Mujeres denuncian hostigamiento paramilitar en Chiapas

Chiapas, la frontera sur de México, está integrada por una gama de verdes, que al mismo tiempo de dar vida a la biodiversidad más importante del país, también alberga movimientos de resistencia, organización y lucha social, los cuales al representar una amenaza para el modelo neoliberal vigente, buscan ser eliminados mediante grupos paramilitares.

En uno de los territorios más fértiles de la nación, paradójicamente se asienta una población que a diario se debate entre comer o no comer, y que ante la atención sólo mediática que el gobierno le da, ha encontrado como forma de sobrevivencia la organización colectiva y la producción comunitaria.

Rosa Morales Díaz, joven tzeltal de la comunidad de El Carrizal, (municipio de Ocosingo), es claro ejemplo de los sinsentidos que se viven en la entidad: hace un mes el grupo paramilitar “Los Petutes” asesinó a su esposo y la dejó a ella –con apenas 25 años de edad– al cuidado de tres menores de edad, y sin tener certeza de cómo conseguir recursos para ellos.

Cargando a uno de sus hijos en la espalda y sujetando en cada mano a los otros dos, Rosa Morales visitó las instalaciones de Cimacnoticias para contar –como su poco español se lo permitió– su exigencia de justicia ante el asesinato de su esposo, y el cese de la hostilidad contra su comunidad.

MILITARIZACIÓN: ESTRATEGIA DE CONTROL

La presencia del Ejército en Chiapas, según estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comenzó en los años 70, cuando la entidad se convirtió en asunto nacional ante el repunte de la insurgencia guerrillera en la vecina Guatemala.

En los años posteriores, los cercos militares se incrementaron, llegando a concentrar a más 10 mil soldados que tenían como misión reprimir los brotes de violencia de campesinos indígenas en demanda de tierras.

Las primeras horas de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) irrumpió en el escenario nacional y declaró la guerra al gobierno y al Ejército mexicanos, en demanda de trabajo, salud, vivienda, tierra, democracia, justicia y dignidad.

El Estado mexicano emprendió entonces una guerra de contrainsurgencia e integró grupos paramilitares, que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas describe como “organizaciones ilegales de personas que utilizan la violencia y el terror para debilitar la oposición armada y civil, y lo hacen apoyadas por agentes del Estado, a través recursos económicos y militares, entrenamiento, protección e impunidad”.

La comunidad de El Carrizal es víctima de esa estrategia. Ubicada en Ocosingo –la entrada a la Selva Lacandona–, en esa localidad nacieron Rosa María y sus tres hijos, producto de su matrimonio con Héctor Sántiz López, hijo de Ramiro Sántiz, uno de los líderes de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (OCEZ-FNLS).

Con el apoyo del Comité Cerezo-México, así como de su cuñado, Ramiro Sántiz López; su cuñada, María Sántiz López, y Carlos Damián Martínez Ramírez, integrante del FNLS, Rosa María se trasladó al DF para contar su historia y la de su comunidad.

ENTRE MILITARES Y LA RESISTENCIA

El Carrizal se fundó en 1983, cuando campesinos tzeltales hicieron una de las primeras recuperaciones de tierra en Ocosingo. Para sobrevivir, la comunidad se organizó para la compra de ganado y la producción agrícola para el autoconsumo. Pero el asedio constante del gobierno contra la población finalmente logró que varios de sus habitantes se corrompieran, dijo Ramiro Sántiz López.

Quienes cedieron a las presiones del gobierno “solitos se fueron de la comunidad” y fueron acogidos por las autoridades. Con el tiempo se sumaron a los grupos paramilitares.

A partir de 2012, el grupo paramilitar “Los Petutes” se ubicó en la entrada principal de El Carrizal, tomando tierras de la comunidad e instalando un campamento en Cuxuljá-Altamirano, con lo que cerraron la entrada y salida hacia la cabecera de Ocosingo

“Para salir de la comunidad tenemos que rodear la zona; son como 40 minutos caminando. Los maestros dejaron de ir a la escuela bilingüe que con mucho esfuerzo logramos construir en la comunidad”, contó con tristeza Rosa Morales, quien durante la entrevista se entretenía viendo a su sobrina de cinco años haciendo dibujos en una hoja de papel.

El poder e impunidad de “Los Petutes” fue en aumento. En pocos meses lograron tener luz eléctrica y beneficiarse de programas sociales como Sin Hambre y Prospera.

El pasado 26 de septiembre, en solidaridad por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, un grupo de habitantes de El Carrizal salió a manifestarse.

Mientras unos se movilizaban, una comisión se quedó a trabajar la tierra. A mediodía, Emilio Morales Díaz, integrante de la OCEZ-FNLS, volvía de su parcela, cuando vio a Jesús Sántiz López, integrante de “Los Petutes”, quien le disparó.

Emilio resultó herido en el rostro y fue trasladado al “20 camas”, como los pobladores llaman al Hospital Comunitario de Ocosingo. Ahí lo “medio” atendieron, porque “hasta la fecha mi papá no puede masticar bien y le duele la herida para abrir la boca”, contó su hija Juliana Morales Sántiz, quien también forma parte de la comisión que se trasladó al DF para exigir justicia.

Tres días después de esa agresión, el 29 de septiembre, la OCEZ- FNLS intentó salir de la comunidad para apoyar a sus compañeros de Altamirano ante el acoso de los paramilitares. “Íbamos en tres autobuses y cuando pasamos frente al campamento paramilitar nos rafaguearon. Como pudimos, regresamos a El Carrizal. Cuando nos reagrupamos, nos dimos cuenta de que Héctor, mi hermano, no estaba”, relató Ramiro Sántiz López.

Luego de que el cuerpo de Héctor fuera visto “tirado en la carretera frente al campamento”, se integró una comisión de cuatro mujeres que fueron a pedir a “Los Petutes” que entregaran los restos, pero los paramilitares accedieron hasta el día siguiente.

“Este perro se debe podrir aquí”, dijo Pedro López a quienes el pasado 1 de octubre fueron a intentar recuperar el cuerpo, sin que ninguna autoridad se hiciera presente.

Tras la respuesta, la comunidad acordó ir hasta San Cristóbal de las Casas para que las autoridades intervinieran en la recuperación del cuerpo. Hasta las seis de la tarde de ese día, los restos de Héctor pudieron ser trasladados a Ocosingo.

Un día después, el cuerpo fue entregado a la familia, pero sin acta de defunción o documento alguno.

Ante la injusticia y con el dolor presente, la familia acudió al Ministerio Público de Ocosingo, para denunciar el asesinato de Héctor. Su impotencia se incrementó cuando en las instalaciones del MP se encontraban “Los Petutes”.

“El MP no quiso levantar la denuncia; nos dijo que Héctor era guerrillero y que además los delincuentes éramos nosotros. En ese momento nos enteramos de que varios de los compañeros tienen órdenes de aprehensión y están acusados de delitos como obstrucción a las vías de comunicación”, relató Carlos Damián, quien apoya a la familia de Héctor a expresar mejor las ideas que ellos sólo logran fluir en idioma tzeltal.

“SÓLO EXIJO JUSTICIA”

Sin lograr entender conceptos como Derechos Humanos o reparación del daño, porque no hay traducción al tzeltal de esos conceptos occidentales, Rosa pidió a sus acompañantes que digan en español que ella exige justicia, y que no volverá a su comunidad hasta que se emprendan acciones para erradicar al grupo paramilitar.

Rosa denunció que el gobierno de Chiapas nunca ha querido escucharlos, por lo que dijo no confiar en ninguna de las autoridades.

El miércoles pasado la mujer entregó a la Secretaría de Gobernación un documento (elaborado por el Comité Cerezo) en el que resume el caso de su esposo y el contexto de pesadilla que se vive en El Carrizal. Pero su petición apenas llegó a la oficialía de partes.

Rosa Morales y su familia, acostumbradas a la resistencia en las peores condiciones, dijeron que permanecerán en esta ciudad hasta que haya una respuesta clara para proteger a su comunidad, y una voluntad real de las autoridades para investigar el asesinato de su esposo.