Pide Frayba a la CIDH medidas cautelares para presa que fue torturada

Denuncian tortura

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emita medidas cautelares a favor de Patricia del Carmen Paniagua Gómez, una mujer presa cuya vida se encuentra en peligro tras la tortura a la que fue sometida cuando fue capturada.

De acuerdo con el Frayba, la mujer se encuentra recluida en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5, en San Cristóbal de las Casas, desde el 7 de abril de 2014.

El organismo refirió que Patricia es sobreviviente de tortura física y psicológica, realizada por hombres armados en presencia de agentes del Ministerio Público durante su detención arbitraria en Teopisca, y luego en la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Homicidio y Feminicidio, ubicada en esta capital.

Agregó que a los tres meses de haber ingresado a prisión fue diagnosticada con diabetes mellitus, una enfermedad crónico-degenerativa que le ha generado somnolencia y fatiga, entre otras afectaciones.

Señaló que las autoridades penitenciarias del CERSS No. 5 no le han brindado la atención médica adecuada, ni los medicamentos necesarios para controlar su enfermedad, pese a las denuncias y solicitudes que ha hecho la misma interna.

La agraviada presa

Según el informe médico del especialista en atención a sobrevivientes de tortura, entre las causas que detonaron la enfermedad resalta el estrés postraumático por la tortura, así como las condiciones de reclusión que afectan el buen control metabólico de las personas que cursan esa enfermedad y la prevención de complicaciones.

Ante la inadecuada e insuficiente atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, “hay un descontrol metabólico y una persistencia de síntomas psiquiátricos que afectan de manera negativa” el estado de salud general que ponen en riesgo inminente la vida y la integridad física y psicológica de Patricia, ya que en cualquier momento puede caer en un coma diabético y/o perder la vida”, puntualizó el Frayba.

Por ello, solicitó medidas cautelares ante la CIDH “por el riesgo inminente a la vida y daños irreparables” para la interna, y urgió al Estado mexicano a adoptar sin dilación las medidas que salvaguarden la salud física y mental para Paniagua Gómez.

Asimismo, que tome en cuenta los derechos de las personas detenidas y las reglas mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas con énfasis en los derechos consagrados en la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem Do Para).

“De manera urgente se debe brindar atención médica adecuada e integral de segundo o tercer nivel para el seguimiento de la diabetes mellitus tipo 2 de Patricia del Carmen Paniagua Gómez”, insistió el Frayba.

Y señaló que por las condiciones de hacinamiento debe considerarse la excarcelación por motivos de salud, debido a que la reclusión afecta de manera negativa el seguimiento, prevención y tratamiento de posibles complicaciones.

El 7 de abril de 2014, Margarito Benjamín Zolano González fue detenido en la cabecera municipal de Teopisca junto con Patricia del Carmen Paniagua Gómez y María del Rosario Zolano González, sin que se presentara una orden de aprehensión.

Las tres personas fueron torturadas y acusadas de la muerte de Manuel Velázquez Hernández, líder de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP), cuyo cadáver fue hallado en el basurero municipal de Teopisca el 18 de febrero de 2014.

“La detención arbitraria y la tortura de Patricia del Carmen Paniagua Gómez se da en un contexto de sistemáticas violaciones a derechos humanos en contra de población vulnerable. En el mismo mes de abril de 2014, en el municipio de Teopisca, se detuvo arbitrariamente a David Hernández Gómez y Margarita Gómez López, a quienes les dictaron sentencias condenatorias bajo pruebas ilícitas y graves violaciones al debido proceso. En este caso también hubo tortura para obtener una declaración autoinculpatoria”, subrayó el Frayba.