Unos 50 hombres y mujeres de la tercera edad iniciaron este martes una huelga de hambre para denunciar así la persecución judicial de la cual son víctimas por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del gobierno del estado, por defender sus derechos agrarios ante lo consideran un despojo de tierras que ahora el gobierno federal utilizará para construir la presa hidroeléctrica de Chicoasén II.

El pasado mes de octubre, por demandar pagos justos al despojo de sus tierras,  uno de sus abogados, Arturo Ortega Luna fue detenido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas y llevado al penal de El Ámate en el municipio de Cintalapa, a unos 120 kilómetros de este pequeño poblado.

«Uno de nuestros abogados de los que llevan la parte jurídica por la construcción de la presa hidroeléctrica Chicoasen II fue encarcelado de manera injusta, con delitos inventados por la Comisión Federal de Electricidad y otras personas, también tienen orden de aprehensión el resto de los abogados que tenemos, además de los ejidatarios básicos que defienden sus tierras», dijo Neptalí Hernández Gutiérrez, uno de los campesinos en huelga de hambre,

Señaló que el pasado 28 de octubre a la una de la mañana al abogado Arturo Ortega Luna, le dictaron auto de formal prisión. Con ello, la intención de la CFE es que los campesinos se quedemos desprotegidos y que con eso meterles miedo. «Ese es el modo de como el Gobierno del Estado de Chiapas Manuel Velasco Coello, abusa del poder que tiene contra los ejidatarios de Chicoasén quienes estamos exigiendo nuestro derecho», agregó.

«Los ejidatarios básicos que somos de tercera edad de 60 años en adelante, tomamos un decisión muy difícil, iniciamos una huelga de hambre hasta que liberen a nuestro abogado Arturo y respete nuestros derechos que venimos exigiendo», indicó el campesino.

Los hombres y mujeres ancianos se plantaron en la la casa ejidal de Chicoasen a un costado de la presidencia municipal y señalaron que no levantarán el movimiento hasta que el gobierno no los atienda.

Otro de los afectados, Octavio López Mejía, indicó que las personas que iniciaron la huelga de hambre «están en riesgo de que el gobierno pueda inventarles un delito y los detengan, como lo hizo la vez pasada la procuraduría del estado, ya que los policías municipales, estatales y el ejercito mexicano están patrullando nuestras calles».

Señaló López Mejía que lo único que han hecho es reclamar que la CFE les den pagos justos por sus tierras donde se construye la nueva presa hidroeléctrica Chicoasén II, sin embargo sólo han obtenido ordenes de captura y acoso judicial por parte de la PGJE.

Señalaron como responsable directo de estas acciones judiciales en su contra a Comisión Federal de Electricidad y a Manuel Velasco Coello, quien en campaña se comprometió a defender sus derechos ejidales.

«Él dijo que no iba permitir otra presa hidroeléctrica más que atentara contra los derechos de los campesinos en Chiapas, sin embargo del gobierno del estado, ahora que defendemos nuestros derechos, sólo hemos obtenido mentirás y persecución judicial», dijo Avisaín Solís López, otro de los ejidatarios afectados por la construcción de la nueva hidroeléctrica.