En 2014, se incrementaron los feminicidios en Chiapas, y más grave aún, la impunidad

Al menos tres mujeres fueron asesinadas de forma violenta en Chiapas un fin de semana de abril de 2014, una de ellas indígena y dos más centroamericanas, a la par que una veintena de organizaciones civiles, exigieron a la Procuraduría General de Justicia del del Estado (PGJE) y al Poder Judicial del Estado (PJE) alto a la impunidad y la negligencia en el aparato de justicia que permite la recurrencia de los feminicidios en la entidad.

En Mapastepec, un municipio de la Costa de Chiapas fue encontrada muerta, semidesnuda y con el cuerpo parcialmente calcinado, la joven hondureña de 19 años de edad, Claudia Saraí  Anariva Rodríguez, quien fue identificada por su hermana Sandra Patricia Anariva Rodríguez de 34 años de edad.

El hallazgo se registró el domingo por la mañana en un camino rural entre los ejidos Abraham González y Francisco Sarabia, municipio de Mapastepec. Los datos que dio la hermana sobre con quienes había salido la víctima el sábado por la noche, fue la pista para que la policía estatal dieron con los tres presuntos asesinos.

Albert García Mendoza de 40 años, José Alberto Sánchez Torres de 25 años y Jesús Alvarado Martínez de 27 años. La policía indaga la causa por las cuales estas personas privaron de la vida a la joven mujer centroamericana de forma violenta.

El juez rural del ejido Francisco Sarabia, dio aviso al agente del Ministerio Público, quienes arribaron junto con policías ministeriales,  elementos  de la Policía Estatal Preventiva  y el mando único, quienes iniciaron las investigaciones. El cuerpo de la joven mujer solo vestía su ropa interior.

La segunda mujer asesinada de forma violenta fue encontrada la tarde del domingo a la orilla  del río Texcuyuapan, en la ciudad fronteriza de Tapachula. La ministerio público, Eunice Hernández, encabezó el levantamiento del cadáver para ser trasladada al Servicio Médico Forense (Semefo). Vestía pantalón de mezclilla negro, blusa rosada, una chancla negra en el pie izquierdo.

Hasta ahora permanece en calidad de desconocida, pero se cree que podría ser una mujer de origen centroamericano.

La tercer mujer asesinada este fin de semana en Chiapas es Magdalena “N”, una joven mujer indígena de la etnia tseltal de 17 años, encontrada muerte el sábado pasado en la comunidad Bayulumaxe, municipio de Chilón, al norte del estado.

La policía detuvo a su presunto asesino de nombre Alfredo Navarro Silvano, de quien se dijo la asesino luego de que pretendió abusar sexualmente de ella.

Este lunes por la mañana, activistas de una veintena de organizaciones civiles que conforman la “Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas”, ofrecieron una conferencia de prensa para denunciar el incremento de los feminicidios en la entidad, pero lo más grave dijeron la corrupción y la impunidad en el aparato de justicia local.

“Las organizaciones y personas solidarias que desde el pasado mes de marzo nos declaramos en alerta permanente, denunciamos el cinismo con que los operadores del sistema de justicia penal en Chiapas se están conduciendo ante los asesinatos de mujeres”, dijeron mujeres del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), Brigada Feminista por la Autonomía; Casa Ceresa; Casa de la Mujer de Palenque; Casa Gandhi; Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVIF); Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

En el documento leído por activistas también del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba; Centro de Investigación y Acción para la Mujer Latinoamericana (CIAM); COLEM Grupo de Mujeres de San Cristóbal; Centro Cultural Edelo; El Paliacate Espacio Cultural y Formación y Capacitación (FOCA) se dice que “la falta de debida diligencia en las investigaciones, la denegación de justicia, la ausencia de perspectiva de género en los procedimientos y procesos, así como la falta de reparación adecuada, evidencian, una vez más, la responsabilidad y complicidad del Estado cuando estos crímenes de odio quedan impunes”.

Denunciaron que el pasado 19 de febrero de 2014, Juan Carlos Alfaro Cruz, Juez Segundo Penal de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla, Chiapa y Cintalapa, dictó Auto de Libertad por falta de elementos para procesar a favor de Romeo Poumian Flores presunto responsable del delito de Feminicido cometido en agravio de la joven Citlali de Lourdes Molina Aguilar, asesinada brutalmente el 29 de junio de 2013 en su domicilio.

Señalaron también que el pasado 01 de abril de 2014, Elmar Darinel Díaz Solórzano (ex diputado federal del PRI y candidato a la diputación local en el 2010) perpetrador del feminicidio de Tatiana Trujilo Rodríguez, el 19 de abril de 2010, fue excarcelado después de que Mariano Domínguez Hernández, Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, le dictara Sentencia Absolutoria, tras un proceso plagado de anomalías.

Indicaron que estos hechos junto con los feminicidios suscitados en los últimos cuatro meses “confirman que en Chiapas la violencia y discriminación hacia las mujeres es aceptable”, incumpliéndose con lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González vs México (Caso Algodonero):

“Es decir, el Estado está obligado a combatir la impunidad en los asesinados de mujeres por todos los medios disponibles, ya que lo contrario propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos, además de constituir una fuente de sufrimiento y angustia adicional para los familiares de las víctimas, quienes tienen el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido”, dijeron las activistas.

Demandaron a las autoridades locales  se realicen todas las actuaciones necesarias para garantizar que los asesinatos de mujeres no queden impunes, que los procedimientos y procesos relacionados con los feminicidios sean desahogados con responsabilidad, eficiencia, prontitud e imparcialidad.

Que se sancione a los Fiscales del Ministerio Público, Jueces y demás involucrados en este tipo de casos que actúen con negligencia y parcialidad, por cuanto su accionar contribuye a generar impunidad para las mujeres.

Que se le revoque la libertad de Elmar Darinel Díaz Solórzano y se le procese como responsable del asesinato de Tatiana Trujillo Rodríguez, y en su momento se le dicte sentencia condenatoria imponiéndole la pena máxima.

Pidieron también que se realice una investigación eficiente, pronta e imparcial que permita localizar, juzgar y sancionar al feminicida de Citlali de Lourdes Molina Aguilar. Y que el gobierno local asuma su responsabilidad ante el incesante número de feminicidos en el Estado.

Aunque en Chiapas la ley penal local sanciona el feminicidio con cárcel de hasta por 60 años, como bien ha presumido la PGJE, hasta la fecha ningún feminicida en Chiapas ha sido sentenciado a esa pena máxima.