A más de 20 años del inicio de la guerra de contrainsurgencia, recuerdan a los muertos y desaparecidos en la región chol

Los muertos de la contrainsurgencia…

En la zona norte de Chiapas el Estado mexicano implementó una estrategia de guerra contrainsurgente contra población civil, a través del plan de Campaña Chiapas 94, con el objetivo de eliminar bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, recordó esta noche el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

De 1995 a 1999 se formaron grupos paramilitares responsables de crímenes de lesa humanidad, que contaron con la preparación y protección de distintos niveles de gobierno. Desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y tortura sexual, así como detenciones arbitrarias que continúan en la impunidad.

Expuso el Frayba que familiares de las víctimas y víctimas sobrevivientes de la estrategia contrainsurgente operada en la zona norte de Chiapas, se reunieron en la comunidad de Susuclumil, Tila, el pasado 22 de octubre para denunciar la falta de justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el grupo paramilitar Paz y Justicia, con la complicidad y responsabilidad del Estado mexicano.

Denunciaron constantes hostigamientos, intimidaciones y persecuciones con órdenes de aprehensión injustas y citatorios, con amenazas de multas, por parte del sistema de administración de justicia en Chiapas.

Recordando a los desaparecidos

Es por ello que solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mantenga el seguimiento y determine la responsabilidad del Estado mexicano en las violaciones a derechos humanos cometidas en el contexto del Conflicto Armado Interno.

“A lo largo de estos 21 años, nos hemos enfrentado a la falta del acceso a la justicia, a los constantes hostigamientos, intimidación y persecución con órdenes de aprehensión injustas por parte de los procuradores y administradores de «justicia», quienes han actuado hasta hoy como protectores de los paramilitares, de la impunidad. Algunos de nuestros compañeros aún cuentan con órdenes de aprehensión por delitos prefabricados por el grupo paramilitar Paz y Justicia y convalidado por las autoridades gubernamentales”, dijeron indígenas choles familiares de las víctimas, sobrevivientes y desplazados.

“Hasta hoy, el gobierno mexicano se niega a reconocer su responsabilidad de las graves violaciones a derechos humanos cometidos por el grupo paramilitar Paz y Justicia, negando que somos víctimas del Conflicto Armado Interno entre los años de 1995 a 1999. Queremos dejar muy en claro que el conflicto en la zona baja de Tila, no fue un conflicto agrario, religioso o partidista, sino que fue una estrategia implementada para provocar el terror a la sociedad y acabar con el apoyo al EZLN. Las comunidades de la zona baja de Tila, ya se encontraban regularizadas antes del Conflicto Armado Interno iniciado el 1º de enero de 1994”, mencionaron en un documento enviado vía el Frayba.

Dentro de nuestras acciones por la verdad y la justicia para sus ejecutados y desaparecidos, demandaron desde el 2004 ante a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ocho casos que ejemplifican el terror que vivimos en la zona baja de Tila. Los casos son de Rogelio Jimenez López, Mateo Arcos Guzmán, Miguel Gutiérrez Peñate, Nicolas Mayo Gutiérrez, Sebastian Pérez López, Hector Pérez Torrez, Domingo Vázquez Avendaño y Minerva Guadalupe Pérez Torrez.

A lo largo de estos años han constatado, dijeron, la protección del Estado mexicano al grupo paramilitar Paz y Justicia, pues sus investigaciones nunca han sido eficaz para determinar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos.

Y que los únicos que permanecen presos son Samuel Sánchez Sánchez, Sabelino Torres Martínez, Diego Vázquez Pérez y Marcos Albino Torres Martínez obtendrán su libertad debido a la falta de pruebas y no poder ajustar hechos a la ley penal.

Que los responsables intelectuales de estos crímenes continúan gozando de los beneficios de la impunidad y los responsables materiales que no han ido a la cárcel se cobijan bajo el partido Verde, equipados con vehículos, con radios de comunicación y goce de sueldos en el Ayuntamiento municipal, con la finalidad de mantener el control político en las comunidades.

“Denunciamos públicamente que hasta hoy el gobierno mexicano a través de su instancia de «administración de justicia» nos sigue intimidando y hostigando, pues muchos de nosotros hemos recibido citatorios para careos con los presos y si no nos presentamos seremos objeto de grandes multas, así como ser obligados con el auxilio de la fuerza pública para presentarnos cuando hemos sido las víctimas directas e indirectas. De la misma manera el hostigamiento de familiares de Samuel Sánchez Sánchez, queriéndonos obligar a declarar con notificaciones de un día para otro”, dice la carta enviada desde la región chol.

Advirtieron que ellos no se no nos presentarán a ningún citatorio más, “mientras tanto el gobierno mexicano no investigue de manera eficaz los hechos y se determine los verdaderos autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos en la zona baja de Tila, porque las investigaciones hechas hasta hoy no han servido para nada, solo para proteger la responsabilidad del gobierno mexicano”.

“Mientras nuestro caso no tenga una respuesta por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no acudiremos a ninguna instancia mexicana, porque ya lo hemos hecho desde antes de que nuestro caso fuera presentado a la CIDH y el gobierno mexicano no nos escuchó, porque tenía su participación directa e indirecta en los crímenes de lesa humana cometidos en la zona baja de Tila y su objetivo era protegerse”, dijeron los indígenas choles.