Exigen organizaciones civiles justicia en el caso de Kimberly

Diferentes organizaciones civiles, que trabajan a favor de los derechos de la infancia, exigieron al gobierno del estado y federal justicia para la niña Kimberly Isabella Albores Ramírez, de un año y 10 meses, quien fue encontrada muerta el pasado 27 de febrero en la estancia infantil “Pasitos de colores”, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Melel Xojobal; la Red por los Derechos de la Infancia y Adolescencia en Chiapas (REDIAS): Save the Children, Chiapas; Desarrollo Educativo Sueniños; Chantiik Taj Tajinkutik; Skolta´el Yu´un Jlumaltic (SYJAC); y las organizaciones integrantes de la Campaña Popular Contra la Violencia hacia las mujeres y el Feminicidio en Chiapas emitieron ayer un pronunciamiento sobre este caso.
Exigieron que se realice una investigación exhaustiva e imparcial sobre los hechos ocurridos y establezcan medidas prontas y expeditas en contra de las personas responsables.
También demandaron que se incorporen las medidas legislativas y jurídicas necesarias para que Sedesol asuma la responsabilidad por la operación y el personal de las guarderías, así como medidas para asegurar su adecuada operación evitar que estos hechos se repitan.
El 27 de febrero del presente año, la niña Kimberly Isabela Albores Ramírez, de 1 año 10 meses, fue encontrada muerta en la estancia infantil “Pasitos de Colores” en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Según se establece en la averiguación previa 44/CAJ16-1/2015, la causa del deceso fue “asfixia mecánica por ahorcamiento”, además de presentar dos lesiones en la cabeza. Se consignó al penal de El Amate a la maestra Citlali Anahí Díaz de la Cruz, como presunta autora material, y a Yuridia Vinicia Sarmiento Sánchez, responsable de la guardería, como cómplice del asesinato de Kimberly.
El día de los hechos, la familia no fue informada de la situación sino hasta que llegó a recoger a su hija en el horario de salida. Pese a la gravedad del caso, nadie de la guardería dio explicación alguna de lo sucedido y ninguna persona fue detenida.
A pesar de que la necropsia practicada por la Dirección General de Servicios Periciales, dictaminó claramente el ahorcamiento como causa del deceso, Ernesto Hernández Ruiz, juez tercero del ramo penal de delitos graves, al reclasificar el delito doloso como homicidio culposo –considerado no grave-, posibilitó que las maestras acusadas del asesinato obtuvieran su libertad, sin pagar fianza, la madrugada del domingo 08 de marzo.
Ignacio Sol Ramos, abogado de la familia de la Kimberly, sostiene que el juez no actuó conforme a derecho, a pesar de que dictó auto de formal prisión el 07 de marzo, resolviendo que la muerte de la niña fue resultado de un accidente.
La familia de Kimberly está apelando la resolución para que el Tribunal Superior de Justicia del Estado tome en cuenta el dictamen del médico legista, y la respuesta está en proceso. Si se sostiene que el delito es considerado no grave se reducen considerablemente las posibilidades de acceder a la justicia y el homicidio de la niña quedará impune consideraron las organizaciones.