Reinstalan bloqueo en San Cristóbal, Chiapas

Maestros y sociedad civil reinstala bloqueo. Foto: Saúl Kak

Algunas horas después de ser desalojados, maestros, padres y madres de familia, e integrantes de organizaciones sociales, reinstalaron el bloqueo carretero en la entrada a la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

La jornada de violencia contra maestros y ciudadanos que se oponen a la reforma educativa y las llamadas reformas estructurales, tuvo el pasado miércoles dos momentos violentos.

El primero fue cuando un grupo de choque -que según el gobierno de Chiapas estaba formado por indígenas de San  Juan Chamula- desalojaron a maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y a integrantes de la sociedad civil, del bloqueo carretero que mantenían en la entrada a la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

La agresión fue alrededor de las 12:30 horas,  cuando este grupo llegó portando armas de fuego, palos y piedras, al campamento que maestros y activistas mantenían desde el pasado 27 de junio. Con ellos iban unos 200 policías municipales y estatales.

“Entraron portando armas de fuego, palos y piedras. Empezaron a golpear a las mujeres que estaban preparando la comida, a destruir las casas de campaña, a las que les prendieron fuego. Nosotros nos replegamos y nos concentramos en la plaza de San Cristóbal”, explicó Eréndira López, maestra rural.

Los agresores dispararon las armas que llevaban, lo que motivo que los manifestantes corrieran para refugiarse en las las montañas y la casas cercanas, hasta donde los persiguieron, dejando un saldo de al menos 30 personas herida, entre ellos Rumualdo Guadalupe Urbina Estrada, maestro de San Andrés Larráinzar; Jorge Alberto Fonseca, maestro de Teopisca; y la reportera local Rodríguez, a quien le impidieron documentara los hechos. Los tres fueron llevados al hospital de San Cristóbal.

Mientras los agresores perseguían a los maestros y activistas, destruían y quemaban su campamento, los policías dispararon gases lacrimógenos en la zona.

Para el gobierno de Chiapas se trató de “un operativo disuasivo para evitar la confrontación entre habitantes de San Juan Chamula y manifestantes de la CNTE”. El mismo documento añade que los indígenas de Chamula se presentaron al bloqueo “para dialogar pacíficamente y solicitar el libre tránsito de ciudadanos, comerciantes y transportistas”, dio a conocer en un comunicado de prensa.

Tras el desalojo, maestros y organizaciones sociales se refugiaron en el centro histórico de San Cristóbal de las Casas. Ahí permanecieron durante un par de horas, hasta que llegaron a la zona integrantes un grupo de jóvenes con el rostro cubierto con paliacates, a quienes pobladores y maestros ubicaron como integrantes de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de los Altos de Chiapas (ALMETRACH), una organización que se ha confrontado en diversas ocasiones con el movimiento magisterial. Su llegada obligó a maestros y activistas a retirarse del lugar.

Entonces se dio el segundo acto de violencia. Mientras maestros y activistas se retiraron amenazados, este grupo se dedicó a destruir las instalaciones de lo que será el Museo de la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, y comercios cercanos. En este hecho que duró un par de horas, ningún cuerpo policiaco intervino. Fue hasta que se retiraron los agresores, que llegó un destacamento de uniformados al lugar.

“Es la gente de Narciso (Ruiz, dirigente de la ALMETRACH), mandado por el presidente municipal (Marco Cancino) y el gobierno estatal y federal. Ellos son los que están causando el desorden en San Cristóbal y enardeciendo al pueblo”, señaló el dirigente de la CNTE en la región, Adalberto Hernández Rabanales.

En tanto, los maestros y activistas realizaron un marcha y regresaron a la entrada de la ciudad. Volvieron a instalarse en la carretera, en la zona cercana a donde tenían instalado el campamento antes del desalojo. Aseguraron que permanecerán en este lugar, y que ahora su bloqueo será permanente

Por la noche, el gobierno estatal emitió un segundo comunicado donde el secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda insistió en la presencia policiaca durante el desalojo “obedeció a razones de seguridad para evitar cualquier confrontación y por solicitud de medidas cautelares de organismos de Derechos Humanos”.

Añadió que el gobierno se deslinda de los hechos de violencia y -dijo- ha ordenado una investigación para determinar responsabilidades en lo ocurrido.

Organizaciones defensoras de derechos humanos acusaron al gobierno de provocar las agresiones; líderes religiosos condenaron el desalojo.