Interponen queja contra México ante la CIDH, por omisión en investigación de asesinato de líder ambientalista de Chiapas

Hay un creciente número de casos de criminalización y atentados a la vida perpetrados contra defensores y defensoras del territorio. Foto: Cortesía

Acusan a la embajada de Canadá y empresa minera Black Fire de estar involucradas

La familia de Mariano Abarca Roblero, asesinado el 27 de noviembre del 2009, interpuso una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que recomiende al gobierno mexicano la investigación del crimen apegada a derecho. Acusan a las autoridades mexicanas de actuar con dolo en las investigaciones sobre este hecho, para favorecer los intereses de la empresa minera canadiense Black Fire Exploration.

Black Fire posee la consesión para la epxlotación de la mina La Revancha, ubicada en el municipio chiapaneco de Chicomuselo, a cuya explotación se opuso Abarca Roblero. Canadá es el inversionista extranjero más importante en el sector minero mexicano, posee el 70% de las empresas mineras extranjeras que operando en México.

Los cuatro hijos y la esposa de Abarca, acompañados por las organizaciones Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), asociación chiapaneca Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), y MiningWatch Canada, presentaron ante la CIDH documentación relacionada con las amenazas, hostigamiento e intimidaciones físicas y legales que sufrió Mariano Abarca antes de su muerte, por parte de trabajadores y representantes de la empresa Blackfire.

Un gerente de la empresa minera lo acusó de asociación ilícita, crimen organizado y ataques a las vías de comunicación, entre otros delitos, por haber participado en un plantón pacífico en una vía de acceso a la mina La Revancha de junio a agosto de 2009.

El 17 de agosto, policías vestidos de civil lo detuvieron bajo arraigo por ocho días. Lo liberaron sin haber formulado cargo alguno, “pero las autoridades mexicanas nunca le hicieron caso, generando una situación de peligro y de permisibilidad que facilitó el crimen”, refieren los familiares en la petición ante la CIDH.

Empresas canadienses poseen concesiones mineras en Chiapas. Foto: Cortesía

Argumentan que estos elementos no fueron considerados por las autoridades ministeriales, ni por los  jueces que ordenaron la libertad de las personas que fueron detenidas y acusadas de participar en el homicidio, y quienes tenían relacionaes laborales con la empresa minera canadiense Blackfire.

Mariano Abarca era agricultor chiapaneco, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), encabezó el movimiento para exigir la cancelación de la extracción minera en su comunidad, por considerar que efecta de manera irreversible al ecosistema y a la salud de la población de la zona.

La organización MiningWatch Canada documentó que antes del asesinato del lider comunitario, y debido a las protestas de la población de Chicomuselo, la Embajada de Canadá en México estuvo realizando un cabildeo frente al Estado Mexicano para preservar los intereses de Blackfire.

“Esto abonó al conflicto social y pudo haber influenciado en la actuación del Estado Mexicano en el caso de Mariano”, señalan en la petición.

Para la familia de Mariano, habitantes de zonas donde opera la industria minera, y organizaciones defensoras del medio ambiente, hay un creciente número de casos de criminalización y atentados a la vida perpetrados contra defensores y defensoras del territorio.

Detallan que en América Latina entre 2000 a 2015, se registraron por lo menos 44 muertos, más de 400 heridos y más de 700 criminalizados en relación con 28 empresas en 13 países. Por ello piden la intervención de la CIDH.