciado el grave incumplimiento de los acuerdos básicos para avanzar en torno a la implementación de acciones que hemos discutido en tres sesiones ordinarias del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) del cual también formamos parte.

En ese sentido, como Centro de Derechos de la Mujer denunciamos particularmente las acciones y omisiones más recurrentes que seguimos documentado en nuestra labor cotidiana como Defensoras de Derechos ante las instancias encargadas de procuración y administración de justicia en Chiapas.

Omisión por parte de los Operadores del sistema a su deber de preservar la vida, la integridad física, los derechos e intereses de las mujeres en situación de violencia.
Debido a la falta de capacitación, voluntad, interés y negligencia de Fiscales, Peritos (as), Policías, Traductores (as), y Secretarios (as) de las unidades dependientes de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) observamos patrones comunes en el trato que dan a las mujeres que denuncian una situación de violencia, a saber:
a)    No existe un espacio adecuado para escuchar a la víctima de violencia, generalmente este procedimiento se realiza en el área de atención inmediata, que es un espacio abierto, carente de mobiliario y que revictimiza a las personas que acuden a interponer su denuncia inicial;
b)    El personal a cargo no tiene claridad de cómo actuar cuando una mujer se presenta a denunciar una agresión reciente, ya que esto implica canalizar de inmediato a los servicios de salud cuando existen lesiones físicas o bien la sospecha de daños no visibles que puedan generar riesgo para su vida y que requieren atención hospitalaria;
c)    No se realiza análisis de riesgos que permitan prevenir una nueva agresión a la persona o personas denunciantes;
d)    No se proporciona un trato digno y sensible a las víctimas ya que los servidores públicos siguen reproduciendo prejuicios que tienden a revictimizar y culpar a las mujeres;
e)    No hay atención inmediata y eficaz ya que se dilatan los trámites y no se brinda información sobre el procedimiento a seguir, los tiempos y recursos en la intervención, además de no proporcionarle a la víctima copia ni lectura y revisión de su declaración;
f)    Se deja de considerar que las mujeres indígenas para llegar a la agencia del Ministerio Público para denunciar o dar seguimiento a una investigación tuvieron que viajar o caminar por varias horas, por lo que no darles atención e información representa negarles el acceso a la justicia;
g)    Para la expedición de copias autentificadas se siguen cobrando sumas de hasta $400.00, siendo ello inaceptable tomando en consideración que las actuaciones de la Fiscalía ya no tienen el carácter de públicas;
h)    Observamos el no cumplimiento de parte de los cuerpos policiacos de las ordenes de protección otorgadas a favor de mujeres indígenas, y la omisión de la Fiscalía para exigir su cumplimiento;
i)    Es evidente en cualquier Fiscalía de Distrito, incluyendo las especializadas para población indígena y migrante, la falta de traductores así como la ausencia de capacitación para escuchar a las mujeres, adolescentes, niñas y personas con capacidades diferentes que han sido agredidas;
j)    La dilación injustificada en la presentación de peritajes a cargo de médicos (as), psicólogas y trabajadoras sociales;
k)    Falta de personal especializado y la puesta en marcha de protocolos de actuación para la atención de denuncias realizadas por niñas, adolescentes y personas con capacidades diferentes

Estos patrones de actuación y omisión son tan sólo algunos de los más comunes que observamos de manera sistemática, de manera directa por los casos que acompañamos hemos documentado estas faltas en Fiscalías como Bachajón, Yajalón, Ocosingo y San Cristóbal; de igual forma en otros Distritos, sin que la Fiscalía Indígena asuma su responsabilidad conferida, documentamos la negligente atención a población indígena de municipios como Salto de Agua, Palenque, Margaritas y Teopisca.

Omisión en la  aplicación del Protocolo de Actuación Operativa y Técnica en la Investigación de los delitos de Homicidio y Feminicidio.
A lo largo de estos más de 7 meses de haber sido declarada la Alerta de Violencia de Género para Chiapas, distintas organizaciones de Derechos Humanos, medios de comunicación y familiares de las víctimas hemos denunciado distintas acciones y omisiones por parte de las autoridades correspondientes para atender la violencia contra las mujeres y el feminicidio en la entidad no obstante vemos con suma preocupación que continúan las diligencias y tramites sin aplicar el Protocolo de Actuación Operativa y Técnica en la Investigación de los delitos de Homicidio y Feminicidio, así como las debidas diligencias para deslindar y/o probar que no se tratan de actos criminales.

De manera particular denunciamos la falta de información por parte de la FGE para dar a conocer el número, lugar, fecha y demás caracterizaciones de los feminicidios que se han investigado por lo menos a partir de noviembre de 2016 a la fecha, así como el número de denuncias que han recibido por violencia hacia las mujeres, adolescentes y niñas, y cuántas se han judicializado.

Como CDMCH, organización peticionaria de la AVG e integrante de la Campaña Popular contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, nos mantendremos atentas y vigilantes a las acciones que el Estado implemente para cumplir con su obligación de salvaguardar la vida e integridad de las mujeres en la entidad.