Capturan a juez y cinco funcionarios más del Poder Judicial del Estado

Plaza Central de Bochil

Un juez y cinco trabajadores más del Poder Judicial del Estado (PJE) en la cabecera municipal de Bochil, fueron retenidos y trasladados hacia una comunidad en protesta por un fallo judicial de un tribunal de San Cristóbal de Las Casas que puso en libertad a una persona acusada de homicidio calificado.

El Juez Mixto de Bochil, Julio César Victoria Gómez y su personal, fueron sorprendido por cientos de campesinos que bajaron de la comunidad Llano Grande y llegaron hasta las oficinas del Poder Judicial del Estado en de la cabecera municipal ubicado en la Carretera Federal y 3ª. Sur en el Barrio Orizaba.

Tras tomar esas oficinas y bloquear sus accesos, y paralizar el trabajo del personal burocrático, los campesinos sólo dejaron salir a las empleadas y retuvieron a siete personas, entre ellos el juez mixto, dos secretarios de acuerdo, un defensor de oficio, un oficial de partes y un trabajador más, quienes fueron llevados a la comunidad Llano Grande, a bordo de varias camionetas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13 horas mientras el titular del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadena, celebraba con las mujeres burócratas el Día de Las Madres. La oficina de comunicación social de la dependencia aún no tenían mayor información al respecto, sólo dijo que se estaba ya instalando una mesa de diálogo en San Cristóbal de Las Casas para lograr la libertad de los detenidos.

Por su parte, el operador político en la zona por parte de la Secretaría General de Gobierno, Omar Molina Zenteno, tampoco dio detalles del incidente. Mientras tanto los siete funcionarios del Poder Judicial del Estado siguen en calidad privados de su libertad.

Este incidente está relacionado con una denuncia pública que lanzara hoy Diego Cadenas, Director del Centro de Derechos Humanos Ku»untik, quien dijo haber información esta mañana que gente de Bochil llegarían a sus oficinas en San Cristóbal para quemarla.

“Molestos por haber ganado juicio y conseguir la libertad de una persona que estaba injustamente presa de nombre Daniel Sánchez Hernández. Solicitó se pida al Secretario de Seguridad pública implemente medidas cautelares a nuestro favor, tanto para nuestras oficinas como a nuestras personas y familias”, dijo Cadenas Gordillo.

Cadenas Gordillo dijo que tras los oficios judiciales de este organismo defensor de los derechos humanos, se logró esclarecer que Sánchez Hernández era inocente de un crimen que no cometió y que dolosamente el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado le prefabricó el delito.

«Tras revisar el expediente y el proceso en el que fue detenido, el inculpado sólo eran un chivo expiatorio», dijo Cadenas Gordillo.

Indicó que tras la revuelta, podría estar ese mismo Ministerio Público que presto acudió a la comunidad Llano Grande que el juez había ordenado la libertad del indígena señalado injustamente.