Pide la CIDH al gobierno de México garantizar la seguridad de sacerdote de Simojovel y su consejo parroquial
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno de México emitir medidas cautelares para garantizar la vida y la seguridad del sacerdote Simojovel, Marcelo Pérez Pérez y miembros de su Consejo Parroquial tras las amenazas de muerte, hostigamiento, seguimiento y vigilancia derivado de su denuncia activa de problemas sociales como el alcoholismo, tráfico de drogas y armas en las comunidades donde viven.
El pasado 7 de diciembre de 2014, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) presentó una solicitud de medidas cautelares (MC) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Marcelo Pérez Pérez, por lo que hasta hoy miércoles 18 de marzo ese organismo internacional dio respuesta al solicitar al gobierno mexicano despliegue las medidas en favor de los amenazados.
“Evidenciar públicamente la situación de violencia, en un contexto de impunidad y corrupción en la región de Simojovel, ha afectado intereses económicos y políticos de autoridades municipales, estatales, personas militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pequeños empresarios y de la delincuencia organizada lo que ha traído como consecuencia que actualmente Marcelo Pérez y otras personas defensoras de derechos humanos se encuentren en riesgo a su vida, seguridad e integridad personal”, dijo el Frayba en su solicitud de medidas a la CIDH.
En este contexto, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través de la Secretaria General de Gobierno del Estado de Chiapas, citó a Marcelo Pérez ante dicha instancia para informarle que se le notificó al gobierno de Chiapas de la solicitud de las MC-506-14. Por lo anterior, la CIDH pidió se le informe sobre la implementación de las medidas de protección a favor de los propuestos beneficiarios.
“Ante la ingobernabilidad en Simojovel y municipios aledaños, como Pueblo Nuevo Solistahuacán, como consecuencia de la ineficacia de los tres niveles de gobierno en garantizar el estado de derecho, la asamblea general de los creyentes católicos, compuesta en su mayoría por indígenas tseltales y tsotsiles, el pasado 25 de febrero de 2015 dio a conocer la creación de un Comité de Derechos Humanos para denunciar y visibilizar las múltiples y constantes violaciones a derechos humanos; como es el caso reciente de dos secuestros, uno de ellos perpetrado por la Policía Ministerial del estado de Chiapas, quienes exigían dinero a cambio de la víctima”, señaló el Frayba.
Y que en ese sentido, el pueblo creyente y el Consejo Parroquial determinaron peregrinar a la capital del estado de Chiapas durante cuatro días exigiendo paz, justicia, seguridad, alto a la corrupción y que se atiendan las diversas demandas sociales de los pueblos.
Este caminar de Simojovel a Tuxtla Gutiérrez, del 23 al 24 de marzo suma las exigencias del cese al despojo de los territorios y lo convoca también las parroquias de Bochil, El Bosque, Pueblo Nuevo Solistahuacán y Amatán.
En este tenor, el Centro de Derechos Humanos exigió de manera urgente a los gobiernos federal y estatal atienda las demandas de fondo del pueblo creyente y facilite condiciones para garantizar seguridad para la vida y la integridad personal de Marcelo Pérez e integrantes del Consejo Parroquial de Simojovel; así como de las personas que participan en la peregrinación.
Las denuncias y demandas del Pueblo de Simojovel han tenido respuesta en organismos y redes de Derechos Humanos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de la ONU en México (OACNUDH), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” (Red TDT)3, el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), la Red por la Paz (RedPaz), el acompañamiento Civil de Swefor e intervenciones de Front Line como organismos que velan por el trabajo de las y los Defensores de Derechos Humanos en México.
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