Cinco años de impunidad ante asesinato de Mariano Abarca

Habitantes de la Sierra Madre de Chiapas en foro contra el modelo extractivo minero. Foto: Mariana Morales

• Lanzan petición para que ciudadanos se sumen a la demanda para exigir justicia para el líder opositor a la extracción minera

El año pasado tres organizaciones extranjeras -dedicadas principalmente a atender necesidades por riesgos mineros- exigieron que la empresa canadiense Blackfire saliera de Chicomuselo, Chiapas, ante el asesinato de Mariano Abarca, uno de los opositores a esa actividad extractiva. Su lucha fue defender “la madre tierra”, cuentan los habitantes de la Sierra Madre de Chiapas.

Tras la muerte de Abarca en el 2009, inmediatamente el ex gobernador Sabines a través de su secretaria de Medio Ambiente, en turno, Lourdes López Moreno hoy diputada federal, clausuró la empresa por trabajar bajo la ilegalidad. Después de cuatro años de que la transnacional extrajo barita de suelo chiapaneco, el gobierno del estado se pronunció contra la minería.

Pero Blackfire nunca salió de Chiapas, al contrario, en ese mismo año la empresa preparaba un par de extracciones en la Costa de Chiapas, cuya solicitud de permisos fue del conocimiento de las dependencias federales ambientales, el estado y los Ayuntamientos de la región.

De acuerdo a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) cuando se tramitan uno de los permisos se informa al estado a través de la Secretaria de Medio Ambiente y a los ayuntamientos quienes autorizan el uso de suelo.

Finalmente en el 2011 Blackfire obtuvo una concesión minera en el predio Angelina y Arena Negra, ambas pertenecientes al municipio de Pijijiapan. Por 50 años la empresa podría extraer titanio bajo los títulos 237602 y 236283 respectivamente, de acuerdo a datos obtenidos vía transparencia.

La extracción podría iniciar sólo si la comunidad lo permite. Ese, es uno de los 28 permisos que se necesitan. En caso de que suceda, y si por alguna razón el estado interfiere con clausura –como parte de su competencia, tal como sucedió en el caso de Blackfire en Chicomuselo- la empresa podría demandar al estado mexicano a través del Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)bajo e argumento de que se impide inversión.

Nula justicia, exigen investigación

Con documentos obtenidos vía transparencia y del Departamento Canadiense de Asuntos Extranjeros y Comercio Internacional (DFAIT), las organizaciones, United Steelworkers, Mining Watch Canada y Fronteras comunes, integraron el informe: Minería Canadiense en México; Blackfire Exploration y la Embajada de Canadá – Un Caso de Corrupción y Homicidio. En el documento detallaron la corrupción que la empresa minera realizó en Chiapas junto a la embajada de Canadá y el presidente municipal de ese entonces, Julio César Velázquez Calderón, lo cual dio como resultado el asesinato del opositor minero.

El 27 de noviembre de 2014 se cumple el 5 aniversario de la muerte de Mariano Abarca Roblero, quien es recordado en la Sierra Madre de Chiapas con respeto por la defensa de la tierra.

Organizaciones demandan a la oficina del Fiscal de Canadá se pronuncie cuanto antes sobre el caso. A México y particularmente Chiapas exigen una respuesta de procuración de justicia de quienes tuvieron que ver con el asesinato del opositor minero

Recaban firmas a través de la página: A 5 años del asesinato de Mariano Abarca por su resistencia contra la minera Blackfire, demandamos justicia