Segob hace inoperable Programa de Migración para las mujeres

Angélica Jocelyn Soto Espinosa

A un año de su entrada en vigor, el Programa Especial de Migración (PEM) –que se desprende del Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018)– no ha tenido impacto favorable para las mujeres migrantes, además de que no hay claridad en el ejercicio de sus recursos, aseguró el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).

El pasado 30 de abril se cumplieron 12 meses desde que entró en vigor el PEM, única política migratoria con enfoque de género que ha elaborado hasta ahora la Unidad de Política Migratoria (UPM), de la Secretaría de Gobernación (Segob), en conjunto con grupos civiles.

La coordinadora de Políticas Públicas de Imumi, Berenice Valdez Rivera, dijo a Cimacnoticias que a partir del PEM, específicamente en el tema de mujeres migrantes, aparentemente hubo “voluntad (por parte de las dependencias federales) para coordinarse (con las organizaciones ciudadanas)”, pero todavía no hay un impacto concreto para la población migrante a través de acciones afirmativas muy específicas, advirtió la experta.

MÁS DISCURSO QUE PRESUPUESTO

De acuerdo con datos de la organización Sin Fronteras –que también participó en el diseño del PEM–, en 2014 un total de 28 mil 693 mujeres de origen centroamericano fueron presentadas ante el Instituto Nacional de Migración (INM), de las que 8 mil 228 eran niñas.

Durante la creación del PEM en abril de 2014, las organizaciones civiles elaboraron una propuesta de anexo presupuestal para la ejecución del programa en rubros específicos para 2015.

No obstante, tal propuesta quedó pendiente de ser aprobada por el Ejecutivo federal, y por tanto el PEM carece de montos definidos para su ejecución en el ejercicio presupuestal de este año.

Berenice Valdez Rivera abundó que a partir de la publicación del PEM no hubo un cambio a favor de que las mujeres migrantes ejerzan sus derechos, no ha podido permear a los actores locales y las políticas públicas respectivas se han quedado sólo en el diseño.

Como ejemplo, dijo que el Programa Temporal de Regularización Migratoria –que Segob dio a conocer en enero pasado– no instaló módulos para los fines de semana, el cual garantizaría que las mujeres que trabajan de tiempo completo (como es el caso de las empleadas del hogar) puedan regularizarse.

“Estamos a casi la mitad del año y no hay ningún avance; de seguir sólo en el diseño de políticas no va a dar tiempo a la implementación y coordinación del PEM, lo que lo dejará como un documento más de papel”, lamentó la integrante de Imumi.

De acuerdo Valdez Rivera, los obstáculos para la implementación del PEM hasta ahora han sido la nula coordinación entre los tres órdenes de gobierno y que existe una “incongruencia” en los mandatos gubernamentales, ya que persisten “una política migratoria en el papel y otra en la realidad”.

RETROCESOS

Este 2015 en lugar de impactos positivos con el PEM para la población migrante, hubo retrocesos debido a los efectos del Plan Frontera Sur y la falta de otras regulaciones, aseguró Berenice Valdez.

Y es que el Plan Frontera Sur, anunciado en julio de 2014 por el Ejecutivo federal, no está vinculado ni articulado con el PEM, que debiera ser el instrumento rector en todo el país para cualquier política migratoria, y que contiene líneas de acción dirigidas particularmente a las mujeres.

El Plan Frontera Sur –dijo Valdez– dificulta el tránsito de la población migrante, evidencia una desarticulación entre los mismos actores de gobierno, y permite violaciones a Derechos Humanos por parte de las autoridades migratorias.

La integrante de Imumi agregó que prevalecen los obstáculos para que la niñez y la juventud retornada ingresen a la educación básica y superior. Esta población puede ser méxico-americana o mexicana que vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos y regresó a México.

“Por parte de Segob no ha habido un seguimiento al trabajo conjunto con organismos civiles y no existe la capacidad y voluntad política para iniciarlo”, criticó.

Así, Imumi instó a la Segob, a la UPM y a otras instancias de gobierno que implementen en lo local acciones concretas en el acceso a la documentación migratoria de las mujeres y sus familias, el acceso a la educación y la justicia, y eliminar todas las barreras administrativas que afectan el acceso a los derechos de las migrantes.

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