Gobierno de Chiapas pidió disculpa pública a 25 campesinos violentados durante la administración de Juan Sabines Guerrero

«No puede hablarse de justicia y garantizar la no repetición de actos como el que nos hicieron, si no se fincan responsabilidades a los culpables». Foto: Chiapas Paralelo

La CNDH documentó que durante la administración de Juan Sabines Guerrero (2006-2012), los campesinos fueron detenidos injustificadamente, torturados y encarcelados; lo que representó una «criminalización de la protesta social».

En julio de 2010, policías estatales y personal de la Procuraduría de Justicia detuvieron a 24 integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (MOCRI-CNPA MN), cuando se manifestaban en los municipios Tecpatán y Comalapa, para exigir al gobierno estatal proyectos de desarrollo e indemnización por tierras afectadas por proyectos gubernamentales.

Tres meses antes, en abril de 2010, el dirigente de esa organización, Francisco Jiménez Pablo, fue detenido cuando encabezaba una protesta de campesinos de Chiapas en la Ciudad de México. Por solicitud del gobierno de Chiapas entonces a cargo de Juan Sabines Guerrero, el líder campesino fue enviado a un penal de alta seguridad en el estado de Nayarit.

Las recomendaciones 64/2011 y 11/2013 de la CNDH documentan que en ambos casos, los 25 detenidos -entre los que se encontraba una mujer, un menor de edad y cuatro ancianos-, fueron torturados.

El organismo humanitario señala que se cometieron violaciones graves a los derechos humanos de los detenidos. “Transgresiones a los derechos a la libertad de reunión, a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la libertad personal, así como al trato digno (…). Sus acciones (de las corporaciones policiacas y de procuración de justicia) representaron una criminalización de la protesta social”, detalla.

En ambas recomendaciones, la CNDH documentó los actos de detención arbitraria, tortura y encarcelamiento injustificado que contra los 25 campesinos cometieron, en coparticipación, personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), del Tribunal de Justicia y de la Procuraduría General de Justicia del estado.

La CNDH pidió entonces al gobierno de Chiapas la investigación y sanción a los servidores públicos responsables, e indemnización y reparación del daño a las víctimas.

Durante la administración de Juan Sabines Guerrero se criminalizó la protesta social. Foto: Chiapas Paralelo

La primera recomendación, la 64/2011 , no fue aceptada por el entonces gobernador Juan Sabines Guerrero, quien dejó el cargo en diciembre de 2012. Fue hasta la actual administración, de Manuel Velasco Coello, que el gobierno aceptó la primera recomendación, y la 11/2013.

Como parte de ello los 25 detenidos fueron liberados en 2013, y  este 08 de febrero –casi cuatro años después-, como parte de la reparación del daño que pidió la CNDH, el gobierno de Chiapas hizo un reconocimiento público de su inocencia y se les pidió una disculpa, en un evento presidido por el Secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda; y el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián.

Durante la ceremonia que se llevó a cabo en la sede del poder ejecutivo estatal, en nombre propio, del resto de los agraviados y sus familias, Francisco Jiménez Pablo agradeció el acto de “voluntad política” de la actual administración.

Sin embargo –dijo- no se ha investigado y fincado responsabilidades contra los responsables de los agravios. “El Procurador de Justicia, Raciel López Salazar, uno de nuestros principales agresores, sigue en el cargo donde lo dejó Juan Sabines Guerrero; y a él (Juan Sabines), el gobierno federal lo premió al nombrarlo Cónsul en Orlando, aún cuando se ha documentado la represión que ejerció en nuestra contra y en contra de miles de campesinos y personas que se atrevieron a realizar protestas públicas durante su mandato”.

“La disculpa pública de hoy es sólo una reparación parcial del daño que nos hicieron. No puede hablarse de justicia y garantizar la no repetición de actos como el que nos hicieron, si no se fincan responsabilidades a los culpables”, lamentó el líder campesino.

Los 25 agraviados y sus familias que también estuvieron presentes, hicieron énfasis en que además de lo anterior, no se ha dado solución a la problemática que dio origen a su protesta inicial; es decir, no se les ha indemnizado por las tierras afectadas por el taponamiento del río Grijalva, no se ha reubicado a las personas desplazadas por esta obra, y no se han implementado proyectos de desarrollo para sus comunidades.

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