La sistemática y sistémica discriminación e impunidad hacia las mujeres en Chiapas: Frayba

Foto: Moyses Zuniga Santiago.

La impunidad y la discriminación persiste en todos los casos de violencia contra las mujeres en Chiapas, destacó este lunes el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Frayba recordó que con el levantamiento armado zapatista, el 1 de enero de 1994 el gobierno mexicano intensificó su estrategia contrainsurgente con la instrumentación del Plan de Campaña Chiapas 94, que consistió en la militarización y la creación de grupos paramilitares en las zonas indígenas de la entidad.

Todo esto provocó que cientos de mujeres y niñas sufrieran el desplazamiento forzado, apuntó.

También mencionó que de 1994 a 2000, en la zona norte del estado se registraron 37 desapariciones forzadas y 85 ejecuciones extrajudiciales cometidas por el grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia.

Detalló que como ejemplo de impunidad y falta de acceso a la justicia, el caso de Minerva Guadalupe Pérez Torres, desaparecida el 20 de junio de 1995, fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Dos de los responsables de ese crimen, Samuel Sánchez Sánchez y Sabelino Torres Martínez, fueron absueltos debido a que la tipificación del delito fue sólo por privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro.

El 22 de diciembre de 1997, resaltó el Frayba, 45 indígenas tzotziles (más cuatro aún no nacidos) fueron ejecutados por el grupo paramilitar priista del municipio de Chenalhó. De ellos, 18 eran mujeres adultas (cuatro embarazadas de entre cinco a ocho meses) y 16 adolescentes y niñas (de entre ocho meses de edad y 17 años). En ninguno de los casos se ha realizado una investigación que determine la violencia descomunal contra esas mujeres.

Según el Frayba, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dejado en libertad a la mayoría de los paramilitares identificados como responsables.

Y recordó que María Núñez González fue ejecutada el 13 de noviembre de 2006, cuando un grupo de 40 personas de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) del ejido Nueva Palestina, acompañados por 300 policías y otros servidores y funcionarios públicos, ingresaron a la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, En esa ocasión también hubo tres ejecuciones extrajudiciales y cuatro desapariciones forzadas.

A consecuencia de ese evento, ocho mujeres, tres niñas, cinco niños y 20 hombres se desplazaron de manera forzada. Cuatro años después, el 30 de abril de 2010, falleció Petrona Núñez González a consecuencia de la tortura a la que fue sometida tras su secuestro. La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) incriminó a las propias víctimas y familiares.

En este contexto, el Frayba señaló que el gobierno mexicano ha incumplido su responsabilidad de investigar efectiva y adecuadamente las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, debido a que sus funcionarios son parte de estos crímenes de lesa humanidad y han protegido a los responsables.

Subrayó que a varios años de la comisión de estos hechos no hay avances en el esclarecimiento de la verdad, no existe la identificación y sanción de los responsables materiales e intelectuales, ni mucho menos una reparación adecuada a los familiares. Tampoco existe la mínima voluntad para conocer completamente lo que pasó, añadió.

“En estos casos se han violado los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la honra y  la dignidad, a las garantías y protección judicial, a la verdad, además de que se ha violado la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de Belén Do Pará, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”, destacó el Frayba en un documento.

Por todo lo anterior, agregó, queda en evidencia que el Estado mexicano “ha sido incapaz de dar respuesta a las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en Chiapas. Sus instituciones no procuran ni administran justicia. Queda constatado un patrón de impunidad que frente a los casos de violencia contra las mujeres se ha generalizado en todas sus modalidades violatorias a los derechos humanos”.