Congreso de Chiapas negoció bloquear matrimonio igualitario por apoyo de evangélicos contra la CNTE

COMUNICADO

Una pareja en un gran beso en el marco de la Primera Marcha del Orgullo Gay realizado en Tuxtla Gutiérrez, Chiaas. Foto: Isaín Mandujano.

“Es inadmisible que desde el Poder Legislativo se negocie con los Derechos Humanos a cambio de favores políticos”, lamentó la asociación civil Unidos Diferentes (UDAC), tras las acciones emprendidas por el Congreso de Chiapas, bajo el control de Eduardo Ramírez Aguilar, para evitar de manera arbitraria que la reforma de matrimonio igualitario sea presentada, discutida y aprobada.

En un comunicado de prensa, la UDAC denunció prácticas anómalas al interior del legislativo estatal como las constantes reuniones privadas con la asociación de iglesias evangélicas para establecer acuerdos políticos que permitieran hacer intercambio de favores, poniendo a negociación asuntos exclusivamente relacionados con el reconocimiento de los Derechos Humanos.

“Se nos ha informado sobre las constantes reuniones que se dieron entre el las agrupación evangélicas de Chiapas, el Presidente del Congreso y la Comisión de Asuntos Religiosos para acordar el intercambio de favores políticos. Ahí, nos han señalado, lamentablemente el Presidente del Congreso se comprometió a no dejar pasar la reforma de matrimonio igualitario si los asociaciones evangélicas comprometían su apoyo en torno a las acciones contra la CNTE”.

UDAC destacó que los hechos señalados fueron ratificados el día de ayer por la misma presidenta de la presidenta de la Comisión de Asuntos Religiosos, María Concepción Rodríguez Pérez, quien admitió públicamente las reuniones privadas con agrupaciones religiosas evangélicas como Consejo Estatal  de Iglesias Evangélicas, la Confraternidad de Chiapas A.C., y las diferentes agrupaciones  de pastores, Iglesias y Ministerios de Chiapas.

En este contexto Unidos Diferentes Asociación Civil exigió al legislativo estatal, especialmente a su presidente Eduardo Ramírez Aguilar, no mezclar asuntos políticos y religiosos con un tema que compete exclusivamente a los Derechos Humanos y la aplicación de lo ya establecido por las Constitución Mexicana y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).