Joven chiapaneco confundido con migrante centroamericano lo desapareció el INM

Desaparecido por el INM

Organizaciones civiles, representantes de la diócesis de San Cristóbal de las Casas y familiares de Maximiliano Gordillo Martínez denunciaron la inoperancia de la PGR en la localización del joven chiapaneco desaparecido forzadamente por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) hace tres meses, y quien se suma a la lista de 150 chiapanecos migrantes desaparecidos.

En conferencia de prensa, los denunciantes acusaron el encubrimiento de los responsables de la desaparición forzada por parte de las autoridades del INM, a cargo del comisionado Ardelio Vargas Fosado, quien “mantiene un estricto control de sus subalternos, por lo que todo que todo aquello ejecutado por cualquier agente migratorio es responsabilidad suya”.

Antonia Martínez López, Arturo Gordillo López y Natalio Gordillo López, padres y tío de Maximiliano, de 19 años, exigieron la presentación con vida del joven chiapaneco, quien salió de Tzinil, comunidad del municipio de Socoltenango, al despuntar el alba del 7 de mayo de este año, rumbo a Playa del Carmen, Quintana Roo, y fue bajado del autobús en el que viajaba en la caseta migratoria de Chablé, Tabasco, por agentes del INM, quienes lo señalaron de ser guatemalteco pese a presentar su acta de nacimiento y su CURP.

Gordillo López señaló que la detención de Maximiliano le fue narrada el 8 de mayo por un paisano que viajaba con él rumbo a Playa del Carmen y fue dejado en libertad por los mismos agentes migratorios, quienes al soltarlo le advirtieron que si no se retiraba de inmediato, sería acusado de “pollero “ y “mandado a la grande”.

Ese mismo día, el padre del joven se dirigió tanto a la caseta de Chablé como a la estación migratoria de Tenosique, donde le fue negado el paradero de su hijo, aparte de que se “burlaron” de él y sus acompañantes, entre ellos miembros de la Iglesia católica que acudieron al lugar a hacer oración y constaron que había personal armado en la caseta.

Natalio Gordillo lamentó que su sobrino haya sido retenido por personal del INM, por ejercer su “derecho a migrar y buscar trabajo, porque en la comunidad todos somos pobres”.

Enrique Vidal Olascoaga, de Voces Mesoamericanas, informó que este caso ha sido denunciado ante la delegación de la PGR de Tabasco, pero la dependencia que “se ha negado a trasladarlo a la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, lo que ha retardado la investigación”.

Vidal explicó que su organización tiene un registro de 150 chiapanecos desaparecidos en condiciones de migrantes hacia Estados Unidos, en tanto que el albergue de Tenosique La 72, lleva un registro reciente de al menos cuatro secuestros masivos de migrantes, sin que existan investigaciones serias al respecto.

También apuntó que la desaparición forzada de Maximiliano ha sido motivo de medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el caso ha sido notificado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en tanto que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU solicitó información al respecto al Estado mexicano.

Pese a las acciones judiciales y ante organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, Enrique Vidal señaló que el INM ha negado haber retenido a Maximiliano y ha obstaculizado la investigación incluso a la PGR y CNDH.

“El INM no nos ha entregado a nosotros, ni a la CNDH ni a la PGR, la lista de los funcionarios que se encontraban ese día en la caseta; han negado la lista de las personas que fueron aseguradas el 7 de mayo, tampoco han entregado las videograbaciones de la caseta”, señalo Vidal, quien advirtió que en ocasiones anteriores “el INM ha destruido y alterado documentación que prueban sus abusos”.

El defensor contó que contactaron al consulado de Guatemala para verificar si el joven fue deportado al país del sur, pero éste no fue localizado. “Revisamos las listas y los videos, por si se le hubiera deportado con otro nombre, pero no encontramos nada”, apuntó.

Por la forma “militarizada” que operan los agentes del INM, por el contexto de “connivencia de la delegación del INM en Tabasco entre funcionarios públicos y delincuencia organizada”, Vidal consideró como posibles hipótesis del destino de Maximiliano que la caseta de Chablé sea un sitio utilizado por la delincuencia organizada para reclutar forzadamente a los jóvenes, o que “haya sido torturado y se les pasó al mano”.

El sacerdote José Luis Bezares Selvas, de la parroquia de Santa Cruz de Socoltenango, perteneciente a la diócesis de San Cristóbal de las Casas, explicó que no ha sido el único caso de detención arbitraria de chiapanecos por parte del INM.

“Hemos tenido conocimiento por jóvenes de varias comunidades que, llegando a la caseta de Chablé, los jóvenes son detenidos dizque por ser guatemaltecos, incluso aquellos que llevan sus credenciales de elector son víctimas de detención arbitraria”, contó el religioso.

Añadió que recientemente conoció de un caso en que cinco familiares fueron detenidos y que uno de ellos hizo una llamada telefónica y pudieron ser rescatados por sus familiares, en tanto que a otros “les piden 200 pesos para soltarlos, aun con documentación en regla, pero la mayoría no quiere denunciar; en este caso el joven que fue testigo denunció ante la PGR, pero ya no ha querido ratificar la denuncia”.

Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, destacó que de las decenas de casos de desaparición forzada que ha documentado la organización, “el de Maximiliano es de los pocos que están totalmente comprobados, porque hay testigos, el joven que denunció y quienes iban en el autobús y vieron cuando los agentes del INM bajaron a entre seis y siete personas, además de que la denuncia se hizo de manera inmediata”.

Tras señalar que ha tenido conversaciones con el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián, para tratar el caso, Faro Navarro apuntó que la desaparición forzada de Maximiliano Gordillo Martínez es “una muestra evidente de la política de discriminación del INM, que ha convertido a Chiapas en la frontera de Estados Unidos”.

Luego consideró que “alarma el encubrimiento de los funcionarios responsables de la desaparición por parte del INM, por lo que responsabilizamos al Estado mexicano de la política de discriminación y exterminio de los pueblos originarios, no sólo de Chiapas, sino del corredor Mesoamericano”.

Sin dejar de lado que la cabeza del INM y por tanto responsable de la actuación de sus subalternos es Ardelio Vargas Fosado, en la conferencia de prensa los denunciantes dieron cuenta de una lista de posibles involucrados, a partir de sus propias investigaciones.

Entre ellos están los agentes del punto de revisión de Chablé, Tabasco, Rubén Silva Silva, agente federal de Migración “C”, y Oscar Benjamín Castillo Pavón Carbonell, coordinador de Unidad de Áreas de Servicios Migratorios; el delegado del INM en Tabasco, Eduardo Silvestre Hernández Dighero; el subdelegado Marco Antonio Cuéllar García; el delegado local en Tenosique, Santiago Castro Rodríguez; el subdirector de Control y Verificación Migratoria, Carlos Lara Pulido; la subdirectora de la Estación Migratoria en Tenosique, Cyndi Carolina Escobar Vera, así como la jefa del Departamento de Operación, Seguridad y Custodia en Tenosique, Lorena del Carmen Hernández Ramón.

A escala federal, los denunciantes consideraron que tendrían responsabilidad en la desaparición forzada el director general de Control y Verificación Migratoria, Mario Madrazo Ubach; el director general de Coordinación de Delegaciones, Segismundo Doguín Garay, y el titular del Órgano Interno de Control, César Larriva Ruiz.