Demandan a Chiapas acciones concretas contra muerte materna

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El Comité Promotor por una Maternidad Segura y Voluntaria de Chiapas (CPMSVCH) exigió al gobierno chiapaneco mejoras hospitalarias y capacitación continua para el personal de salud en el manejo teórico y práctico de emergencias obstétricas, y en materia de Derechos Humanos (DH), para garantizar el derecho a la salud de la población, en particular de mujeres indígenas que presentan un embarazo.

En un pronunciamiento, el CPMSVCH demandó al gobierno chiapaneco, encabezado por Manuel Velasco Coello –además de reparar el daño a Susana Hernández Gómez, mujer de origen tzotzil que como consecuencia de negligencia médica y violencia obstétrica murió en octubre de 2013– garantice las medidas de no repetición de los hechos y evitar así más muertes maternas (MM).

Cabe recordar que el 4 de octubre de 2013, Susana, originaria del paraje Cruztón, en el municipio chiapaneco de San Juan Chamula, fue al Hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas para atender su parto, pero el personal médico la discriminó por ser indígena y confinó a su familia a esperar afuera del nosocomio por información.

El 6 de octubre de ese año, sin acta de defunción y sin más detalles de lo ocurrido, el cuerpo de Susana fue devuelto a su familia. La hija de Susana fue entregada sin recibir los cuidados de recién nacida, por lo que enfermó ese mismo día.

Ante los hechos, la familia y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) emprendieron una batalla legal. El pasado 7 de agosto el gobernador Velasco Coello aceptó la recomendación 19/2014 emitida –sin dar información a la familia o a los representantes legales– por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En ese contexto, las doctoras Graciela Freyermuth Enciso y Raffaela Schiavon, así como los doctores Marcos Arana Cedeño y Héctor Javier Sánchez Pérez (como representantes del CPMSVCH), se unieron al reclamo de la familia de recibir una reparación que “mitigue el irreparable daño sufrido”, pero sobretodo exigen a los tres niveles de gobierno tomar las medidas que sean necesarias para evitar que este tipo de casos se repitan.

Para el CPMSVCH es lamentable que la MM de Susana “no ha generado desde octubre del año pasado y hasta el momento ninguna respuesta significativa de las autoridades de salud locales, estatales, ni federales”.

Recuerda que esas medidas son conocidas como “garantías de no repetición” (estipuladas en la Ley General de Víctimas), y que éstas son fundamentales para que el Estado cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la salud de todas las personas.

El CPMSVCH elaboró una serie de recomendaciones que deben ser adoptadas por el gobierno estatal y las autoridades federales. Algunas de ellas coinciden con las emitidas por la CNDH, pero el Comité señala que la resolución del organismo no hace mención al trato discriminatorio del que fueron víctimas Susana y su familia.

Como primera medida se debe asegurar –dice el Comité– que el Instituto de Salud de Chiapas asegure que todo el personal médico y paramédico que trabaja en la atención al embarazo, parto y puerperio aplique la normativa de la Secretaría de Salud.

Además se debe asegurar que todo el personal reciba capacitación continua para el manejo teórico y práctico de las emergencias obstétricas, y se establezca un programa de capacitación en DH y adecuación intercultural.

Entre otras medidas, destaca la necesidad de coordinar la elaboración y puesta en vigor de una guía técnica para la atención del embarazo, parto y puerperio respetuosa de los DH en contextos interculturales, a con el fin de eliminar la discriminación y el maltrato, misma que debe elaborarse con la participación del Comité.

De manera específica, el Hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas (donde perdió la vida Susana) debe fortalecerse con recursos financieros, materiales y humanos calificados, (incluyendo a parteras profesionales y a gestores interculturales) con el fin de mejorar la capacidad de atención en primer nivel.

Asimismo se debe dotar al hospital de salas de terapia intensiva y de choque, con personal, insumos y equipos adecuados para lograr la atención las 24 horas los siete días de la semana, así como que en fines de semana y días festivos la planilla esté completa.