La frontera vertical que sofoca migrantes

Frontera Sur. Foto: Moysés Zúñiga

Hace más de un año surgió el Programa Frontera Sur. El resultado ha sido el endurecimiento de fronteras y el aumento en la deportación de migrantes. En este tiempo, el gobierno mexicano no ha podido comprobar con documentos la intención y origen del programa. En el Camino indagó en antecedentes políticos de la región y pudo hilvanar cómo detrás está el plan de Estados Unidos de extender su frontera a otro río, al Suchiate

Por Ángeles Mariscal y Eileen Truax/En El Camino

Es junio de 2014. Una comitiva de funcionarios de Estados Unidos, vinculados a las fronteras y la seguridad nacional e internacional, recorrieron la frontera entre México y Guatemala. Viajaron desde su país con el argumento de “enfrentar problemas de seguridad que afectan a nuestras comunidades”.

La comitiva estaba conformada por el entonces embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, el jefe del Comando Sur del Departamento de Defensa de ese país, John Kelly y el secretario de Seguridad Interna, Jeh Johnson.

Parecía una visita diplomática más. Pero el recorrido de los funcionarios fue un paso más en el camino que desde hace ocho años echaron a andar: la creación de una nueva frontera estadunidense, ajena a la geografía y más cercana a la seguridad interna de esa nación.

La “Frontera del Siglo XXI”, como le llaman los norteamericanos, comenzó a idearse en el 2007 con la Iniciativa Mérida y su más reciente efecto en la región fue el Programa Frontera Sur, puesto en marcha por Enrique Peña Nieto, y el Plan para la Prosperidad, por los países de El Salvador, Guatemala y Honduras.

El presidente mexicano no ha podido explicar el origen o el sustento de este proyecto. En el camino realizó varias peticiones de información al gobierno para conocer el documento sustente tal programa, que se ha traducido en un embudo que obstaculiza cada vez más el paso de migrantes por el territorio. No existe tal papel. Lo único evidente es el bloqueo de fronteras.

Así, el límite fronterizo de Estados Unidos ya no es una línea horizontal que corre sobre el Río Bravo. En 8 años se ha convertido poco a poco en una línea “vertical” que busca contener la migración desde otro río, más de 3 mil kilómetros al sur: el Suchiate que divide a México con Centroamérica.

En palabras del investigador Daniel Villafuerte, investigador del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el Programa Frontera Sur es “una frontera vertical que va desde el sur hasta el norte. Se va filtrando la migración hasta que llegue lo mínimo”.

Sin origen claro

La visita de los funcionarios de seguridad de Estados Unidos ocurrió un par de meses antes de implementarse el Plan Frontera Sur.

En lenguaje diplomático, un comunicado informó sobre la colaboración entre países, pero parecía más bien un cobro del vecino del norte a México por los 3.5 millones de dólares entregados a través de la Iniciativa Mérida para incrementar la seguridad en la frontera sur.

Un mes más tarde, el gobierno mexicano anunció el Programa Frontera Sur, sin que existiera de por medio ningún cabildeo legislativo o proyecto escrito.

El Programa se anunció el 7 de julio de 2014 en presencia de los mandatarios de México y Guatemala, Otto Pérez Molina, con la promesa de “proteger a los migrantes que entran a México, y construir puertos de entrada en la frontera que promuevan la seguridad y la prosperidad en la región”.

En el Camino realizó solicitudes de información a cada una de las dependencias del gobierno mexicano involucradas en el programa. Pidió el diagnóstico previo que le dio origen, su balance de trabajo y su proyección futura. La Secretaría de Gobernación, responsable de su aplicación, respondió a cada una de las preguntas que “en los archivos de la Coordinación Para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, no existe documento alguno que pueda dar respuesta a dicha solicitud”.

Por su parte las secretarías de la Defensa, de Salud, de Desarrollo Social, de Hacienda, Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría General de la República (PGR), sugirieron canalizar la petición a Segob.

Sólo la Secretaría de Marina (Semar) respondió parcialmente a la solicitud, indicando que “el gobierno de la República decidió implementar un programa de seguridad atención integral a la frontera sur, que resuelva la problemática de seguridad y también promueva el desarrollo de la región sur-sureste”.

A la pregunta sobre la primera vez que se planteó el proyecto en una reunión institucional, la respuesta fue que el 2 de junio de 2013, durante una reunión del Gabinete de Peña Nieto, en Tapachula. Se cita también otra reunión celebrada el 31 de marzo de 2014, y presidida por el “Gabinete Especializado México con responsabilidad global, en la que se acordó conformar un grupo de trabajo de la Frontera Sur, coordinado por la Cancillería para elaborar el Plan Integral de Desarrollo Fronterizo del Sur”.

Un antecedente adicional proporcionado por la Marina es una reunión de noviembre de 2013, donde en conjunción con Guatemala se planeó la modernización de los 8 cruces fronterizos entre ambas naciones.

Sobre la prospección del Programa, mencionó que el objetivo de modernizar los cruces internacionales y las líneas de control interno sobre los principales nodos carreteros de los estados fronterizos de Chiapas y Tabasco, “cuyo propósito será impedir el tráfico de personas, armas, drogas y contrabando, así como brindar atención a los migrantes y erradicar la corrupción”.

Chiapas y Guatemala, la nueva frontera sur

La colaboración en seguridad entre México y Estados Unidos no es nueva. Con ayuda de Estados Unidos en 2001 Vicente Fox implementó el Plan Sur, que blindó el camino a migrantes con retenes militares; después siguió Felipe Calderón que firmó la Iniciativa Mérida que donó recursos para incrementar la seguridad al sur de México y ahora Enrique Peña Nieto con el Programa Frontera Sur.

Paralelamente, en 2001, Guatemala le siguió los pasos y aplicó su versión de la estrategia, llamada Venceremos 2001. El resultado: la reducción en 30 por ciento de cruces, según la versión oficial, que orilló a los migrantes a rutas más riesgosas. Entonces Felipe de Jesús Preciado, que era comisionado del Instituto Nacional de Migración en México, dijo: “sé muy bien que nuestros esfuerzos serán de gran beneficio para Estados Unidos”.

El presupuesto destinado al programa concebido en 2007 para dar ayuda militar a México ha aumentado: en 2011 el Departamento de Defensa estadounidense inició un programa de asignación de recursos para proveer a la región fronteriza México-Guatemala-Belice con 50 millones de dólares; en 2014 fueron 112 millones.

Este monto, que incluye fondos adicionales del Departamento de Defensa, se usó para comprar equipo como camionetas con rayos X, de detección de contrabando, kioscos biométricos y bases de datos con información de identificación de rostro, retina y huellas digitales. El dinero también se destinó al INM, la Marina y la Policía Federal para instalar retenes, patrullar las aguas y tener medios de visión nocturna y sensores marítimos.

Todd Miller, periodista que durante 15 años ha seguido las operaciones de la Patrulla Fronteriza, hace referencia a un reporte de la Oficina de Washington en América Latina (WOLA) publicado en junio de 2014, que confirma la existencia del equipo de seguridad recibido de Estados Unidos, y que detalla la presencia ocasional de helicópteros UH-1H Huey y SAC-333 en puntos cercanos a la frontera sur, en Tapachula, Chiapas; Ciudad del Carmen, Campeche; y Chetumal, Quintana Roo. Miller agrega que además hay evidencia de unidades K-9, los perros entrenados para detectar contrabando de narcóticos, patrullando la zona.

Miller detalla que esa infraestructura está acompañada del entrenamiento para agentes de aduanas, migratorios, marinos, policías, y la posibilidad de compartir información de inteligencia en la frontera.

“Lo que estamos viendo en México es parte de una estrategia para expandir el régimen policial fronterizo de Estados Unidos a lugares muy lejanos al país”, asegura Miller, autor del libro “Border Patrol Nation”, sobre aspectos del programa de la Patrulla Fronteriza para el periodo 2015-2016.

“El proyecto señala explícitamente que realizará un ‘enfoque por capas’ en su vigilancia fronteriza, en la cual la división con el territorio mexicano no es la primera ni la última ‘línea de defensa’”, agrega Miller vía telefónica desde Filipinas, en donde realiza una investigación sobre la participación de agencias estadounidenses en la implementación de programas de seguridad regional.

En 2012, Alan Bersin, secretario asistente del Departamento de Seguridad Interna (DHS) para Asuntos Internacionales de Estados Unidos, dijo una de sus célebres frases que hoy se ha vuelto designio: “La frontera entre Guatemala y Chiapas es ahora nuestra nueva frontera sur”.

Un ejemplo de esta expansión de frontera es lo que ocurre en el estado de Chiapas.

Hace una década, durante la gestión de Juan Sabines, se creo una Policía Fronteriza estatal, con el objetivo específico de patrullar la zona y prevenir el crimen en el área de la frontera, que abarca 17 municipios del estado.

Sin embargo el nuevo gobernador Manuel Velasco, quien tomó posesión en 2012, decidió crear una nueva fuerza policiaca de élite, la Policía Fuerza Ciudadana, que ha desempeñado un rol fundamental en el control fronterizo, según reporta la propia WOLA. De los más de 400 nuevos agentes de esta nueva fuerza, cerca de la mitad están desplegados en la franja fronteriza; y siguiendo la tendencia de militarizar la seguridad pública en México, estos agentes también han recibido entrenamiento de el Ejército y la Marina estadounidenses.

Daniel Villafuerte explica que si México logra demostrar a Estados que “está haciendo su trabajo” incrementando el numero de detenciones de migrantes, “le va a ir bien en términos diplomáticos, comerciales y de asistencia”.

Centroamérica tras el anzuelo de los recursos

El Salvador, Guatemala y Honduras también están haciendo su parte. Mientras México se lanzaba el Programa Frontera Sur en 2014, estas tres naciones centroamericanas presentaron en paralelo los lineamientos del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (Plan Prosperidad) derivado de la Iniciativa de Seguridad Regional para Centroamérica (CARSI) EN 2008.

El Plan Prosperidad –que se ha presentado ante Congresistas de Estados Unidos y en la Cumbre de las Américas de Panamá- refleja un plan de desarrollo basado en la inversión de la iniciativa privada internacional, como método para buscar el arraigo de la población potencialmente migrante.

Los mandatarios de los tres países han reconocido que además de la pobreza, la violencia alienta la migración y desalienta el desarrollo económico. Así, sus países están sumidos en un círculo donde la única salida parece ser la migración.

Por ello, en un primer momento los recursos para echar a andar el Plan Prosperidad deben venir de Estados Unidos y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El gobierno de Estados Unidos ofreció 5 mil millones de dólares, en partidas anuales de un millón de dólares- que constituiría el 20 por ciento del costo total del proyecto.

La aparente salida que plantea el Plan Prosperidad para buscar el arraigo de los migrantes -que en estos países alcanza al 9 por ciento del total de su población- no ha estado exento de análisis que advierten que el camino planteado no necesariamente es el correcto.

Por ejemplo en mayo de este año, un estudio de la consejería de proyectos internacionales llamada Project Counselling Service, planteó que aún cuando Estados Unidos aporte el 20 del costo del Plan, las tres naciones no tendrían capacidad financiera para obtener el 80 por ciento restante.

Más aún, establece que el modelo de desarrollo planteado “va a reforzar aún más la explotación de recursos naturales, la expansión de la agroindustria y nuevos megaproyectos turísticos, que son algunas de las causas por las que la población se está viendo desplazada y forzada a la migración”.

Project Counselling Service señala que en ninguno de sus puntos en Plan Prosperidad se consideró la opinión de las y los migrantes, a sus familiares, a organizaciones de la sociedad civil o a la academia .

El investigador Daniel Villafuerte Solís coincide con la consultora que un plan pueda detener la migración, pues cada año los migrantes envían 14 mil millones en remesas que van a dar directo al bolsillo de sus familiares. Es decir, la inversión pensada para el Plan es mínima comparada a las remesas.

A este paso, considera Villafuerte Solís, la migración es imparable.

“Es inviable pensar que la migración se pueda detener, aún con el endurecimiento de las medidas de control en las fronteras, con militarizar a la policía de Honduras, con la mano dura en El Salvador, con la militarización de Guatemala, ni con la agresiva política mexicana”, concluye el economista.

El pretexto de los niños migrantes

En julio de 2014 el embajador Thomas A. Shannon, consejero del Departamento de Estado estadounidense se acercó al Senado a plantear su preocupación por lo que ocurría en las fronteras al sur de su país. Se dijo preocupado por la crisis de los niños migrantes no acompañados y pidió al Senado de su país 300 millones de dólares para atenderla. Shannon argumentó que esta crisis de infantes se podría resolver frenando su cruce a ese país repatriándolos y mejorando la capacidad de México y Guatemala para interceptarlos antes de cruzar a México y encaminarse a Estados Unidos.

Entonces, casi 60 mil niños y niñas migrantes centroamericanas cruzaron la frontera de ese país del norte en un periodo de seis meses, desde finales del 2013 a mediados de 2014.

En su presentación ante el Senado, Shannon celebró el anuncio del Plan Frontera Sur de México y la presencia de Guatemala en ese evento y lo calificó como un paso adelante para mejorar el control de la frontera sur. Por ello pidió a los senadores 86 millones de dólares adicionales a lo que ya se entrega en el Plan Mérida, para apoyar este Programa y combatir el cruce de narcóticos.

Estados Unidos debe ser llamado a cuentas

Unos meses después del inicio del Programa Frontera Sur, una delegación de representantes de organizaciones pro inmigrantes de Estados Unidos viajó a algunas ciudades de Chiapas y Guatemala y visitó los albergues para conversar con los migrantes en ruta y evaluar al situación. A su regreso, decidieron presentar una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigiendo una revisión del programa y las consecuencias de su aplicación.

“Es evidente que la presión y la política está moviendo la frontera de Estados Unidos hacia el sur”, comenta Ángela Sanbrano, presidenta de la mesa directiva del Centro de Recursos Centroamericanos, con sede en Los Ángeles, e integrante del grupo que impulsa esta demanda con el apoyo del Center for Human Rights and Constitutional Law.

Sanbrano señaló que como parte de este proceso se ha solicitado al gobierno estadounidense, a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA), un desglose de los montos asignados y el uso.

“Vamos a pedir que Estados Unidos suspenda la ayuda que envía a México para los programas de seguridad, como la Iniciativa Mérida, el Programa de la Frontera Sur, y otros. Los millones de dólares que están llegando a México y Centroamérica para crear las ‘condiciones de seguridad’ para que los migrantes no crucen, son una invitación a que haya más corrupción y más violación de derechos humanos sin garantizar la seguridad de las personas que migran”.