«Péguenles una chinga», ordenó una operadora de Albores el sábado pasado

Implicados en agresiones a los periodistas

«Péguenles una chinga», fue la amenaza que lanzó la funcionaria de Prospera de la SEDESOL, Liliana Cabrera Urbina, operados política en el informe del senador Roberto Albor a Gleason, luego de que agentes de seguridad privada detuvieran ilegalmente, amenazaran de muerte y le robaran su equipo de trabajo a los periodistas Nehemías Jiménez y Jose David Morales Gómez.

Jiménez y Morales Gómez acudieron esta mañana a la delegación estatal de la PGR para interponer una denuncia penal en contra de sus agresores para que sea elevada a la Fiscalía para Periodistas de esta dependencia federal y se sancione a los implicados por el ataque del que fueron víctimas el pasado sábado 22 de abril

Los periodistas de Chiapas Sin Censura y Diario Meridiano 90, ingresaron al Estadio Zoque Victor Manuel Reyna donde empezaron a documentar en una transmisión en vivo de cómo miles de mujeres del programa gubernamental asistencialista Prospera de la Sedesol fueron llevadas bajo engaños a presenciar el informe del senador Roberto Albores Gleason.

Las mujeres indignadas se quejaron ante los periodistas que las hicieron madrugar y viajar durante varias horas desde sus comunidades para estar en ese evento político del también dirigente estatal del PRI, Albores Gleason. 

Los periodistas lograron que varias mujeres denunciaron el acarreo masivo de las beneficiarias del programa Prospera, lo que molestó a los operadores políticos del informe que dieron la orden a los elementos de seguridad privada para que los detuvieran y sacaran del estadio.

Pero antes les arrebataron su equipo de trabajo, los llevaron a empujones y por órdenes de Liliana Cabrera Urbina, los encerraron en el baño donde dijo: «péguenles una chinga». 

Fueron amenazados de muerte, de que no sabían con Quienes se estaban metiendo y que si se gastaban mucho dinero en ese evento, que no les importaba, que no era dinero de ellos sino «dinero del gobierno».

Tras humillarlos y vejarlos, los periodistas fueron sacados a empellones del estadio y entregados a una patrulla de la policía municipal por «alterar el orden público» dentro del estadio. Fue tras la intervención del propio Secretario de Seguridad Pública Municipal, Moises Grajales, como los reporteros fueron liberados y llevados hasta su vehículo que habían dejado cerca del estadio.

Además de Liliana Cabrera, los periodistas identificaron a Hiber Gordilo, representante del PRI ante el órgano electoral local, como otros de los operadores políticos que ordenaron que fueron agredidos. Además otras personas de nombre Jorge Humberto Aguilar, uno de apellido Dominguez y Héctor Rivera Ordoñez.

Los periodistas interpusieron denuncia penal ante la procuraduría estatal de justicia pero desconfían del proceder pues el fiscal Para Periodistas, Tito Rubín, es un priísta afín al grupo político de Albores Gleason.

La comisión estatal de derechos humanos dijo que abrió una queja de oficio, sin embargo los periodistas dijeron que irán a la CNDH porque de igual forma este organismo local está encabezado por Juan Oscar Trinidad Palacios, un ex dirigente estatal del PRI, afín también al grupo político de Albores Gleason. 

Periodistas, activistas y organismo no gubernamentales defensores de derechos humanos firmaron pronunciamientos públicos para condenar la agresión a los periodistas, y el manejo arbitrario de Prospera con fines políticos. Exigieron que los agresores sean sancionados conforme a derecho. 

SEDESOL dice que investigará uso de Prospera con fines políticos 

Este lunes, la delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Social, dijo que inició «una investigación a fondo con el propósito de esclarecer algunas irregularidades que presuntamente se cometieron en la organización de un evento, y en la que al parecer beneficiarias del programa Prospera fueron objeto de presiones para asistir a dicha reunión»..

Y que de estos hechos han dado cuenta algunos medios informativos. La investigación se llevará a cabo e incluirá los reportes que sobre el particular hayan realizado las promotoras de Prospera que conforman la Contraloría Social; del resultado de dicha investigación se mantendrá informada a la opinión pública.

La dependencia federal remarcó el compromiso que ha asumido con el bienestar de la población y con el combate a los rezagos entre los diferentes sectores sociales, por ello, señaló, se han redoblado esfuerzos para ampliar la cobertura de los mismos, de manera transparente y apegado a lo que establecen las normas de operatividad de cada uno de los programas que alberga la Sedesol.

Aseguró que todos los programas de apoyo social con los que cuenta se mantienen bajo una estricta vigilancia, conforme a los estatutos de operatividad del Gobierno de República, a fin de garantizar que los beneficios lleguen a quienes más lo necesitan, y contribuir a mejorar las condiciones de vida entre las familias que habitan las zonas de mayor vulnerabilidad.