Se convulsiona Chiapas con bloqueos y reclamos sociales

Bloqueo de cafeticultores en Tuzantán. Foto: Cesar Rodríguez

Una jornada de bloqueo de carreteras se han han presentado en Chiapas en los últimos días, derivado de diversas demandas sociales por parte de grupos de campesinos e indígenas en zona rurales y urbanas.

Al cumplirse hoy 24 horas de un bloqueo en la carretera costera de Chiapas, en el tramo Mapastepec-Pijijiapan, pobladores de diversas comunidades exigieron al gobierno de Manuel Velasco Coello que se cumpla con la construcción de caminos, puentes, así como el abasto de personal médico y medicinas en los centros de salud de la región.

Unas 300 personas de las comunidades Doroteo Arango, Altamirano II, Solo Dios, 10 de Abríl, Francisco Sarabia (La Blanca), bloquearon la carretera costera en el kilómetro 179 a la altura del puente de las arenas de la comunidad Valdivia, municipio de Mapastepec.

Los inconformes manifestaron que tomaron esta decisión por el incumplimiento de la minuta firmada el día 30 de mayo, por el Secretario de Infraestructura, Bayardo Robles en la cual se comprometió con la construcción del puente que comunica a las comunidades de Doroteo Arango con el municipio. Mismo que servirá para otras comunidades vecinas.

Demandaron además la conclusión de la carretera que comunica al ejido Ruiz Cortines con la comunidad de Costa Rica y la la conclusión del tramo carretero Mapastepec-Pampa Honda.

Cansados de las promesas de parte del del gobierno del estado, los campesinos dijeron que no tuvieron otra opción que tomar la carretera para exigir un diálogo con el gobierno estatal y el federal para llegar acuerdos que le de solución a sus problemas.

En el bloqueo que ha formado hasta hoy unos 10 kilómetros de automóviles y camiones en ambos sentidos, los hombres, mujeres y niños que participan en este movimiento de inconformidad demandaron además medicinas y medicos para las comunidades de esa región de la Costa de Chiapas.

Pero los bloqueos se han registrado en otras partes del estado de Chiapas, como en Ocosingo donde piden sea auditado el alcalde Octavio Elías Albores Cruz, a pocos días de que concluya su gestión.

De igual forma en Comitán transportistas de pasaje concesionados han paralizado la ciudad exigiendo que se desmantele al red de cientos de mototaxis que les genera competencia desleal. Acusaron de “negligencia” a Fabián Estrada de Coss, secretario de Transportes, por fomentar y tolerar a este tipo de transporte ligero.

En San Cristóbal de Las Casas, grupos de madres y padres de familia, tomaron el Centro de Bachillerato Tecnológico e Industrial Número 92 (CBTIS) en protesta por la falta de maestros en esa institución, por la nula rendición de cuentas de los recursos que aportan, por falta de seguridad en la zona para sus hijos y por las pésimas condiciones de los laboratorios.

Anoche, un grupo de ocho jóvenes llegó para arrojarles piedras y botellas a los inconforme, además de romper cristales de sus vehículos. Uno de los vándalos fue detenido, dijo llamarse Amilcar Rodríguez, quien supuestamente confesó haber cobrado 45 pesos al director de ese plantel. Los padres de familia interpusieron una denuncia penal y pusieron a disposición de la policía al detenido.

También familias indígenas de Ixtapa, bloquearon la autopista San Cristóbal-Chiapa de Corzo, para exigir la entrega de recursos estatales y federales que se han rezagado por parte de la Secretaría de Hacienda del gobierno estatal.

De igual forma han sido constantes los bloqueos por parte de indígenas tsotsiles que han intentado llegar a la capital del estado para exigir al gobierno estatal, vía la Secretaría de Hacienda, que les sean liberado recursos para que sean destinados a las más de 100 comunidades de los Altos de Chiapas.

En las más recientes ocasiones, los indígenas Chamulas han sido interceptados en la autopista Chiapa-San Cristóbal y sólo es han permitido enviar una comisión de diálogo y negociación.

De igual forma, ejidatarios de Nueva Esperanza en el municipio de Tila bloquearon la carretera para demandar seguridad ante el clima de violencia, asaltos y asesinatos que se han registrado en esa región del norte del estado de Chiapas.

A través del Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa dieron a conocer que ante el clima de violencia provocado por sujetos armados pertenecientes al Partido Verde Ecologista de México en el ejido no existen autoridades municipales ni ejidales que asuma su responsabilidad de garantizar seguridad y protección en la zona.

Demandaron a la Procuraduría Agraria de Chiapas para intervenir y buscar el nombramiento de nuevas autoridades ejidales que les sirva de voz ante el gobierno municipal, estatal y federal para que se haga patente su reclamo, sin embargo la dependencia federal los ha ignorado y han pospuesto todas las reuniones para buscar una solución a los problemas.

En la región, esta y otras comunidades han emprendido una lucha para exigir justicia y castigo a los responsables del accionar de grupos armados civiles ligados al PVEM y al alcalde de Tila Limber Gregorio Gutiérrez Gómez por la desaparición forzada, ejecución extrajudicial y tortura del campesino Tony Reynaldo Gutiérrez López.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), denunciaron que alienta a exacerbar el clima de tensión que se vive en el municipio de Tila realizando cortes arbitrarios y negándose a reparar transformadores en comunidades de Jolsibaquil en Tila y Mariscal Subikuski en Tumbalá, y por impulsar una estrategia de cobros a quienes se encuentran en resistencia al pago de altas tarifas de energía eléctrica, llegando al caso de exigir el pago a la iglesia católica de la comunidad Hidalgo Joshil en Tumbalá por un supuesto adeudo de $29, 748 pesos.

El Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa responsabilizó de lo que suceda en la región norte-selva de Chiapas al gobernador Manuel Velasco Coello, “quien protege el accionar de grupos armados ligados al presidente municipal de Tila Limber Gregorio Gutiérrez Gómez y que ha provocado una situación que puede culminar en una masacre de gran magnitud; responsabilizamos a la Procuraduría Agraria (PA) en Chiapas y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por sumarse a la estrategia que busca escalar la tensión y la violencia en el municipio de Tila”.