Afectaciones en 164 mil hectareas en la región norte zoque de Chiapas, por extractivismo

Las Provincias Zoques. Foto: Saúl Kak

Organizaciones sociales campesinas, culturales y organismos defensores de derechos humanos denunciaron que más de 164 mil hectareas están en riesgo en la región Norte-Zoque de Chiapas ante la amenaza de las concesiones de pozos para la extracción de hidrocarburos y 11 concesiones a empresas mineras.

En una conferencia de prensa,  la comisión de Prensa y Propaganda de la Asamblea Estatal de Organizaciones Sociales, el Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas (MOPOR), el Centro de Lengua y Cultura Zoque A.C (CELALI) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas denunciaron que tras la embestida del gobierno federal con la reforma energética, se ha desatado en la región colindante de Chiapas con Tabasco y Veracruz, un proceso de despojo de la tierra y el territorio.

Explicaron que a partir de la aprobación de la reforma energética en el 2013, se legaliza que, en el tema de hidrocarburos, empresas privadas nacionales e internacionales puedan participar en los diferentes procesos de la industria, por lo que han ocurrido diversas situaciones con las rondas otorgadas por la Secretaría de Energía del gobierno federal (SENER)

Por mencionar dos de ella, en la ronda 1.3, el bloque conocido como Catedral fue concesionado al grupo Diavaz, propiedad de Pedro Aspe, quien fue Secretario de Hacienda de Carlos Salina de Gortarí y fue un fuerte impulsor de la reforma energética, siendo beneficiado por ella, ya que ahora puede adquirir bloques de extracción.

En diciembre de 2015 se concesionaron 5 campos petroleros pertenecientes al quinto campo, los municipios en los que se instalaran son: Reforma, Juárez, Pichucalco, Ixtapangajoya y Solosuchiapa, 3 de estos fueron asignados a una empresa canadiense, uno a una empresa mexicana que es sucursal de otra empresa canadiense y uno a una empresa mexicana.

En agosto del 2016, la SENER, dio a conocer el proceso de licitación que se denomina Ronda 2.2 para el concesionamiento de pozos de extracción de hidrocarburos en los estados costeros del Golfo de México, la cual se compone de 12 bloques, 2 de los cuales tienen impacto en el Estado de Chiapas.

Explicaron que el bloque 10, afectaría 42 mil 600 hectáreas de los municipios de Tecpatan, Francisco León y Ostuacan, con la finalidad de obtener aceite superligero y gas húmedo. Por otra parte, el bloque 11, afectaría 41,900 hectáreas de los municipios de Chapultenango, Ixtacomitan, Ixtapangajoya, Pichucalco, Solosuchiapa, Sunuapa y Teapa (Tabasco), para obtener aceite ligero y aceite superligero. En total, están en riesgo por despojo y contaminación ambiental 84 mil 500 hectáreas de territorio Zoque.

Esto aunado a las más de 80 mil hectareas de tierras que están amenazadas por las 11 concesiones mineras en esa misma región.

La superficie afectada en cada municipio indica una afectación que, parte de lo demográfico hasta lo más importante para el desarrollo de los pueblos indígenas, el equilibrio ambiental del territorio.

En el mes de septiembre de 2016 se llevaron a cabo asambleas en Tecpatan, Francisco León, Pichucalco e Ixtacomitan con autoridades comunitarias, encabezadas por los presidentes municipales y la Secretaría de Energía (SENER), las cuales fueron anunciadas como informativas, sin embargo,s sólo se han dado dichas asambleas en cuatro de los nueve municipios involucrados de Chiapas, según información dada a conocer por la SENER.

Durante el mes de octubre, por parte de la Secretaría de Energía, se visitaron comunidades del municipio de Tecpatan, Francisco León, Pichucalco e Ixtacomitan, para dar a conocer las características y condiciones del proceso de licitación. En términos de la SENER, estas fueron “asambleas informativas”.

Se agendaron posteriores visitas a las comunidades de los municipios de Francisco León y Tecpatan, para dar continuidad, las cuales ya no se realizaron y siguen sin realizarse hasta el momento.

Para el caso del municipio de Ixtacomitan, solo la comunidad de La Candelaria 2ª Sección está de acuerdo” para participar en el procedimiento de consulta a comunidades indígenas en relación al área contractual 11…” Y en caso contrario a las visitas que se han llevado a cabo en Tecpatan y Francisco León, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ha acompañado el proceso.

Juan Guerrero Hernández del MOPOR y Fermín Ledesma Domínguez, señalaron que estos acontecimientos violentan el protocolo de consulta que se debe establecer para proyectos de estas características, lo cual está asentado en la misma Ley de Hidrocarburos e incluso en normas internacionales.

Además, de que no se presentó previamente al proceso de licitación la Manifestación de Impacto Ambiental ya que, los proyectos como la extracción de hidrocarburos para que sean viables requieren el cambio de uso de suelo del territorio en el que se instalarían, por lo que las 84 mil 500 hectáreas que están en riesgo dejarían de estar destinadas a las actividades agropecuarias que sustentan la vida de los pueblos zoques y pasarían a un uso en el cuál las beneficiarias serían las empresas extractivas que dejarían tras de sí un paisaje desolador, por eso los denominamos: proyectos de muerte.

Explicaron que a partir de que se dio a conocer la Ronda 2.2 las comunidades que serán afectadas se han dispuesto a establecer un proceso de organización y articulación comunitaria frente al despojo del territorio que pretende hacer el gobierno federal, acompañado del gobierno estatal y de algunos de los gobiernos municipales de los pueblos zoques.

“Los megaproyectos extractivos representan muerte, por eso las comunidades anteponen los intereses colectivos para la sobrevivencia, pero también para defender su derecho a la autodeterminación, por lo que mediante movilizaciones, mítines, foros, conferencias de prensa, asambleas comunitarias y municipales, se ha determinado dar voz a los pueblos zoques porque son más las afectaciones que los beneficios de los proyectos de extracción de hidrocarburos”, dijo Guerrero Hernández.

Daños tales como desplazamientos migratorios, contaminación de suelo, agua y aire, pérdida de biodiversidad, desequilibrio ambiental, disminución de producción alimentaria, daño patrimonial y de salud pública.

“Solo por citar uno de los más graves daños que se cometerían, además del excesivo uso de agua que se requiere para cada pozo (se calculan 20 millones de agua), en caso de que alguno de los tubos que atravesarían los mantos freáticos se rompiese, generaría una contaminación de toda la red de mantos freáticos del subsuelo hasta por 60 kms. a la redonda”, agregó.

Expuso que para tal efecto, en el municipio de Chapultenango se han levantado cerca de dos mil firmas en 22 actas de asamblea de comunidades del municipio que se oponen a la extracción de hidrocarburos en su territorio, así como lo ha hecho Francisco León en sus siete ejidos que lo conforman y como lo están haciendo ya los municipios de Tecpatan e Ixtacomitan.

Las actas con las que se cuenta, ya han sido entregadas a instancias federales, así como legislativas para que se den los cauces necesarios y se dé cumplimiento a las exigencias de las comunidades que defienden su territorio.

Pidieron respeto a la “autoconsulta” entres las comunidades indígenas de los Pueblos Zoques. Rechazaron además otorgar el permiso para el proceso de licitación y por consiguiente del concesionamiento de los pozos de extracción de hidrocarburos que pertenecen al bloque 10 y 11, debido a que solo dejan pobreza; la llegada de la delincuencia organizada detrás de las empresas que ganan las licitaciones; pero principalmente por el daño ambiental y la división comunitaria, porque también se confronta a los pueblos.

Además emitieron una declaración por parte de los pueblos zoques como territorios libres de proyectos extractivos, que atentan contra los recursos naturales, como los hidrocarburos, minería, presas hidroeléctricas, centrales geotérmicas.

Dijeron que se hará entrega de copias de las actas ya recopiladas al Gobierno del Estado y a las presidencias municipales.

Manifestaron que para la defensa del territorio zoque procederán a hacer las denuncias correspondientes ante los tribunales por la omisión ante la falta de la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente, así como por las faltas que se están cometiendo en el proceso de información y consulta.

En este marco, denunciaron, que con la finalidad de intimidar a quienes se han dispuesto a la defensa del territorio zoque y de garantizar que se lleve a cabo el proceso de licitación, la activista Silvia Juárez Juárez, defensora del territorio zoque, fue detenida el pasado 21 de febrero y recluida en el Amate por los delitos fabricados de secuestro, daños y motín, ante lo cual, después de 35 días de estar recluida fue liberada el pasado 28 de marzo debido a que hubo un desistimiento de la acción penal por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado al considerar que no hay elementos que acrediten los delitos que se le imputan.

Pero que sus derechos humanos como defensora del territorio siguen siendo violentados por las restricciones jurídicas y políticas que pesan sobre ella, ya que no se le permite regresar a su lugar de residencia y porque el Juez de Control, César Rodríguez Flores, consideró que existen elementos para acreditar el delito de daños, por lo que aún está sujeta a proceso, siendo obligada a firmar cada 15 días.

Y por si esto fuera poco, el alcalde de Tecpatán, Armando Pastrana Jiménez, ha emprendido una campaña exigiendo a las autoridades de procuración de justicia que sea reaprendida.

Y que ante las amenazas de riesgo a su integridad y ante el hostigamiento que existe en contra de las y los defensores del territorio zoque, Silvia Juárez, no puede regresar a su hogar con su familia y quienes cuentan con orden de aprehensión, no pueden desenvolver su vida en plena calma.

Es por eso que demandaron la libertad incondicional de Silvia Juárez Juárez, por delitos que se le prefabricaron, así como la cancelación de las órdenes de aprehensión que existen en contra de quienes, como Silvia, defienden el territorio zoque.

Exigieron también que al ser defensores de derechos humanos y del territorio zoque, se tomen las medidas cautelares para garantizar la integridad física de Silvia y de todas y todos los que cuentan con órdenes de aprehensión.