Ley Bala chiapaneca fue abrogada, dos meses y medio después de haber sido promulgada #Pifia del 2014

La Comisión Permanente del Congreso del Estado dio entrada el último día de julio a la propuesta del gobernador Manuel Velasco Coello para abrogar el Código de Uso de la Fuerza Legítima de Chiapas, conocida como la Ley Bala chiapaneca o Ley del Garrote, luego de que él mismo la enviara y fuera aprobada por el 15 de mayo y publicado en el Periódico Oficial el pasado 4 de junio.

En la sesión de la Comisión Permanente, las diputadas locales recibieron la solicitud por parte del ejecutivo de abrogar el código que permite el uso de la fuerza a las corporaciones policiacas para disolver cualquier manifestación que consideren un atentado a la seguridad del estado.

Aprobada apenas el pasado 15 de mayo y publicada el 4 de junio, este miércoles la mesa directiva de la comisión permanente que recibió la solicitud, turno la propuesta a la comisión de gobernación y puntos constitucionales del mismo Congreso del Estado.

Para que la derogación quede en firme, la comisión de gobernación debe elaborar su dictamen y turnarlo a sesión del pleno, sea ordinaria o bien una extraordinaria.

El jueves 15 de mayo, con 26 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, fue aprobado en el Congreso del Estado, la iniciativa de Código que Establece el Uso Legítimo de la Fuerza por las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Chiapas, considerado por activistas y legisladores de oposición, como “un retroceso más en materia de derechos humanos” en la entidad.

La citada iniciativa aprobada  “regulaba” supuestamente el uso de la fuerza pública ante movimientos, disturbios y protestas sociales, así como el uso de armas a los cuerpos policiacos estatales, lo que puso en estado de alerta a activistas y organismos no gubernamentales, aunque las voces para frenarlos fueron aisladas.

En su momento, el abogado y defensor de derechos humanos, Miguel Ángel de los Santos Cruz, cuestionó la iniciativa de Código que Establece el Uso Legítimo de la Fuerza por las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Chiapas, pues dijo que constituye un retroceso más en materia de derechos humanos. Se suma a otras decisiones políticas que han implicado desandar lo avanzado en la materia, como fue la cancelación de los apoyos económicos que se brindaban a los adultos mayores, y como fue la integración de la Comisión de Derechos Humanos.

Ahora, dijo de los Santos Cruz, además de no contar con un organismo eficaz y confiable para la defensa de nuestros derechos se pretende dotar a las policías de facultades legales para atropellar nuestros derechos al amparo del Código sobre el uso “legítimo” de la fuerza.

En realidad, mencionó, la iniciativa de código pretende legalizar los atropellos que ya cometen las policías y aumentar las posibilidades legales en que pueden vulnerar nuestros derechos en el contexto de las manifestaciones públicas.

El organismo internacional promotor y defensor de la libertad de expresión, Artículo 19, había interpuesto ya un recurso de impugnación ante el Poder Judicial Federal al considerar que la citada “Ley Bala” chiapaneca, era inconstitucional-.